No existe claridad en la jurisprudencia colombiana en torno a la gravedad del vicio, o al menos se ha venido abriendo paso una nueva interpretación que permite encontrar dos líneas diferentes.
Condicionar la facultad de delimitar el riesgo asegurado con expedientes genéricos como el de la abusividad distorsiona la base técnico-financiera de este producto.
No parecieran existir argumentos que impidieran revisar una decisión de un órgano límite como la Corte Internacional, así su jurisdicción provenga de un tratado internacional.
Salvo que el juez decrete un dictamen pericial de oficio, ya no se podrá solicitar en la demanda o en su contestación que se realice una experticia en el curso del proceso.
La falta de cooperación contractual, es decir, el egoísmo a ultranza en los negocios jurídicos, puede comprometer la obligación de indemnizar al cocontratante perjudicado.
El derecho nacional de la responsabilidad civil no puede hacer caso omiso de las dificultades que ha debido enfrentar por su obstinación al abordar el problema del daño corporal.
Hay clara intención del Legislador de extender el alcance de la tributación, en ciertas circunstancias, a ciudadanos colombianos aun cuando hayan dejado de ser residentes fiscales en el país.
Esta situación, que curiosamente no deja de ser extraña para algunas mentalidades retardatarias, ya fue aceptada por el Tribunal Supremo Federal de Alemania.
La Ley 1437 consolida el Derecho Administrativo Sancionador como una disciplina sujeta a reglas y principios propios, emancipándose de la influencia del Derecho Penal.
La tendencia a la recesión encuentra sustento en los complejos procesos de adopción de medidas de política económica tanto en la Unión Europea, como en EE UU.
Vale la pena repensar varios elementos estructurales de nuestra concepción de la responsabilidad civil, en aras de poder responder mejor a este tipo de desafíos jurídicos.
Uno de los aspectos de la Ley 1480 del 2011 (nuevo estatuto de protección al consumidor) que ha generado ampolla es la regulación de las cláusulas abusivas.
En virtud de esta regla, los administradores son autónomos en la toma de sus determinaciones, siempre que sus decisiones sean debidamente fundamentadas.
La Corte Suprema adoptó otro criterio que resulta coherente y eficaz, al interpretar sistemáticamente el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, con los artículos 51 y 146.
El preacuerdo es una competencia clave en el desenlace de la conflictividad social y debe ser producto de la transparencia, la buena fe, la cooperación y la claridad en los objetivos.
La no aplicación de la Ley 1480 del 2011 frente a sistemas jurídicos en los que las normas de consumo sean más insípidas o retardatarias será un gran problema.
Colombia debe demostrar que la conducta de sus agentes vulneró normas internas constitucionales, que en derecho y en justicia hacen inaplicable la decisión del tribunal internacional.
Ya son varias las normas que se incluyeron a última hora al CGP, y lo peor, tal parece que quienes lo hicieron no conocían la integridad del código y terminaron desajustándolo.
Aunque la Corte hizo una ilustrativa explicación de las diferentes tesis, no remató con una conclusión lo suficientemente clara sobre los lineamientos que la deben orientar.
El eje central de cualquier restructuración no puede ser otro que la unificación de la función de policía judicial en cabeza directa del Fiscal General.
En general, es un buen proyecto, al que le falta poco para ser virtuoso. Hay aspectos jurídicos polémicos y la duda, como de costumbre, es si la DIAN aplicará en la práctica lo que ha plasmado en el texto.
No le falta razón a la Corte Suprema cuando señala que el sistema jurídico internacional es el mejor llamado a regular las situaciones que conlleva la contratación internacional.
Resulta necesario tener en cuenta que de acuerdo con el proyecto de reforma aduanera, el pago de la importación de bienes de capital puede realizarse en cuotas semestrales y hasta por un término máximo de cinco años.
Ojalá la Corte Constitucional, a través de la petrificación del precedente, no acabe con teorías como la de la progresividad e impida el aumento gradual de indemnizaciones cuando se amerite.
A pesar de la diferencia en los modelos impositivos, tanto la propuesta europea como los impuestos adoptados en América Latina comparten una serie de ventajas y desventajas.
Sea cual fuere la forma de proceder, las partes deben evitar a toda costa dejar el método de designación exclusivamente condicionado al acuerdo ulterior de las partes.
Los intereses de Colombia deben estar por encima de los intereses comerciales de una entidad de certificación abierta. Pensemos en el país y no en una empresa del país.
La aerolínea debe indemnizar las demoras y el valor del transporte que deba realizar el pasajero en caso de retraso en la entrega del equipaje. jurídico.
Las llaves de la democracia están en poder de la Corte Constitucional, en la media en que esta, así sea con el ánimo loable de proteger a las minorías, acabó con la iniciativa popular.
Esta “renovada” versión dista de ser una novedad reglamentaria, pues constituye el “copy-paste” de la versión que por serios defectos jurídico-técnicos se archivó en el 2009.
De un Estado social de derecho, se pasó a un Estado penal de no derecho; el proceso se convirtió en una herramienta al servicio de la política de seguridad.
La idea según la cual la fuerza mayor exonera totalmente de responsabilidad al transportador por la no iniciación oportuna del vuelo es un mito jurídico.
La sentencia de la Corte Constitucional no debe interpretarse en el sentido de que todas las personas cuyos hogares fueron rematados bajo el UPAC tienen derecho a que se les entregue una casa nueva.
Las constituciones ya no son documentos autónomos e independientes, producto de decisiones soberanas y supremas, sino que hacen parte de una nueva cadena de poderes globalizados.
Aunque la reforma al artículo 29 del código procesal pueda ser defendida, no puede desconocerse que se trata de una modificación que disminuye los controles que justifican la participación en una misma decisión de varios jueces.
Enfermedades transitorias, muchas veces menores en cuanto a complejidad y desafortunadamente en veces inexistentes, sirven de sustento para obtener la estabilidad laboral reforzada que ofrecen los jueces de tutela.
El principio de excepción tributaria de los TLC tiene importantes excepciones que no pueden dejar de considerarse en la medida en que impliquen limitaciones a la soberanía tributaria del Estado.
Idealizar al funcionario judicial al punto de, como dice la sentencia, imposibilitar su adherencia a cualquier credo es negar una circunstancia inherente a la condición humana.
Se requieren mayores esfuerzos en la comprensión de la relación entre los tratados y la salud pública y quitarle ropajes ideológicos que no conducen a nada positivo.
El árbitro único resulta, en principio, en términos económicos y de tiempo, más ventajoso. Sin embargo, no se puede negar que el tribunal de varios miembros favorece un mejor análisis y discusión de las diferentes cuestiones litigiosas.
La International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals ha decidido adelantar, por primera vez, su encuentro regional en nuestro país.
Es un imposible práctico, por vía del test de proporcionalidad, permear la voluntad y el juicio del juez en un tópico que seguirá siendo eminentemente subjetivo.
Estamos ante una institución insólita que jamás ha consagrado nuestra Carta Política. Sorprende que el órgano encargado de su guarda la desconozca y lesione la separación de poderes y el Estado de Derecho.
Estamos ante una institución insólita que jamás ha consagrado nuestra Carta Política. Sorprende que el órgano encargado de su guarda la desconozca y lesione la separación de poderes y el Estado de Derecho.
Estamos ante una institución insólita que jamás ha consagrado nuestra Carta Política. Sorprende que el órgano encargado de su guarda la desconozca y lesione la separación de poderes y el Estado de Derecho.
Que la Corte decida si la reforma es constitucional o no, pero no tratando de salvar su ideología o el establecimiento, sino el Estado de derecho, pase lo que pase.
Los tratados de libre comercio hacen urgente elevar a la máxima prioridad el fortalecimiento de la infraestructura de calidad, canalizando mayor inversión pública y privada y mejorando la implementación de políticas públicas.
Hasta el 1º de octubre del 2012, cualquier demanda que se presente para iniciar un proceso declarativo deberá acreditar la conciliación como requisito de procedibilidad
¿Es posible que una norma que supuestamente es el régimen general de protección al consumidor en Colombia no se aplique en muchos sectores de la economía?
Deben alertar los recientes pronunciamientos sobre la activación automática de sanciones disciplinarias, con prescindencia de análisis subjetivos de conducta.
La prohibición para que un árbitro o un secretario actúen en más de cinco tribunales en los que intervengan entidades públicas o particulares que ejerzan funciones públicas tendrá inmediata aplicación en cuanto entre a regir la ley.
Exageraciones como las que parecen avizorarse en la jurisprudencia pueden conducir a nuevas formas de autoritarismo y a la exacerbación de la utilización del Derecho Penal como única alternativa de respuesta a fenómenos de violencia.
El GATS constituye el esfuerzo internacional más relevante en materia de liberalización comercial relativa a la prestación de servicios transfronterizos.
La idea de que el proceso pueda terminarse a instancias de las partes sigue estando perfectamente vigente, con lo que esta legislación queda en letra muerta.
Tendría poco sentido que, aun frente al engaño o la falsedad más protuberante o grosera, se le permitiera al medio de comunicación exonerarse de responsabilidad.
A pesar de lo imperiosa que parecía ser la modificación al régimen vigente, algunos se han ensañado en exacerbar sus defectos y subestimar sus bondades.
Las instituciones europeas cuentan con las herramientas para conjurar la crisis, pero los desacuerdos entre los países miembros están aumentando su probabilidad de ocurrencia.
Al no condicionar la interpretación ‘pro consumatore’ a la ambigüedad o a la falta de claridad, se dio una patente de corso para desconocer el principio de normatividad.
¿La representación indígena en las consultas, usualmente contraria a la instalación de infraestructura de vías, telecomunicaciones, energía o la explotación con alta tecnología de la tierra y el subsuelo, refleja las reales aspiraciones de la poblaci
Esta novedosa legislación recoge todo el desarrollo jurisprudencial desde la consagración del derecho de hábeas data así como las mejores prácticas internacionales.
La nueva ley de vivienda, en lo que respecta a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, pronostica un salto positivo en subsidios y contribuciones.
La Ley introduce ajustes conceptuales y operativos, planteando retos que será preciso avocar para garantizar el mejor desenvolvimiento de la protección por riesgos del trabajo.
La minería ilegal, llamada benévolamente “tradicional”, es una actividad depredadora del medio ambiente que debe prohibirse en vez de fomentarse, como lo ha hecho la equivocada política pública de legalizaciones.
Los debates sobre si el Derecho es un negocio o una profesión oscurecen el mensaje de que los abogados también deben ser buenos hombres de negocios, si quieren ser buenos abogados.
La literalidad, la voluntad del constituyente primario, no admite interpretación: el carácter de la jurisprudencia como criterio auxiliar y no como fuente formal del Derecho.
El gran reto del Gobierno es la adecuada articulación de la legislación interna con los convenios internacionales, facilitar el comercio de servicios y la defensa de la competitividad fiscal.
El reto es enorme para la nueva Fiscalía y para el mismo Congreso de la República, ya que las alarmas están prendidas y la situación del aparato de justicia es preocupante.
Las autoridades locales no cuentan con instrumentos efectivos para solucionar conflictos extraterritoriales que suceden en la red y sobre cuyos responsables no son competentes para juzgar.
Por lo señalado en el plan de desarrollo, el problema es que las rentas que se generan se quedan en manos privadas y no son distribuidas entre públicas y privadas.
Existe una posibilidad alternativa: imputar responsabilidad jurídica al Estado en calidad de garante de la reparación de los daños antijurídicos en la sociedad.
A partir de la Sentencia C-076 del 2012, la vigencia y oponibilidad de las normas nacionales ya no se rige por la ciega guadaña del tiempo de su inserción efectiva en el Diario Oficial.
La cátedra sobre contratos queda totalmente atravesada por el Estatuto del Consumidor, ya que este contiene normas que modifican lo establecido para los contratos en los códigos Civil y de Comercio.
El contenido de la publicidad anunciada por el productor o expendedor tiene que ser claro, suficiente y acorde con la realidad, so pena de hacerse responsable, frente al consumidor, por los perjuicios que cause.
La concentración de funciones en un mismo órgano y la concesión de facultades jurisdiccionales al fiscal configuran episodios de rancia estirpe inquisitiva.
El fuero de los magistrados solo aplica para las responsabilidades personales; en cuanto a responsabilidades patrimoniales deben responder ante otros jueces y ante la Contraloría.
Nuestra Fiscalía no ha dimensionado el inmenso poder de realizar preacuerdos, ni el determinante efecto simbólico que tiene frente a los usuarios de la administración de justicia.
El texto aprobado no es la “Ley Lleras”. En esta oportunidad, no se entró a regular los eventos o eximentes de responsabilidad de los ISP por las infracciones de sus suscriptores.
El texto aprobado no es la “Ley Lleras”. En esta oportunidad, no se entró a regular los eventos o eximentes de responsabilidad de los ISP por las infracciones de sus suscriptores.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
El gran reto del Gobierno es la adecuada articulación de la legislación interna con los convenios internacionales, facilitar el comercio de servicios y la defensa de la competitividad fiscal.
No se tipifica conducta alguna que signifique detrimento patrimonial ni perjuicio fiscal por el nombramiento de personal en régimen de transición o de antigüedad.
La efectividad de los derechos dependerá de la labor que realicen las autoridades, la postura ética y el compromiso social de las empresas y el rol del consumidor, siendo más cuidadoso y diligente a la hora de comprar.
Las ‘profecías auto-realizadas’, concepto introducido por el sociólogo Robert Merton, muestran situaciones falsas o sin fundamento que inducen comportamientos sociales que las tornan en verdaderas.
Con la “popularización” del arbitraje, nuevos retos han aparecido. Llama la atención aquél que afecta la conducción del procedimiento arbitral y que lo está haciendo cada vez más costoso y lento.
La cátedra sobre contratos queda totalmente atravesada por el Estatuto del Consumidor, ya que este contiene normas que modifican lo establecido para los contratos en los códigos Civil y de Comercio.
Los sellos de garantía son una herramienta clave para el desarrollo de la industria en tres frentes: beneficios para los productores, para los consumidores y para la economía nacional.
No es proporcional cancelar el registro de una sociedad que, cumpliendo sus obligaciones, cometió por una sola vez un error formal de tipo tributario o cambiario.
El nuevo proceso de elección debe surtirse de la manera más célere posible, bajo estándares de transparencia, imparcialidad, probidad y consciencia del momento crucial que vive el país.
La Corte Constitucional dejó sin piso las aspiraciones de quienes pretendían que los incentivos se perpetuaran por la puerta de atrás, invocando tres argumentos sólidos y convincentes.
Corea es uno de los principales actores económicos del noreste asiático. Tiene un mercado de 50 millones de consumidores, con un ingreso per cápita de 24.000 millones de dólares.
Ante la decisión inhibitoria de la Corte, se difiere a cada contribuyente, y en definitiva al Consejo de Estado, la aplicación de las normas del impuesto de renta para el periodo 2011.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
“... es evidente que la tecnología está cambiando las actitudes y las habilidades de los estudiantes; el problema pedagógico surge de la contraposición entre los nativos y los migrantes en internet”.
Las decisiones del Consejo de Estado han ocasionado un enorme gasto pensional, que puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema y viola el principio constitucional de estabilidad fiscal.
Se puede proponer una clasificación diferente del neoconstitucionalismo. De un lado, el democrático y del otro, el decisionista, desconfiado de la división de poderes.
Si el Ministerio Público y la Fiscalía son, en el derecho comparado, la misma entidad, la intervención simultánea de las dos instituciones en el proceso penal es insostenible.
Esta tesis jurisprudencial, que puede significar el abandono de la responsabilidad objetiva en los daños causados por vehículos oficiales, debería ser materia de una cuidadosa reflexión.
Del deber del funcionario judicial de proteger inmediatamente los derechos fundamentales, no se puede deducir que la tardanza en la solicitud inhibe la protección.
A partir de la Ley 1430, el representante del consorcio o la unión temporal es el responsable de presentar las declaraciones tributarias correspondientes.
La crisis mundial ocasionó una drástica caída de la producción industrial del país, mientras que en otros sectores se registró una desaceleración moderada.
El propio TLC constituye el consentimiento que cada Estado presta, de manera anticipada, para que, en caso de controversia, el inversionista protegido pueda acudir al arbitraje.
Mediante resolución de septiembre 13 de 1997, la Corte IDH dispuso que en el sistema interamericano existe el recurso extraordinario de revisión para el estudio de sus sentencias.
“En lo corrido de este año la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha evacuado el mismo volumen de sentencias que las proferidas en los cinco años anteriores”.
Las leyes que, en el afán de descongestionar, aumentan el riesgo de corrupción resultan tan censurables como las híbridas categorías de juez-litigante o juez-notario, en vía de experimentación.
Recientemente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la noción y los efectos del orden público internacional.
Al Congreso le corresponderá determinar el adecuado balance entre la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales y su posibilidad de ejecutar importantes proyectos de infraestructura.
Con el movimiento de indignados de Wall Street, ha quedado en evidencia la necesidad de un orden económico mundial que evite la quiebra de los Estados y las recesiones económicas por especulaciones financieras.
La objeción de conciencia es una herramienta democrática en un Estado de derecho, por lo que otorgarle expresiones que no respondan a su naturaleza la convierten en una peligrosa arma de fanatismo religioso y político.
Si bien en la teoría constitucional nadie duda sobre la importancia de la separación Iglesia - Estado, la actuación de algunos funcionarios vuelve a abrir la discusión de qué agravio causa la intromisión de la religión en lo público.
Lo que erosiona la capacidad de un Estado social de derecho no es el criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución o la ley de regla fiscal, sino un nivel elevado y creciente de deuda pública.
Para desvirtuar la presunción de privacidad que puede amparar al correo institucional, es necesario que el empleado tenga el conocimiento previo e informado de tal hecho.
Para desvirtuar la presunción de privacidad que puede amparar al correo institucional, es necesario que el empleado tenga el conocimiento previo e informado de tal hecho.
Algunos consideran que la aplicación de las IFRS en materia fiscal podría afectar el principio de legalidad en materia tributaria. Este punto, seguramente, también hará parte del debate que se avecina.
El tratamiento de datos personales implica su recolección, almacenamiento, uso, circulación y eliminación. Quien realice estas actividades se ve obligado a cumplir ciertas obligaciones.
Surge la necesidad de explicar por qué están creciendo las importaciones industriales. Se proponen, a manera de hipótesis, algunas líneas de análisis para abordar el tema.
Una vez más, nuestro país demostró que tiene insignes especialistas en la materia y que cree en el arbitraje como instrumento idóneo para el fomento del comercio.
En su leída columna Reflexiones, el doctor Jorge Orlando Melo trae algunos comentarios que, por el influjo que tendrán seguramente en el notariado, creemos deben ser analizados y debatidos.
No es correcto darle la espalda con vergüenza a la universidad. No nos queda más camino que iniciar un debate interno que conduzca a la recuperación de su pleno prestigio.
Las concentraciones económicas en el sector aeronáutico que cumplan con los requisitos para activar el control previo deben ser analizadas y autorizadas por la SIC.
El proyecto de reforma a la justicia es pobre e incurre en errores conceptuales y técnicos. La reacción de la Corte Suprema y el Consejo de Estado es desproporcionada
Pretender que los jueces fallen en un año los asuntos de primera instancia sin que se les garanticen los recursos para que la oralidad funcione es casi que empujar la justicia al despeñadero.
A diferencia de lo que sucede en Europa, Latinoamérica carece de un tratado internacional que regule el derecho a la protección de datos personales y que precise su núcleo esencial.
Aunque se trata de un mismo anteproyecto, su lectura nos hace descubrir dos facetas distintas en sus secciones dedicadas al arbitraje nacional y al internacional.
Una de las principales conquistas de la modernidad es la separación entre el poder público y otro tipo de poderes que, como el de la Iglesia, responden a intereses particulares.