Hacia una mejor infraestructura nacional de la calidad

José Miguel De La Calle Superintendente de Industria y Comercio

El llamado Subsistema Nacional de la Calidad es un componente esencial para la competitividad del país y el fortalecimiento de su aparato productivo, tanto como lo es el desarrollo de la infraestructura vial o tecnológica.

Dicho subsistema hace parte del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad, creado por el Decreto 2828 del 2006, y tiene como finalidad generar un marco de coordinación entre el sector público y el sector privado en torno al cumplimiento de normas, políticas o procedimientos que buscan asegurar la calidad de los productos y permitir su trazabilidad hasta los mercados de destino.

El subsistema está compuesto por seis actividades principales: la expedición de reglamentos técnicos, la normalización, la acreditación, la designación, la evaluación de la conformidad y la metrología. Entre los organismos que desempeñan la función evaluadora de la conformidad se destacan los laboratorios de pruebas y ensayos, los laboratorios de calibración, los organismos de certificación y los organismos de inspección. En el centro de todo el subsistema están el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dictando la política y coordinando a los actores del sistema, y la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) ejerciendo las tareas de control.

Desde el año 2006, el Estado colombiano ha venido trabajando en la estructuración y puesta en funcionamiento del subsistema, y para ello expidió el Conpes 3446 que marcó los derroteros de la política pública en materia de aseguramiento de la calidad y puso de presente la necesidad del reconocimiento internacional de todo el sistema, como requisito previo para que cualquier bien o servicio producido en el país sea aceptado en otras economías, sin tener que ser sometido a re-evaluaciones o re-certificaciones en los países de destino. Se señalaban en aquella época como debilidades principales la desarticulación y el desconocimiento de las entidades del Estado en la forma en que se debían elaborar, consultar y notificar los reglamentos técnicos, la falta del reconocimiento internacional del Organismo Nacional de Acreditación –que para aquella época era la SIC–, la falta de una autoridad única nacional que estructurara la trazabilidad metrológica del país, que permitiera la credibilidad de nuestras mediciones en el exterior, y la insuficiencia de laboratorios de pruebas y ensayos que soportaran los procesos de evaluación de la conformidad.

En este sexenio hemos avanzado de forma importante con la creación de los actores que hacían falta para alcanzar una adecuada infraestructura nacional de la calidad, como fueron el Organismo Nacional de Acreditación Colombiano (ONAC), y el Instituto Nacional de Metrología (INM). A ello se suma la puesta en funcionamiento de la Comisión Intersectorial de la Calidad, en donde tienen asiento los actores públicos y privados en igualdad de condiciones. Por su parte, la SIC adecuó su estructura a los nuevos retos, con la creación de la Delegatura de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. Recientemente dimos otro paso muy importante con la expedición de las leyes 1512 y 1514 ambas del 2012, que aprueban nuestra adhesión a los tratados de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) y al Bureau Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), respectivamente. La Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-621 del 9 de agosto pasado, declaró exequible la Ley 1512.

Pero todavía nos falta un largo camino por recorrer, que inicia con el reconocimiento internacional de todos los actores del sistema, en especial del ONAC, para que logre su ingreso a la IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) y consecuentemente al IAF (International Accreditation Forum), que son los acuerdos internacionales que permiten que los certificados que expida un organismo de certificación colombiano sean aceptados en cualquier otro país firmante del acuerdo. A esto se suma la necesidad de actualizar las normas vigentes (en lo cual estamos trabajando), ponerse al día en la expedición de nuevos reglamentos técnicos y en el fortalecimiento de la SIC y las alcaldías para que puedan contar con equipos técnicos y con más personal para ejercer la función de metrología legal y las demás funciones supervisoras.

Ahora que se avisora la entrada en vigencia de una buena cantidad de tratados de libre comercio que abren nuevos mercados para nuestros productos resulta no menos que urgente elevar a la máxima prioridad el fortalecimiento de la infraestructura de calidad, canalizando mayor inversión pública y privada y mejorando la implementación de políticas públicas.

Toda inversión en calidad es rentable y doblemente positiva: ganan las empresas colombianas y sus productos, que se hacen más eficientes y competitivos; y ganan los consumidores, que pueden acceder a más y mejores productos y servicios.