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Populismo punitivo

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Whanda Fernández León

 

Whanda Fernández León

Profesora asociada Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia

 

 

 

 

“Dura es la verdad, pero es la verdad”

David García Bacca. Filósofo español

 

Definido como la doctrina política que se proclama defensora de los intereses y aspiraciones del pueblo, el populismo punitivo ha penetrado con fuerza arrolladora en los espacios de la justicia y so pretexto de sosegar los efectos de la inseguridad ciudadana y de la poca confianza en la efectividad del aparato judicial, ha logrado expandir el derecho penal, desquiciar el sistema de juzgamiento, socavar el espíritu garantista de las normas y acomodarlo a interpretaciones arbitrarias y restrictivas, ostensibles en la actuación de un amplio sector de fiscales y en las desconcertantes providencias de algunos jueces y magistrados.

 

Para el experto dominicano Eduardo Jorge Prats, populismo penal “es la estrategia desplegada por actores políticos y funcionarios del sistema penal, encaminada, aparentemente, a remediar los problemas que se derivan del crimen y la inseguridad”, pero que en el fondo implica una alianza demagógica para crear en la conciencia ciudadana la necesidad de aplicar medidas extremas de “mano dura” y “tolerancia cero” contra los infractores, aun en delitos de menor impacto, a sabiendas de que son respuestas eufemísticas, viscerales, basadas en sondeos no confiables, que lejos de disminuir la tasa delincuencial, la incrementan de manera incontrolable .

 

El impacto mediático del delito que conmociona al ciudadano es aprovechado en este contexto, para aparentar que se da respuesta a las justas reclamaciones de la sociedad, asediada por múltiples violencias. Es cuando aparecen los redentores, los vengadores de la justicia, vestidos de toga en los complejos judiciales escudriñando la verdad verdadera o, en los escenarios parlamentarios, enarbolando otro proyecto retrógrado de urgente aprobación. “Primero, hace falta infundir alarma social entre los ciudadanos, meterles miedo y después, ya vendrán los diferentes actores a aportar soluciones represivas, que serán inmediatamente aceptadas por una población asustada de antemano. Se trata de tocar las fibras más sensibles de la población para producir un consenso social y aplicar las más represivas políticas en materias penal, judicial, penitenciaria y administrativa”, advierte el profesor español Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

 

El populismo penal promueve, desde el Gobierno y el Parlamento –obviamente sin previos estudios de política criminal, pero con gran incidencia en el nivel político-electoral–, la expedición de leyes impróvidas, incongruentes, irracionales, para aumentar penas, crear delitos, reducir beneficios, privatizar la justicia y de contera, desestructurar el modelo procesal, soslayar derechos, menoscabar garantías y vulnerar el debido proceso acusatorio.

 

Algunos medios masivos de comunicación se convierten en protagonistas de la problemática criminal y en defensa de la sociedad en riesgo, difunden desde las entrañas de las salas de audiencia los más escandalosos novelones judiciales, mientras otros exacerban el terror nocturno llevando al público la vida vergonzosa y la trayectoria criminal de genocidas, homicidas, secuestradores, violadores y bandidos de la peor laya.

 

Populismo penal es el terrorismo judicial que amenaza al defensor que se opone a los desafueros; que intimida al fiscal que archiva o impetra preclusiones; que procesa disciplinaria y/o penalmente al juez constitucional que cumple a cabalidad su sagrada misión. Populismo es derecho penal del enemigo y al enemigo hay que inocuizarlo a cualquier precio.

 

El desbordado número de presos, la cárcel como megadepósito de seres humanos, el hacinamiento, la violencia intra-carcelaria, son la mejor prueba del endurecimiento exagerado del sistema penal, que permite que magistrados, jueces y fiscales no sean sancionados cuando privan ilegalmente de la libertad, acusan o condenan sin pruebas suficientes, pero sí cuando disponen libertades, revocan detenciones, conceden domiciliarias o absuelven.

 

El populismo penal impone, además, el uso de lenguajes bélicos: “guerra al delito”, “combate a la criminalidad”, “neutralización del delincuente”, división entre buenos y malos, por lo que todo se resuelve enjaulando a los “malos” y asegurándolos con cadenas perpetuas.

 

De un Estado social de derecho, se pasó a un Estado penal de no derecho; el proceso se convirtió en una herramienta al servicio de la política de seguridad; se criminalizó la vida; se politizó la justicia; el control del crimen se volvió tema de campaña y se pretende disuadir al infractor, sin preocupación alguna por generar soluciones sociales efectivas, no excluyentes, ni discriminatorias, que reduzcan la desigualdad. El hambre, el desempleo, la enfermedad, la falta de vivienda digna, la carencia de educación gratuita, también cuentan.

 

Como bien lo anota Massimo Pavarinni: “dar mayor poder a la policía, expedir leyes que incrementen las penas, invertir algunos recursos en vigilancia a través de circuitos cerrados de televisión, instalar cierta cantidad adicional de lámparas en la vía pública y alguna que otra cosa por el estilo, no significa tener una cultura de gobierno de la seguridad”.

 

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