Nueva reforma a la Fiscalía

Las páginas oficiales de la Fiscalía registran la propuesta que se llevará al Parlamento para aprobar facultades al Gobierno, necesarias para que este expida decretos con fuerza de ley para reformar la estructura de la Fiscalía General de la Nación. En esencia, se apunta a la reestructuración de algunas dependencias, la creación de un centro de atención de víctimas y de un observatorio del delito, el concurso de méritos para acceder, la capacitación a través de un establecimiento público que ofrezca programas curriculares no ofrecidos en el mercado, entre otras materias.

Con esta ya son cerca de ocho las reformas que se han realizado en los últimos 20 años y que lamentablemente no han producido los frutos esperados y sí por el contrario, han generado un enorme lastre burocrático administrativo que atenta contra su  función principal, relacionada con la investigación de los delitos y la acusación de sus responsables. Adelgazar la burocracia administrativa para destinar ese recurso humano a la actividad de investigación y acusación es urgente propósito que debe emprenderse.

Una reforma de la estructura de la Fiscalía debe considerar también otros aspectos esenciales. Si la eficiencia del sistema penal oral acusatorio descansa en la efectividad del aparato de búsqueda de pruebas en manos de los investigadores judiciales que trabajan bajo la coordinación del fiscal asignado al caso, el eje central de cualquier restructuración no puede ser otro que la unificación de la función de policía judicial en cabeza directa del Fiscal General, de manera que todos los investigadores pertenezcan orgánicamente a la Fiscalía y no queden bajo la dependencia del director de la Policía o de cualquier otro órgano. La independencia de la investigación judicial de la función de policía civil es una necesidad urgente.

La división tripartita en las ciudades, de un Director Seccional de Fiscalías, otro del CTI y uno más administrativo y financiero, resultó importante en los inicios del ente acusador, pero hoy se muestra innecesaria, por lo que todas las funciones deben radicar en un director de fiscalías como gerente del proceso, modificación que reduciría el número de funcionarios de la alta dirección y permitiría canalizar recursos a otros mejores propósitos.

Por otra parte, el despacho del Fiscal General concentra toda la estructura administrativa de la Fiscalía, en cuanto a él quedaron asignadas todas las oficinas de gestión, sin ningún tipo de desconcentración, por ejemplo en el Vicefiscal o el Director Nacional de Fiscalías, que le facilite el trabajo y le permita dedicar más tiempo al diseño de la política anticriminal del Estado, tarea esta muy relevante e inaplazable en el actual sistema.

Es necesario insistir en el fortalecimiento del aparato de investigación criminal del Estado y de ello la reforma parece ocuparse con detalle. Pero si bien se pueden modernizar las estructuras administrativas, poco se logrará sin la urgentísima nivelación salarial del recurso humano de funcionarios de investigación, de peritos y técnicos. Son las personas que menos ganan, no obstante la importante labor que desempeñan. Igualmente se requiere el mejoramiento y la democratización de los procesos de capacitación; la modernización de los laboratorios, algunos de los cuales acusan un atraso de 20 años; la internacionalización de la formación de los peritos  y el redireccionamiento de la escuela de investigación criminal y criminalística de la fiscalía, que hace 20 años era modelo para América Latina.

La entidad gasta diariamente 4.300 millones de pesos, lo que significa un presupuesto anual de casi 1,5 billones, que se invierte mayormente en gastos de funcionamiento para soportar la nómina de algo más de 40.000 funcionarios, y muy poco en infraestructura e inversión. Ello sin considerar que el DAS trasladó a la Fiscalía los recursos de los que disponía para pagar a sus investigadores, la policía judicial de la Policía Nacional paga los propios y el Instituto de Medicina Legal tiene autonomía presupuestal. Justamente, gerenciar apropiadamente esos recursos para lograr más inversión en infraestructura es misión inaplazable, así como lo es que la entidad vuelva a hacer parte del Consejo Nacional de Política Fiscal.

Ahora que se inicia la discusión de estas nuevas facultades al Gobierno, esperamos que el Parlamento se ocupe de manera seria sobre estos asuntos y logremos por fin una estructura que le permita a la Fiscalía alcanzar mejores resultados en términos de satisfacción de la ciudadanía frente a la demanda de justicia en la persecución del delito y de sus responsables.

Francisco José Sintura Varela

Exvicefiscal General de la Nación y exasesor Jurídico de la Presidencia de la República

*Texto resumido