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TLC para todos: la necesidad de socializar la implementación del tratado con EE UU

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Édgar Iván Ramírez Angel

Abogado y profesor de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás

edgar.ra53@gmail.com

 

Partiendo del hecho reconocido por los economistas de que Colombia tiene un muy bajo nivel de exportaciones per capita, la entrada en vigor del tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y EE UU debe ser aprovechada por los gobiernos nacional y territoriales y los gremios empresariales y laborales del país para desatar una auténtica “fiebre exportadora”.

 

Esta anhelada entrada en vigor debería servir de plataforma para “poner de moda” en todos los estratos de la población la cultura de la exportación. El TLC debe ser apropiado por todos los colombianos y no solo por algunos sectores particulares y algunas agencias del Estado. Los acuerdos comerciales no solo transforman y deben transformar la economía de los países, sino también introducir nuevos y benéficos valores culturales.

 

En un marco tal, la socialización gubernamental de los nuevos esquemas normativos e institucionales que apareja el TLC debe responder a un comprensivo plan, con metas subsectorizadas que apunten a la consolidación de los mejores resultados económicos globales para la nación.

 

El TLC representa para Colombia una oportunidad de oro para reestructurar y relocalizar su aparato productivo de forma planificada, como lo aconseja el nuevo estructuralismo económico postulado por el Banco Mundial para los países en desarrollo.

 

Valga acotar que la visible inadecuación de las vías de comunicación con que cuenta el país debe superarse con la reubicación industrial en las zonas portuarias de ambos océanos, más que con el desarrollo de macroproyectos viales que, aunque necesarios, tardarán décadas en materializarse y resultan demasiado costosos.

 

Volviendo al tema, el Consenso de Washington nos sirvió para lograr los TLC hasta ahora suscritos y los que están por venir, y el Consenso de Chile nos debe servir para potencializar nuestra economía de mercado con los instrumentos del Estado social de derecho.

 

Acciones sectorizadas

La entrada en vigor del TLC no solo debe ser jurídica; debe ser, por sobre todo, una calurosa y dinámica entrada en vigor productiva y cultural.

 

Para ello, resulta necesario que el Gobierno emprenda una masiva y entusiasta campaña divulgativa sobre las transformaciones ya realizadas y en curso a la arquitectura institucional de las agencias estatales más relacionadas con la atención e impulso a los desarrollos del TLC, para que usuarios y población en general entiendan claramente cuál es el rol de cada una de ellas y cómo servirse de las mismas para mover las operaciones bilaterales de comercio exterior.

 

El TLC debe ser socializado a escalas cada vez más amplias y profundas entre los habitantes. No debe tratarse solamente de que los actores tradicionales comprendan los cambios. Se trata de elevar la cultura política y económica de los ciudadanos y su conocimiento del Estado que les sirve.

 

Los colombianos deben conocer, en la forma más comprensiva posible, a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural; a Bancoldex, Proexport, las superintendencias, el Instituto Nacional de Metrología, el ICA, el Invima y la DIAN, entre otros organismos y entidades estatales. Para ello, hay que “abrirlos efectivamente al público”, lo cual redundará inexorablemente en su continua mejoría en pro del propósito nacional y colectivo, que debe ser la conversión de Colombia en el país exportador de bienes industriales, semiindustriales y agrícolas más importante de Suramérica hacia las dos costas de EE UU. 

 

En materia de importaciones, el Gobierno debe divulgar ampliamente los cronogramas de liberación arancelaria y las modificaciones de los mecanismos operativos, tales como nuevas supresiones de licencias previas de importación, la asignación de contingentes arancelarios agropecuarios sin aranceles bajo la metodología del “primer llegado, primer servido”, el sistema de subastas abiertas y públicas con certificados de asignación de cuotas, y salvaguardias agrícolas, textiles y bilaterales. Y desde luego, las modificaciones al Estatuto Aduanero, o mejor, el nuevo estatuto, en preparación desde hace un tiempo.

 

Y deben también socializarse adecuadamente las modificaciones a la regulación del acceso al mercado de servicios financieros contenidas en la Ley 1328 del 2009, a la prestación de servicios postales de la Ley 1369 y al régimen de tecnologías de la información y las comunicaciones contenidas en la Ley 1341, ambas del 2009. Y las disposiciones sobre tratamiento favorable para las mipymes en la contratación pública y la reorganización de las compras públicas establecidas por la Ley 1450 del 2011 y el reciente Decreto 734 del 2012, respectivamente.

 

También deben explicarse las consecuencias del régimen de protección de la propiedad intelectual, de la adhesión al Tratado sobre Derecho de Marcas, al Tratado de Budapest sobre depósito internacional de microrganismos, al Protocolo de Madrid y a los convenios de Bruselas y de protección de las obtenciones de variedades vegetales - UPOV 91, aprobadas por el Congreso mediante las leyes 1343 del 2009, 1445 y 1455 del 2011 y 1518, 1519 y 1520 del 2012, respectivamente.

 

E igualmente, el alcance de las medidas en frontera contenidas en el Decreto 729 del 2012; la extensión de la protección de los datos de prueba de productos agroquímicos a 10 años, contenida en el Decreto 727 del 2012, modificatorio del Decreto 502 del 2003, y el establecimiento de la pertinente coordinación institucional (linkage) entre los registros sanitario y de patentes del Decreto 733 del 2012.

 

Debe igualmente realizarse un esfuerzo adicional de socialización y explicación sobre el alcance de la llamada “Ley Lleras” (L. 1520/12), respecto de las sanciones por fabricación y comercialización de dispositivos de elusión o neutralización de medidas tecnológicas, falsificación de información sobre gestión de derechos de autor y transmisión televisiva de contenidos no autorizados por los titulares de los mismos, entre otras materias.

 

Y por último, deberán explicarse suficientemente las modificaciones que se introduzcan a la amplia figura de la agencia comercial que tiene la legislación colombiana, para acompasarla con las restricciones que, por razones de protección de la libre competencia, tiene en el régimen mercantil de EE UU.

 

Inteligencia de mercados

Colombia ha entendido la importancia de la denominada inteligencia de mercados para el cabal aprovechamiento de las oportunidades del mundo globalizado. Así lo demuestra la previsión legal que impone al Ministerio de Comercio la función de establecer un sistema de información comercial internacional para apoyar las exportaciones (D. 210/03).

 

No obstante, la plena vigencia del TLC con EE UU implica una completa organización de estos servicios en nuestro país. El hecho de que la implementación del TLC no solo deba ser entendida como un catálogo de transformaciones nacidas de su texto, sino también de su contexto, significa otra serie de obligaciones para el Gobierno, como la de cualificar, dentro del plan de transformación y reubicación productiva mencionado al inicio, la investigación cuidadosa de las reales potencialidades del mercado norteamericano para las exportaciones colombianas, como etapa previa a los desarrollos productivos que el acuerdo debe jalonar.

 

El actual Programa de Transformación Productiva (PTP), que desde el gobierno del presidente Uribe adelanta el país, es una base sobre la cual debe diseñarse y construirse “la inteligencia de mercados de clase mundial” que requiere Colombia para aprovechar al máximo el TLC con EE UU.

Quizás modelos como la JETRO de Japón puedan servirnos para desarrollar o cualificar una agencia estatal dedicada exclusivamente a “vender a Colombia” ante los consumidores norteamericanos, posibilitando al sector privado su dedicación fundamental a la producción de los bienes y servicios “de clase mundial”, y asignando al Estado, a través de una alianza público-privada, la labor comercial de la conquista de mercados en Norteamérica, que el tratado posibilita.

 

 


 

 

 

Nuevo paradigma para la cultura exportadora colombiana

 

El 21 de noviembre del 2005, el periódico El Tiempo publicó, en su página 1-13, una columna del consultor en temas gerenciales Enrique Morales, titulada Se buscan señores más que gerentes. En ella, el columnista se refería a situaciones que se presentan a diario a los estamentos gerenciales de las empresas colombianas y a la forma ética de enfrentarlas.

 

La lectura de dicho artículo me llevó a pensar en el hecho de que todas las escuelas y universidades del país y del exterior enseñan a los administradores y gerentes la necesidad de hacer más competitivos a los países y más productivas a las empresas, como única manera de sobrevivir en el mundo globalizado, pero en ninguna, que yo sepa, a producir más y mejor para enviar a los demás lo mejor de nosotros mismos, es decir, para dar a los mercados la calidad que merecen y que nosotros somos capaces de alcanzar.

 

Un enfoque de la competitividad y de la productividad centrado en el principio de que debe hacerse lo mejor que se pueda, no exclusivamente por temor a ser desplazado del mercado, sino fundamentalmente por la satisfacción de enviar a otros nuestro mejor esfuerzo. Por valorar al máximo al otro, valorándonos al máximo nosotros.

 

¿Sería descabellado entonces que el Gobierno, con ocasión del TLC, socializara en nuestro país un nuevo paradigma para la cultura exportadora colombiana, consistente en el principio central de enviar al exterior lo mejor de nuestra propia identidad como comunidad integrada al mundo?

 

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