El sentido común en la reforma a la justicia

Javier Tamayo Jaramillo Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista tamajillo@hotmail.com

Los que teníamos puestas las esperanzas en las manos limpias y en la inteligencia del profesor Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, creíamos en una verdadera reforma a la justicia. Pero al parecer, la compulsión del Gobierno, sobre todo del Ministro del Interior, por echarse al bolsillo a las altas cortes, va a imposibilitar que el sentido común en el Derecho del doctor Esguerra triunfe. Haciendo de animador, como diría el maestro Miguel Moreno Jaramillo, me permito hacer algunas reflexiones sobre lo que de verdad debe reformarse en la administración de justicia.

• Despolitizar la justicia. Es hecho notorio que la administración de justicia está invadida por las negociaciones políticas de baja estofa. Hay excepciones que cada uno para sí identificará, pero lo cierto es que a la administración de justicia no siempre llegan los mejores. No es un concurso de méritos, sino un pulso de adhesiones negociadas. Toda reforma que se haga será vana, si la política sigue incidiendo en la elección de magistrados, jueces y organismos de control. Actualmente, las cortes y el Fiscal tienen el poder suficiente para arruinar o sostener al mejor o al peor gobierno, y al mejor o peor legislador. La prueba está en que las cortes intervienen porque el Gobierno, desesperado para congraciarse con ellas, las persigue para que hagan una concertación sobre las reformas, cuando son el Ejecutivo y el Legislativo los encargados de hacerlas en representación del pueblo y de sus necesidades. Las cortes no reforman la Carta. La cumplen. Y la Corte Constitucional decide si la reforma es exequible o no.

• Las tutelas contra providencias judiciales. No estoy de acuerdo con la tutela contra providencias judiciales, pero no por un prurito filosófico, sino por los efectos prácticos que de ella se derivan. Soy conciente de que excepcionalmente hay sentencias que ameritan la tutela, pero hallarlas tiene un costo enorme en los derechos de los demás y en la eficiencia de la justicia. En efecto, para hallar esos casos excepcionales, hay que estudiar decenas de miles de procesos anualmente, lo que con la cantidad actual de jueces, triplica el tiempo para que una providencia quede en firme. Con el agravante de que de hecho, en enorme cantidad de casos, el juez de tutela también viola los derechos fundamentales de una de las partes, pues el fallador no resiste la tentación de convertirse en un nuevo juez de instancia. Y la corrupción no pocas veces incide en esas decisiones.

• Por esa congestión de los tribunales, la calidad de la justicia empeora sin cesar. Puede que haya excepciones, pero lo cierto es que las tutelas no se fallan con el mismo cuidado y estudio de los procesos que por naturaleza corresponden a los jueces. Y además, a los jueces les es imposible juzgar con el esmero requerido los asuntos de su competencia. Están ahogados por la enorme cantidad de trabajo. Hércules, el perfecto juez de Dworkin, sería incapaz de fallar con el juicio requerido las tutelas que lleguen a su despacho, más los procesos que normalmente sean de su conocimiento. Pero lo más grave es que los mismos jueces entutelados son los competentes para conocer de las tutelas contra otros jueces, lo que es absurdo. ¿Qué argumento razonable garantiza que un juez de la misma o de inferior categoría fallará correctamente una tutela contra una providencia  judicial? Lo razonable es pensar que el juez que decide una  tutela contra una providencia que ha sido fallada en el mismo sentido por cinco jueces y tribunales tenga un grado superior de sabiduría, y un tiempo mucho más amplio que el que tuvieron los anteriores jueces que conocieron del asunto. En consecuencia, si se decide mantener la tutela contra providencias judiciales, es absolutamente indispensable crear tribunales especializados en el asunto, de forma tal que se garantice una justicia de superior calidad, y que los jueces actuales solo queden con los procesos que por naturaleza les corresponden. Así se mejora la calidad de los fallos de todo tipo, y la justicia será más pronta. No hacerlo así es buscar al ahogado en otro río.

• Por otra parte, considero que el tan manido choque de trenes sólo se acabará cuando la Corte Constitucional rechace la tutela contra los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Argumentar que la reforma contempla la tutela contra fallos de las altas cortes sólo cuando estas violen los derechos fundamentales dejará el problema en el mismo punto, pues cada que la Corte Constitucional quiera revocar uno de esos fallos encontrará argumentos axiológicos para hacerlo. 

• Una reforma necesaria consiste en que  la Corte Constitucional se controle en su excesivo activismo judicial, y que en tal virtud, respete los textos constitucionales y deje de crear otros bajo el argumento de que nuestra Constitución es de valores. Ella es de valores, pero su cambio corresponde al pueblo y no a ella.

• Lo mismo que han hecho los países europeos al poner un límite constitucional al gasto público, en Colombia se le debe imponer a la Corte Constitucional un límite en el otorgamiento de prestaciones económicas por vía de tutela. No es para proteger a los ricos, sino para proteger a los demás pobres que también tienen derecho a los recursos escasos de que dispone el Estado, y que hoy están en la miseria.

• Finalmente, se deben corregir los mecanismos de selección de tutelas en la Corte Constitucional. El principio de igualdad está naufragando con el sistema actual. La corrupción y el amiguismo de diverso tipo son una bofetada para quienes creemos en el Estado de Derecho y en el principio de igualdad.