Desarrollo endógeno bogotano

Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico Mincomercio

En el foro sobre el TLC realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, el alcalde Petro y su secretario de Desarrollo Económico, Jorge Pulecio, anunciaron los fundamentos del plan de desarrollo de la ciudad.

Pulecio lo expresó así: “Dos proposiciones de entrada. En lo económico, como muy bien lo planteó el alcalde Gustavo Petro… el privilegio de las políticas públicas está en la consolidación del mercado interior. Y en segundo lugar, las políticas públicas se van a basar en el modelo de desarrollo endógeno”.

En ninguna parte del plan de desarrollo aparece la expresión “modelo de desarrollo endógeno” y solo se menciona una vez el concepto de “políticas de desarrollo endógeno”. Lo deseable es que no se parezca a las experiencias del vecindario.

Los pocos elementos mencionados en el foro indican que el crecimiento se basará en el mercado interno, para lo cual es necesario incrementar los ingresos de las personas; y como el gasto de las familias bogotanas, caracterizadas por un alto nivel de pobreza, se concentra en transporte, servicios públicos, vivienda y alimentos (son el 77,6 % en el decil 1), pues hay que cambiar los precios relativos para generar un excedente que permita nuevos gastos de las familias.

El Alcalde dio dos puntadas sobre lo que será la política de cambio de los precios relativos en favor de los más pobres. La primera, es el programa que regala seis metros cúbicos mensuales de agua a 617.000 familias; esto, se supone, les libera ingresos para otros consumos, que aumentan la demanda interna e impulsan el crecimiento de las empresas.

Queda el interrogante de cómo financiar ese regalo, pues como dicen los economistas, “no hay almuerzo gratis”. Si lo hacen con cargo al presupuesto del Distrito, no se harán otros bienes públicos (escuelas, hospitales, vías) que podrían generar externalidades positivas superiores a las de regalar agua. Si se hace con los ineficientes subsidios cruzados, las familias que pagan más, reducen otros consumos, y entonces la demanda interna como un todo no aumenta.

El segundo, es el cambio en las reglas de juego que rigen el transporte privado, esto es, modificar los acuerdos contractuales. Se postula que hay unos crecientes costos operacionales que son trasladados a los pasajeros, lo que reduce su ingreso real y por lo tanto la demanda interna.

Por lo señalado en el plan de desarrollo, el problema es que las rentas que se generan se quedan en manos privadas y no son distribuidas entre públicas y privadas. Pero no es muy claro cómo se relacionan esas rentas con los costos operacionales de las empresas.

Si la modificación fuera para impedir que el crecimiento de los costos operacionales se refleje en los precios, las consecuencias pueden ser nefastas: deterioro en el mantenimiento de los vehículos, reducción de los salarios reales de los empleados, despido de trabajadores, etcétera.

Las alternativas esbozadas pero no desarrolladas en el plan aparentemente consisten en subsidiar a los transportadores o a los usuarios con otras fuentes (alquiler de locales, peajes urbanos), que harían aún más complejo y menos transparente el sistema.

Estas “metodologías” de cambiar los precios relativos son muy confusas. El problema es que el plan de desarrollo no avanza mayor cosa al respecto y algunas alternativas como los peajes tienen restricciones legales señaladas por Jaime Castro (“¿Espejismo tributario?”).

Más sorprendente aún es que no hay casi referencias a la industria manufacturera, de la que se espera crecimiento y diversificación con la mayor demanda. Tampoco las hay sobre la informalidad; se menciona marginalmente la laboral (reubicación de vendedores) pero no la empresarial. Si la preocupación central es el desarrollo del mercado interno, es evidente la importancia de esta variable, especialmente en el caso de la informalidad empresarial porque esas empresas no crecen, son de baja productividad y en muchos casos no pagan impuestos ni servicios públicos. Por lo tanto, contar con una estrategia del gobierno municipal para la reducción de ese fenómeno redundaría en incremento del recaudo de los tributos locales y en menores “pérdidas” para las empresas de servicios públicos domiciliarios. Así la Alcaldía contaría con mayores recursos para implementar políticas redistributivas.

Y en el caso de la informalidad laboral, su reducción repercutirá en mayores salarios, estabilidad en los ingresos, acceso a salud en el régimen contributivo “bajando la presión sobre el régimen subsidiado”, ahorro pensional y posibilidades de adquisición de activos fijos como la vivienda mediante acceso al crédito del sector financiero.

En síntesis, son necesarias mayores explicaciones de las autoridades capitalinas respecto al modelo de desarrollo endógeno; precisiones sobre las medidas para cambiar los precios relativos; y propuestas concretas sobre el tratamiento de la informalidad, que no pueden quedar refundidas en el etéreo concepto de “economía popular”. No hacerlo, puede generar incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas de juego de la economía local.