Críticas procesales al sistema penal acusatorio

A propósito de los preocupantes anuncios sobre la crisis del sistema penal acusatorio, incluidas las palabras del nuevo Fiscal General indicando que el sistema debe dejarse madurar para evitar su colapso y que son bien recibidas todas las críticas constructivas para edificarlo y fortalecerlo, el Instituto de Victimología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga se permite presentar unas consideraciones críticas de naturaleza procesal, con el fin de participar en el debate. Veamos:

-       En aras de garantizar el derecho de defensa, la publicidad procesal y el principio de igualdad de armas, debe comunicársele al denunciado o sindicado el inicio de la indagación preliminar, realzando la naturaleza abierta y democrática del proceso penal, en oposición a la reserva absoluta y el secreto de las primeras diligencias investigativas. Recuérdese que la defensa material y técnica del indiciado no tiene límite temporal alguno.

-       La Fiscalía General debe implementar una política de “selección de casos viables”, para evitar la congestión del aparato judicial. También, debe reglamentarse concretamente la figura del “archivo de las diligencias”, a través de causales específicas, incluso para diferenciar esa figura de la propia “preclusión de la investigación”, máxime cuando por vía jurisprudencial se tiene autorizada la preclusión sin imputación previa.

-       La medida de aseguramiento de detención preventiva carcelaria debe ser la excepción y no la regla general como ha venido sucediendo. Para ello es preciso considerar que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad como la caución, la vigilancia electrónica o la prohibición de salir del país deben ser entendidas como medidas alternativas a la detención, pudiendo aplicarse para toda clase de delitos, lo que significa revaluar su procedencia en términos legales.

-       En materia de acuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, la participación de la víctima debe ser decisiva, de suerte que solo podrá ser aprobado el acuerdo o la negociación cuando la víctima exprese su conformidad con esa situación, ajustándonos a los estándares internacionales.

-       La incorporación de las pruebas en el juicio oral necesita una profunda revisión legal, para evitar juicios extensos, interminables y dilatados en el tiempo, pues no se justifica, por ejemplo, hacer lectura de un documento de 50 páginas o más tan solo para acreditar la existencia y el contenido de ese documento.

-       Resulta indispensable revisar legalmente la política de exclusión de beneficios para determinados delitos, toda vez que la experiencia está demostrando que ya los imputados no se allanan a los cargos, prefiriendo someterse a todo el trámite del proceso, pues no existe incentivo alguno frente a la rebaja de la pena.

El reto es enorme para la nueva Fiscalía y para el mismo Congreso de la República, ya que las alarmas están prendidas y la situación del aparato de justicia es preocupante, en cuanto el sistema se precipita al abismo y se anticipa su colapso, tal como hace pocos días lo demostró con datos exactos el último informe de la Corporación Excelencia en la Justicia.   

Instituto de Victimología Universidad Santo Tomás

Bucaramanga