Estos funcionarios participan de manera transversal de la totalidad de las competencias, por lo que deben ser de confianza.

Estados donde prolifera la corrupción han vuelto opaca la gestión pública, permitiendo que recursos esenciales sean desviados sin control alguno.

Lo anterior, en todo caso, no se puede interpretar como patente para ejecutar de manera irrazonable contratos estatales vigentes.

Establecerá cómo las entidades territoriales administrarán, ejecutarán y supervisarán los recursos del nuevo SGP.

Según el Ministerio Público, su petición es para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y brindar garantías de seguridad jurídica a los ciudadanos.

Ninguno de los funcionarios cuestionados estaba inhabilitado, en los términos del artículo 126 de la Constitución.