Aunque la obligación de pago estaba sujeta al desembolso de recursos, ello no exonera al demandado de su obligación.

Con un incremento del 12,2 % en su tasa de éxito, la Agencia consolidó su rol en la protección de los derechos fundamentales y recursos del Estado.

Esta ley previó un beneficio adicional para los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público.

Se presenta luego de fracasar la negociación entre administración y propietario, pero requiere una emergencia imprevista.

La medida busca concluir procesos pendientes de adquisición de tierras para beneficiar a las comunidades afectadas.

Se trata del segundo decreto amparado bajo el estado de conmoción interior en El Catatumbo.

El Consejo de Estado solicitó la nulidad del fallo que amparó transitoriamente el derecho de acceder a cargos públicos.

El principio de veracidad impone adelantar gestiones que permitan inferir que lo publicado puede corresponder a la realidad.

La decisión de remplazo se da en cumplimiento de tutela de la Sección Cuarta que dejó sin efecto el fallo inicial.

El magistrado de la Sección Tercera, Alberto Montaña Plata, fue elegido por la Sala Plena como vicepresidente.