La providencia explicó que los derechos de los menores de edad deben estar protegidos por la familia, la sociedad y el Estado, para garantizar su desarrollo armónico e intelectual.

Varias acciones de tutela con peticiones extrañas y fuera de lo común mantienen el debate sobre la verdadera función de esta acción.

Cuando en una sentencia se omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria.

Tales requerimientos, para no trasgredir el orden constitucional, deben guardar relación con la labor a desempeñar y haber sido previamente publicitados en la convocatoria.

La Superintendencia de Notariado y Registro hace precisiones sobre el rol que le corresponde desempeñar al notario dentro de una actuación o un trámite notarial.

El ICBF recordó que en todas las actuaciones donde se encuentren involucrados niños y adolescentes se debe tomar siempre en consideración, en primer lugar, el interés superior que los cobija.

Así lo indicó la Corte Suprema, aclarando que en sede judicial se puede reconocer el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la desvinculación.

Las inhabilidades aplicarán para aspirar a cargos relacionados con menores de edad, se creará un registro nacional de inhabilitados por delitos sexuales.

La Sala Penal explicó en qué evento el procesado se acoge a alguna de estas dos posibilidades y no recibe en la sentencia condenatoria ningún beneficio punitivo.

Se da un año de plazo al Ministerio de Salud para reglamentar las disposiciones establecidas en la nueva Ley 1917 del 2018.

El fallo precisó que los servicios de salud no pueden suspenderse por razones distintas a las médicas, hasta que se haya logrado la recuperación o el tratamiento logre el efecto para el cual se prescribió.

Así lo indicó la alta corporación al estudiar el caso de una mujer a quien expulsaron de la isla de San Andrés, pese a haber conformado una familia en el archipiélago.