Se explica la expropiación, entendida como la extinción al derecho de dominio de un particular sobre un bien por motivos de interés público y social; y se desarrolla el proceso monitorio, la posibilidad que tiene el acreedor de mínima cuantía para requerir a su deudor el pago.

Aunque aún existe un largo camino por recorrer, es posible afirmar que el balance sobre el funcionamiento de este tribunal ha sido exitoso.

La corporación advirtió que los jueces deben procurar desentrañar de los medios probatorios los elementos del contrato, cuando se tenga la seguridad sobre la prestación del servicio.

En un caso estudiado por la Corte Constitucional, Medimás no quería expedir las autorizaciones requeridas y la imposición de varias trabas administrativas, a pesar de que la cirugía fue solicitada de manera “urgente”.

Habrá lesión enorme cuando se rebasen los límites mínimos o máximos admisibles dentro del margen establecido por el legislador, para determinar si ella se configuro o no.

Se revisó el papel de la Fiscalía, la Policía Nacional y una comisaría de familia en un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en la capital del Valle del Cauca.

Las costas procesales son las erogaciones económicas en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta en el juicio, explicó la corporación.

El alto tribunal de justicia explicó la excepción para ordenar judicialmente la nulidad de un acta de conciliación, e hizo varias aclaraciones frente al tema.

En reciente fallo, una sala de revisión de la Corte Constitucional hizo una serie de precisiones sobre esta garantía constitucional.

La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que la facultad de imponer sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas se encuentra limitada desde dos perspectivas.

Esta tesis surge del razonamiento según el cual las instituciones administradoras de pensiones disponen de todas las herramientas jurídicas y legales para hacer exigible el traslado efectivo de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

La buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico, enfatizó el alto tribunal administrativo.