La Corte Suprema de Justicia verificó si una decisión de instancia erró al determinar que un trabajador fue despedido con justa causa por acoso sexual o si el demandante simplemente coqueteaba con sus compañeras.

Las precisiones las hizo la Corte Constitucional a través de reciente sentencia de unificación, donde resuelve el incidente de desacato a un fallo de tutela.

El Consejo de Estado dio a conocer la sentencia que ratificó que existe la posibilidad de reparar el daño causado con ocasión de la expedición de leyes que posteriormente son declaradas inconstitucionales.

La carta debe contener las razones o motivos aducidos por el empleador o trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, lo cual no significa que los hechos en ella expuestos hayan ocurrido de esa manera.

La Corte Constitucional recuerda a los jueces la obligación de aplicar el criterio unificado a través de la Sentencia SU-310 del 2017.

La labor del juez en el proceso penal, desde una dimensión constitucional de protección de postulados fundamentales, está orientada por los principios establecidos en la Ley 906 del 2004.

En EE UU, una pareja pidió a un alto tribunal que hiciera efectivo su deseo de sacar a su hijo de la casa, pues ni trabajaba ni ayudaba con las labores del hogar.

La corporación indicó que el Decreto 700 superó el juicio de conexidad estricta y suficiente, al existir un vínculo directo y principal entre esta norma y el Acuerdo de Paz.

La Corte Constitucional recuerda los dos eventos en los que es posible que la tutela pueda entrar a otorgar directamente el amparo pretendido, ya sea de manera transitoria o definitiva.

En materia de homicidios en persona protegida (falsos positivos) existe una nutrida línea jurisprudencial por parte del Consejo de Estado y del alto tribunal constitucional sobre la flexibilización de los estándares probatorios.

Se trata de dos conceptos diferentes, ya que los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 corresponden a una sanción por mora.

La pregunta la resuelve la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, retomando lo dicho en anteriores pronunciamientos y de lo que ocurre a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 del 2005.