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Actualmente, casi cuatro millones de colombianos están en modalidades de trabajo en casa y teletrabajo.

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El programa establece un único aporte que corresponderá al número de empleados multiplicado por $ 220 mil para trabajadores que ganen entre un salario mínimo y $ 1 millón.

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Los predios no residenciales (locales comerciales, hoteles, bares, restaurantes, colegios, universidades y dotacionales, entre otros) tiene un plazo diferente para acogerse al pago por cuotas

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¿Es conveniente y constitucional mantener la prohibición del artículo 215 de la Constitución Política en términos absolutos cuando los indicadores de desempleo y de insolvencia empresarial apuntan hacia alzas inéditas en la historia de Colombia?

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Sigue vigente el ´Pico y Cédula´ y se adelantarán operativos para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

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Una reciente iniciativa introduce algunas interesantes y otras controvertidas modificaciones y adiciones a la Ley 1266 del 2008.

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El deber de obtener el consentimiento para el tratamiento de la información personal es un derecho que debe ser respetado.

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La DIAN realizó una interpretación normativa del procedimiento abreviado del Decreto 535 del 2020, modificado por el Decreto 807.

46279

Los accionantes destacaron que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son violatorias de sus derechos fundamentales a la igualdad, toda vez que sin justificación legítima se limita su derecho a la libertad de locomoción.

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Actualmente, casi cuatro millones de colombianos están en modalidades de trabajo en casa y teletrabajo.

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El programa establece un único aporte que corresponderá al número de empleados multiplicado por $ 220 mil para trabajadores que ganen entre un salario mínimo y $ 1 millón.

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Los predios no residenciales (locales comerciales, hoteles, bares, restaurantes, colegios, universidades y dotacionales, entre otros) tiene un plazo diferente para acogerse al pago por cuotas

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¿Es conveniente y constitucional mantener la prohibición del artículo 215 de la Constitución Política en términos absolutos cuando los indicadores de desempleo y de insolvencia empresarial apuntan hacia alzas inéditas en la historia de Colombia?

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Sigue vigente el ´Pico y Cédula´ y se adelantarán operativos para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

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Una reciente iniciativa introduce algunas interesantes y otras controvertidas modificaciones y adiciones a la Ley 1266 del 2008.

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El deber de obtener el consentimiento para el tratamiento de la información personal es un derecho que debe ser respetado.

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La baja participación femenina es problemática también por sus profundas repercusiones materiales y simbólicas.

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Así lo resaltó, mediante un auto, el Consejo de Estado. Esto quiere decir que cualquier persona puede acudir a ese mecanismo para controvertir la legalidad de esa disposición.

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El Decreto 642 del 2020 desfigura la solidez de la sentencia judicial, para convertirla en un acuerdo “de buena fe”.

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La Corte Constitucional aseguró que esta medida tiene sustento en los principios de celeridad y eficacia que guían el desarrollo de la función administrativa.

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En las regiones que se decrete toque de queda el servicio se entenderá como suspendido y se restablecerá una vez se levante la medida local.

Indicadores económicos

  • Inflación mayo
    -0,32 %
  • Interés moratorio tributario
    18,12 %
  • IBC consumo y ordinario (1° al 30 de junio del 2020)
    18,12 % E. A.
  • IBC microcrédito (Abril- Junio 2020)
    37,05 % E. A.
  • Usura consumo y ordinario (Julio/20)
    27,18 % E. A.
  • Usura microcrédito (Julio- Septiembre 2020)
    51,24 %
  • UVR Julio 3
    $ 275,9910
  • Dólar
    $ 3.660,18
  • Euro
    $ 4.114,95
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Un reciente fallo de esa corporación pone sobre la mesa un tema que estaba en mora de ser abordado.

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La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, enfatizó que las condiciones actuales de salubridad exigen tomar todas las medidas que sean necesarias para que la presencia en las sedes de la Rama Judicial se restrinja al máximo.

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El Decreto 642 del 2020 desfigura la solidez de la sentencia judicial, para convertirla en un acuerdo “de buena fe”.

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Por la amalgama de situaciones, intereses, derechos, actores, posiciones judiciales, entre otros aspectos, la regulación legal de este tema no es pacífica.

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Varios abogados aseguran que si bien los delitos tienen penas similares, su connotación es completamente distinta.

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Así lo resaltó, mediante un auto, el Consejo de Estado. Esto quiere decir que cualquier persona puede acudir a ese mecanismo para controvertir la legalidad de esa disposición.

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La DIAN realizó una interpretación normativa del procedimiento abreviado del Decreto 535 del 2020, modificado por el Decreto 807.

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¿Qué se avecina a partir de julio para los funcionarios judiciales, la comunidad jurídica, los abogados litigantes y para los usuarios de la administración de justicia en general?

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La baja participación femenina es problemática también por sus profundas repercusiones materiales y simbólicas.

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Las cláusulas que se pactan en los contratos de arrendamiento obligan a quienes los suscriben.

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Los accionantes destacaron que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son violatorias de sus derechos fundamentales a la igualdad, toda vez que sin justificación legítima se limita su derecho a la libertad de locomoción.

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Solo cinco mujeres integran las listas de aspirantes inscritos en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

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El sistema de cociente electoral tiene excepción frente a la designación de aquellos miembros cuyo cupo se encuentra reservado para las entidades públicas.

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El marco normativo vigente en Colombia no se ocupa específicamente del M&A sobre empresas concursadas o sus activos.

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No denunciar podría ser considerada una modalidad de una administración infiel de la persona jurídica, que abre la puerta para iniciar acciones penales.

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Existen vacíos y preocupaciones en relación con esta definición, derivados de la legislación tributaria colombiana.

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Si bien la doctrina de la Dian ha procurado hacer precisiones sobre la materia, persisten las dudas.

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Nuevo gerente de Derecho Inmobiliario en PGP

El abogado Andrés Felipe Valencia se vinculó como nuevo gerente de Derecho Inmobiliario de Pinilla González & Prieto Abogados (PGP), firma experta en este campo y en Derecho Urbanístico. Valencia es abogado de la Universidad de Caldas y tiene especializaciones en Derecho Privado, Administrativo y Urbanístico, de la Universidad de Antioquia.

Brigard Urrutia anuncia la designación de dos nuevos socios

Con el fin de fortalecer el equipo Corporativo/M&A, la firma Brigard Urrutia anunció la designación de Fernando Castillo y Tomás Holguín como nuevos socios de la firma. Castillo es especialista en Derecho Contractual y Financiero de la Universidad del Rosario y LL.M de la Universidad de Nueva York, mientras que Holguín tiene un LL.M de la Universidad de Columbia.