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Empleador, trabajadores y organizaciones sindicales pueden acordar modificaciones temporales a beneficios adquiridos.

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La Corte Constitucional también condicionó una expresión contenida en el párrafo 3 del artículo 10 y el artículo 22 del Decreto 770 del 2020.

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Cada seis meses, en cuanto sea conveniente o necesario, la JEP debe ajustar las medidas adelantadas.

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La providencia precisó cómo se resuelve el vacío normativo cuando no existe norma expresa sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias relacionadas con un prestador de servicios públicos domiciliarios.

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Este decreto va dirigido a los servidores públicos y contratistas del Estado que estén prestando sus servicios desde la casa, en el marco del artículo 11 del Decreto Legislativo 491 del 2020.

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Es importante advertir que salvó parcialmente su voto el magistrado Alberto Rojas, porque, en su criterio, los artículos 3, 6, y 8 debieron declararse inconstitucionales.

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Se trata de un decreto que autoriza a Findeter a crear una línea de redescuento destinada a financiar total o parcialmente los rubros más representativos de la operación de las instituciones de educación superior públicas o privadas.

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Algunas gestiones específicas del Gobierno y del Consejo Superior de la Judicatura para la implementación de soluciones económicas y tecnológicas no han desconocido los derechos fundamentales de los abogados.

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El proyecto cuestionado fue de iniciativa de algunos congresistas, pero el Gobierno no solo no avaló las medidas allí contenidas, sino que también se opuso abierta, expresa y directamente a su trámite.

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Empleador, trabajadores y organizaciones sindicales pueden acordar modificaciones temporales a beneficios adquiridos.

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La Corte Constitucional también condicionó una expresión contenida en el párrafo 3 del artículo 10 y el artículo 22 del Decreto 770 del 2020.

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Cada seis meses, en cuanto sea conveniente o necesario, la JEP debe ajustar las medidas adelantadas.

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La providencia precisó cómo se resuelve el vacío normativo cuando no existe norma expresa sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias relacionadas con un prestador de servicios públicos domiciliarios.

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Este decreto va dirigido a los servidores públicos y contratistas del Estado que estén prestando sus servicios desde la casa, en el marco del artículo 11 del Decreto Legislativo 491 del 2020.

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Es importante advertir que salvó parcialmente su voto el magistrado Alberto Rojas, porque, en su criterio, los artículos 3, 6, y 8 debieron declararse inconstitucionales.

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Se trata de un decreto que autoriza a Findeter a crear una línea de redescuento destinada a financiar total o parcialmente los rubros más representativos de la operación de las instituciones de educación superior públicas o privadas.

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Ante la respuesta del Ejecutivo a la tutela que le ordena garantías para la protesta pacífica, el país se pregunta si esto puede considerarse un desacato y cuáles serían las consecuencias de desconocer un fallo de una alta corte de justicia.

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Se trata del Decreto 811 del 2020, el cual no superó en el control automático de constitucionalidad los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica.

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Es claro que el debate sobre el periodo de los magistrados en EE UU lo motivó la situación de la magistrada Ginsburg en las postrimerías de su muerte.

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En muchos casos, la intervención sicosocial del abogado puede terminar siendo su principal aporte al cliente.

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La AP hoy representa la octava economía del mundo medida por PIB, el bloque representa el 37 % del PIB de América Latina y el Caribe concentra el 52 % del comercio total.

Indicadores económicos

  • Inflación agosto
    -0,01 %
  • Interés moratorio tributario
    18,35 %
  • IBC consumo y ordinario (1° al 30 de septiembre del 2020)
    18,35 % E. A.
  • IBC microcrédito (Julio - Septiembre 2020)
    34,16 % E. A.
  • Usura consumo y ordinario (Septiembre/20)
    27,53 % E. A.
  • Usura microcrédito (Julio- Septiembre 2020)
    51,24 %
  • UVR Septiembre 28
    $ 274,5781
  • Dólar
    $ 3.867,81
  • Euro
    $ 4.500,96
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Es importante advertir que salvó parcialmente su voto el magistrado Alberto Rojas, porque, en su criterio, los artículos 3, 6, y 8 debieron declararse inconstitucionales.

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De ahora en adelante, los ciudadanos responderán por el negocio jurídico, pero no por el pasado judicial de los anteriores dueños de las propiedades.

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Al realizar una compra el almacén solicita el número de identificación del adquiriente, con el fin de realizar el registro.

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Algunas gestiones específicas del Gobierno y del Consejo Superior de la Judicatura para la implementación de soluciones económicas y tecnológicas no han desconocido los derechos fundamentales de los abogados.

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Después de cinco años de eliminado, es insólito que dicho órgano continúe ilegítimamente cumpliendo la función jurisdiccional.

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Ello porque no existe ninguna disposición que impida que una persona que llegue a la edad exigida para la pensión de vejez acceda a la protección derivada de la invalidez.

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Igualmente, se amplía el programa para el apoyo a la prima de servicios de diciembre del 2020. Así, quienes ganen hasta un millón de pesos recibirán subsidio del 50 % para el pago de esta obligación.

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La providencia precisó cómo se resuelve el vacío normativo cuando no existe norma expresa sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias relacionadas con un prestador de servicios públicos domiciliarios.

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La imposición de esta clase de sanciones es ilegal y, en caso de haberse exigido, las mismas no deben cobrarse.

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Ante la respuesta del Ejecutivo a la tutela que le ordena garantías para la protesta pacífica, el país se pregunta si esto puede considerarse un desacato y cuáles serían las consecuencias de desconocer un fallo de una alta corte de justicia.

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Este decreto va dirigido a los servidores públicos y contratistas del Estado que estén prestando sus servicios desde la casa, en el marco del artículo 11 del Decreto Legislativo 491 del 2020.

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La Sala Civil precisó que la medicina es una ciencia en construcción y, por tanto, tiene ciertos riesgos inherentes a la realización de procedimientos.

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Se podría convocar a una asamblea constituyente para realizar esta reducción normativa y dejar a la ley y a los decretos lo que les corresponde regular.

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¿Por qué se violan los derechos políticos cuando un órgano autónomo e independiente interpone sanciones disciplinarias de destitución a funcionarios electos?

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Después de cinco años de eliminado, es insólito que dicho órgano continúe ilegítimamente cumpliendo la función jurisdiccional.

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Los siniestros y responsabilidades marítimas que afectan la navegación son un laboratorio especial, en el que terminan enfrentándose principios importantes de los sistemas de Derecho.

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Es necesaria la claridad, la especificidad y la objetividad del marco regulatorio de la prestación de los servicios de transporte y de los servicios logísticos.

Breves

La firma Scola Abogados suma a su conjunto de servicios la Unidad de Derecho Público, liderada por el abogado Iván Carvajal Sánchez. Con esta incorporación la firma suma seis áreas de práctica. De otro lado, inauguró su nueva sede en la ciudad de Bogotá, ubicada en la carrera 10ª No 72–66, en la Torre Scola Abogados, con lo cual completa oficinas directas en Bogotá, Barranquilla y Cali. Por último, este bufete hizo el lanzamiento de la nueva versión de su herramienta SCUDO.

En Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de junio, el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia escogió a la abogada barranquillera Mirna Wilches Navarro, como nueva gobernadora de esta agremiación. En la coyuntura actual, el principal reto en el cargo es la formulación de propuestas que ayuden a amortiguar los impactos ocasionados por el covid-19 en el mercado laboral.