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No basta el mero transcurso del tiempo ni la falta de ejercicio de la acción de repetición.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía por no brindar medidas de protección a una lideresa social que luego fue asesinada.
Es recomendable capacitar a todos los empleados acerca de las distintas modalidades de ataque, con el fin de generar conciencia de la existencia de la amenaza.
Estos funcionarios tendrán las mismas responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos vinculados a la entidad.
Por vía de acciones judiciales, el Estado está comenzando a moderar las opiniones sobre asuntos de enorme interés público de manera incompatible con una sociedad democrática.
El Procurador General indicó que objetar la iniciativa, luego de revisada por la Corte Constitucional, podría generar un riesgo para la seguridad jurídica.
En materia procesal, la Ley 1952 del 2019 busca mayor celeridad de la actuación, eficacia de la potestad disciplinaria y lucha efectiva contra la corrupción e impunidad.
Cerca del 75 % de los casos que llegan a la Fiscalía General de la Nación se resuelven por la vía del archivo.
Las autoridades accionadas no respetaron el género con el cual se identificaba y continuaban llamándola con su antiguo nombre masculino.
Consolidarse como una rama autónoma, con sus principios y métodos de interpretación, es uno de los retos que afronta esta área del Derecho.
La potestad sancionadora de la administración, por importante que sea el bien jurídico tutelado, debe respetar el debido proceso constitucional y convencional.
La Sección Primera recuerda que la publicación del acto no es un requisito para su validez y, por lo tanto, lo que se afecta es la eficacia del mismo, es decir, lo hace inoponible frente a terceros.
La connotación de levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción, recuerda el fallo.
Tomémonos en serio la jurisprudencia, pero no para creer a pie juntillas que cualquier palabra pronunciada en un juzgado o tribunal es verdad revelada, sino justamente para lo contrario.
El disciplinado, que trabajó 18 años para la fiscalía, le dijo a su cliente, de escasos recursos, que era un caso fácil y, por esa razón, garantizaba un resultado positivo. Vale decir que cobró $ 30 millones para interponer dicho recurso.
Consultamos el Código de Policía, a un especialista y la jurisprudencial actual en la materia con el fin de despejar varias dudas respecto a este particular episodio que incendió las redes sociales el fin de semana.
La modificación fija un sistema de gestión ajustado al tamaño y la capacidad de cada una de las empresas, clasificándolas por rangos de empleados.
La Corte Constitucional tuteló el derecho fundamental a la libertad religiosa de una participante de un concurso de méritos, en vista de que la CNSC no reprogramó su prueba sicotécnica por las razones personales aducidas por ella.
Fueron demandados los artículos 92 y 183 de la Ley 1801 del 2016, relacionados con comportamientos que afectan la actividad económica y multas.
Los profesionales del Derecho deben ser objetivos en sus actuaciones y evitar todo subjetivismo o adjetivos de ofensa.
La Corte Constitucional estudió nueve expedientes de tutela en donde las aseguradoras no respondían con el pago de las pólizas por diversas razones. Allí indicó cómo se configura el riesgo asegurable.
De no existir mutuo disenso entre los herederos debe acudirse a la jurisdicción ordinaria para obtener la liquidación sucesoral.
Se pueden tomar como hitos temporales la fecha de calificación de la invalidez, de la última cotización o de solicitud de la prestación.
El término, contado desde la ejecutoria de la resolución de acusación, no equivale a 6 años.
No podemos olvidarnos de que en nuestro sistema carcelario no solo se encuentran los responsables de delitos, sino también, y en gran medida, quienes aún están siendo investigados.
Es necesario crear una normativa que proteja a diferentes grupos de trabajadores con condiciones especiales, pero también que ponga límites al abuso del derecho al que vienen sometiendo a las empresas.
La novedad más relevante es la posibilidad de terminar los procesos de mutuo acuerdo o conciliando.
A pesar de los avances jurisprudenciales en esta materia, se sigue extrañando la formulación de una política pública.
Existe un desafío frente al disfrute de este tipo de prestaciones, consistente en lograr mayor armonía entre todos los actores involucrados.
De la mano de dos expertos, el lector encontrará desmenuzadas las principales modificaciones incorporadas por la denominada Ley de Financiamiento.
Esta obra es un buen aporte al debate sobre la responsabilidad estatal por la privación injusta de la libertad en Colombia.
Los antecedentes, la noción, la naturaleza, los elementos y las características de la responsabilidad objetiva por productos defectuosos se analizan en esta obra.
En este texto, se examinan los elementos para oficializar en Colombia la figura de la pena privada.
El análisis señala el estado de cosas de la regulación internacional de algunos de los agentes tóxicos más poderosos creados por la sociedad humana.
AP Legis inició una serie de eventos para explicar los pormenores del impacto de la Ley de Financiamiento en todo el país. La primera cita fue en Bogotá, en el hotel Casa Dann Carlton.
La Corte Constitucional realizó, los días 24 y 25 de enero, el XIII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, en el Centro de Convenciones Ágora, de la ciudad de Bogotá.
La Cámara de Comercio de Cartagena clausuró el IV Congreso internacional de Derecho Empresarial Contable y de los Negocios.
Con el fin de mejorar la capacitación de los servidores judiciales, la Universidad de los Andes presentó el nuevo Programa de Formación Judicial.
En desarrollo de las Jornadas de dogmática penal del siglo XXI, la Universidad Javeriana invitó a expertos de España y Alemania, entre otros países, para debatir diferentes temas de actualidad.
Al conmemorar los 30 años de la Constitución de Brasil, la Universidad Externado de Colombia realizó el seminario El constitucionalismo abusivo y autoritario en América Latina.
Con el fin de analizar las principales implicaciones de la reciente Ley de Financiamiento (L. 1943/18), AP Legis realizará una gira nacional sobre esta normativa. Las próximas ciudades que serán sede del evento son: Bucaramanga (7 de febrero), Barranquilla (12 de febrero), Cúcuta (19 de febrero), Pasto (21 de febrero) y Pereira (26 de febrero).
Entre el 13 y el 15 de febrero, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero llevarán a cabo las 43 Jornadas colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Uno de los temas principales del evento, que se realizará en Cartagena, será la nueva reforma incorporada en la Ley 1943 del 2018.