Tenga en cuenta que la doctrina especializada ha hecho referencia a las siguientes denominaciones: “prueba digital”, “prueba informática”, “prueba tecnológica” y “prueba electrónica”.

Estos valores rigen desde el pasado 17 de febrero y aplican para trámites como escrituración, sucesión, expedición de copias auténticas o reconocimiento de firmas y celebración de matrimonio civil.

Esta expresión afirma el cumplimiento de la obligación y el acreedor es quien debe probar la inobservancia de la prestación, relevando de la carga probatoria al deudor.

Usuarios pueden contraer obligaciones con la EST, como la adopción de medidas particulares respecto a los ambientes de trabajo o el suministro de elementos de protección y seguridad.

La Corte Constitucional también unificó su postura respecto a las condiciones que se deben acreditar para entender satisfecha la subsidiariedad de la acción de tutela en estos eventos.

La Corte Constitucional tomó tres determinaciones importantes frente a una demanda presentada contra los artículos 40 y 44 de la Ley 1826 del 2017.

El magistrado Octavio Augusto Tejeiro salvó su voto, tras explicar su postura sobre la hermenéutica que está llamada a dársele al artículo 590 del CGP.

Las medidas cautelares son una herramienta procesal que pretende asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y estas pueden ser nominadas o innominadas.

El nominador tiene la facultad de conformar, reorganizar su equipo de trabajo e incluso de cambiar a sus subalternos. Por lo tanto, puede solicitar o insinuar a sus empleados la presentación de la renuncia.

El próximo lunes, después de una reunión con el Gobierno Nacional, se definiría si los servidores judiciales de todo el país entran en cese de actividades indefinido.

El artículo 244 de la Ley 1955 del 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) desconocía el principio de unidad de materia, pues no existía un vínculo directo e inmediato entre el ingreso base de cotización de independientes y los objetivos del plan.

Integrar la mencionada lista y, a su vez, ocupar un cargo oficial podría configurar un conflicto de intereses.