El Emisor reiteró su compromiso con las obligaciones asignadas por la Ley 2381.

La norma hace parte de las medidas extraordinarias emitidas en el marco de la conmoción interior en El Catatumbo.

Ministerio del Deporte deberá desplegar mecanismos para modificar reglas que impidan diseñar eventos de forma igualitaria.

Las sanciones no pagadas y vencidas por más de un año deberán actualizarse desde el 1º de enero.

Las entidades estatales podrán entregar predios de manera provisional o definitiva para garantizar derechos a quienes no hayan sido reconocidos judicialmente.

Las garantías mobiliarias han surgido como una herramienta moderna, eficiente y cada vez más versátil para respaldar obligaciones crediticias en Colombia.

Enfatizó que la Corte Constitucional en ningún aparte de su comunicado menciona abusos o irregularidades atribuibles a la entidad.

La realidad es contundente: según estudios de PWC, las empresas familiares representan el 90 % del tejido empresarial en América Latina y generan el 73 % del empleo.

Desde el 10 de julio rige el nuevo esquema de reparto judicial para tutelas contra autoridades del orden nacional.

El Doctorado en Derecho de la UNAB ya tiene inscripciones abiertas para su nueva cohorte. Haz parte del grupo de juristas y profesionales que lideran el debate y la transformación de la justicia en Colombia.

Muchas de estas innovaciones del vecino país demuestran que este optó por ubicarse como una jurisdicción atractiva para la inversión.

La contratación segura para el aseguramiento jurídico es un proceso para la calidad que protegerá la reputación y la credibilidad desde los resultados.

Las sociedades fiduciarias y los fideicomitentes deberán cumplir con nuevos deberes sobre información, rendición de cuentas y gestión de riesgos.

La Unidad de Investigación y Acusación realizó un análisis limitado sin aplicación de un enfoque de género e interseccional.

Minsalud deberá expedir circular con lineamientos para acceder al servicio y para que IPS puedan solicitar rembolso o compensación.

Un administrador impuesto priva a los socios de su potestad de nombramiento y limita su autonomía.

El pronunciamiento se da teniendo en cuenta recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.

Las disposiciones cuestionadas le permitían adoptar medidas cautelares tales como imposición de multas sucesivas.

La abogada Dalila Andrea Henao Guerrero hace un balance sobre los resultados de la implementación de esta legislación.

Se exhortó al Congreso para regular el ejercicio y efectividad del derecho personal a ocupar la curul de oposición.

Los beneficios son mayores que los sacrificios y busca proteger derechos fundamentales de la infancia y adolescencia.

El Congreso de la República tiene la oportunidad de regular todo lo referente a los derechos políticos de todos los servidores públicos.

Las libertades de expresión, prensa e información permiten ejercer control político.

Se vulneró el derecho a la igualdad, pues él y sus demás compañeros que portan vello facial son comparables.

Esta entidad, de acuerdo con la Ley 222/95, ejerce tres niveles de supervisión diferentes: inspección; vigilancia y control.

¿Quién puede ejercer la excepción de inconstitucionalidad (EI)? Recientes hechos y discusiones revivieron este debate.

El inglés como segunda lengua oficial no es una ocurrencia aislada, sino la concreción de un principio constitucional: la igualdad sustantiva.

Tanto el protocolo como su ley aprobatoria cumplieron los requisitos formales para su expedición.

Judicatura deberá realizar llamado de atención a funcionarios judiciales para cumplir jurisprudencia constitucional.

Inexequibles varias expresiones de norma que reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental.

Las EPS deberán implementar listas centralizadas, priorizando pacientes según necesidad clínica y urgencia.

Esta ley dinamizará sectores concomitantes con los procesos ejecutivos, tales como los de avalúos, remates, custodia y administración de bienes embargados y secuestrados.

El derecho internacional atraviesa un momento de tensiones y transformaciones profundas.

La reforma laboral de 2025 introduce cambios significativos en la regulación del acoso laboral en Colombia.

La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 280 del plan de desarrollo por trasgredir el principio de unidad de materia.

La Ley 2387 de 2024 representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales en el ámbito sancionatorio ambiental.

La Cámara de Representantes tendrá hasta 182 curules, incluyendo territoriales, especiales, internacionales y de paz, conforme al censo oficial de 1985.

La relación de conexidad no fue directa ni inmediata, teniendo en cuenta el contenido tributario de la norma.

Cuando comprometen derechos de personas en condición de especial protección, su interpretación puede flexibilizarse.

La libertad de cátedra, de expresión y de conciencia son derechos de especial protección en los ámbitos educativos.

El escrache como manifestación de los derechos a la libertad de expresión y protesta ha sido adoptado por distintos ordenamientos jurídicos.

En este caso los derechos de la infancia prevalecen sobre las formalidades legales, por lo que se debió inaplicar el requisito.

Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de varias disposiciones y declaró algunas inexequibilidades.

Cada jurista es autónomo, según el caso, sin perjuicio de que pueda responder disciplinariamente.

Dentro de sus funciones está realizar talleres y otros espacios de divulgación para funcionarios y ciudadanía en general.

Si bien serían ingresos gravados, no siempre conllevarían la obligación de declarar renta, dependiendo del umbral anual de ingresos.

Se negó el reconocimiento por indebida notificación del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral.

Tienen razón quienes afirman que los museos no solo son micro foros de la democracia, sino espejos de la sociedad y funcionan de forma muy similar a las Constituciones Políticas.

¿Podríamos predicar que en Colombia el Consejo Superior de la Judicatura solo cumple función administrativa? o ¿también cumple función judicial?

La convocatoria pública 02-2025 es adelantada por la Corte Suprema de Justicia y culminará con la integración de una terna de la cual el Senado elegirá a un magistrado.

Las dilaciones injustificadas en el trámite de las medidas de protección generaron que ella y su hija siguieran expuestas, lo que implicó violencia institucional.

El impuesto al patrimonio fue reintroducido de forma permanente por la Ley 2277 de 2022. Ya no es un impuesto transitorio.

Cuando se trata de normas restrictivas o prohibitivas que afectan derechos de tan alta importancia, deben estar prima facie consagradas por el legislador.

Participación del Ejército donde no hay amenaza a la seguridad nacional ni alteración del orden público es abuso de la fuerza.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (1º al 4 de julio).

La Constitución de 1991 es un gran acuerdo de unión, de paz, que aún está en desarrollo, hay que defenderla.

Hoy se conmemora la promulgación de la Constitución Política de 1991 y ante los anuncios de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente conviene recordar el proceso.

La normativa establece medidas ambientales, monitoreo, ordenamiento territorial y financiamiento estatal para proteger los humedales.

En el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se lleva a cabo un evento conmemorativo de los 34 años de la Carta Política.

Rafael Vanegas Herrera, fundador Numo Group, analiza las implicaciones frente a varias reglas previstas sobre el impuesto al patrimonio.

La norma busca formalizar e impulsar tiendas, peluquerías y otros pequeños negocios vecinales.

La falta de coordinación con otras entidades involucradas generó una demora innecesaria y trasladó la carga administrativa.

El presidente del alto tribunal reconoció los avances de la Constitución de 1991 y la necesidad de proteger sus cambios.

Esta norma será financiada con aportes de los cotizantes y recursos del presupuesto general de la Nación.

Mañana 4 de julio, en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizará un evento conmemorativo.

Titular del despacho solicitó la medida frente a la celeridad que exige el proceso, dada su inminente prescripción.

El proyecto fue objetado por el Ejecutivo por considerar que podría afectar principios constitucionales como la sostenibilidad fiscal y la autonomía territorial.

La mesa técnica analizará variables como siniestralidad, severidad y frecuencia con base en datos del Sispro.

La IED no es solo una decisión de trascendencia empresarial dentro de un proceso de internacionalización, sino también un ejercicio jurídico complejo.

También se declararon inexequibles por consecuencia disposiciones en materia ambiental y de desarrollo sostenible.

Este debate revela la imperiosa necesidad de reforzar las garantías de legalidad, equidad y previsibilidad en la relación entre el fisco y los contribuyentes.

La discusión del borrador de una regulación de este calibre debería estar acompañada por más divulgación y pedagogía.

Colombia cuenta con instituciones jurídico-políticas fuertes, las cuales han defendido el principio de separación de funciones del Poder Público.

Las expresiones declaradas inexequibles imponían barreras injustificadas que vulneraban derechos fundamentales.

Solo en el año 2024, y para Colpensiones, se expidieron un total de 811 sentencias en la Sala Laboral, de ellas, 314 trataron el tema de la condición más beneficiosa.

La demandante no logró desvirtuar que la enajenación de inmuebles se realizó en desarrollo de su actividad habitual.

El Decreto 572 del 2025 no solamente es una mínima afectación en la liquidez del empresariado colombiano, sino que, en últimas, también es una carga tributaria adicional.

Los agentes de retención deberán cargar archivos con datos semestrales de retenciones y consignaciones al fondo universitario.

Decreto sobre protección de tierras en El Catatumbo no podía regular materias propias de una política pública agraria.

La desestimación de este medio de prueba no constituiría un déficit epistemológico, sino su antípoda: generaría un beneficio de mayor calado.

La Superintendencia de Sociedades lanzó una publicación que resuelve dilemas de la sostenibilidad empresarial.

Es claro que el Gobierno Nacional considera este tipo de ingresos como una fuente relevante para fortalecer las finanzas públicas.

Gregorio Eljach requiere establecer los eventuales responsables de hechos que estarían por fuera del ordenamiento jurídico.

La declaración surge tras una investigación del diario El País de España, que señala la existencia de un posible complot gestado desde EE UU.

Se corrigió un vicio de procedimiento sobre la reforma pensional y se aprobó la proposición que solicitaba acoger el articulado aprobado por el Senado.

Del 2001 a la fecha, han sido sancionados 5715 abogados y 433 funcionarios judiciales. Suspensión es la sanción con más registro.

Debe renunciar a su cargo y su renuncia ser formalmente aceptada antes de su inscripción como candidato.

La instancia está conformada por expertos en derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía, sociología y educación.

No se puede equiparar una demanda ejecutiva con una actividad peligrosa que amerite un régimen de responsabilidad estricto.

Se revocó el fallo que declaró improcedente la tutela y, en su lugar, se amparó el derecho al debido proceso.

Moody’s y S&P redujeron la calificación crediticia de Colombia citando riesgos fiscales y demoras en reformas estructurales para consolidar el gasto público.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (23 al 27 de junio).

Ordenan al CNE remitir copia de las actuaciones adelantadas por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.

Es hora de tomar en serio los derechos, la democracia y el sistema republicano constitucionalmente establecido.

En situaciones excepcionales, el concepto de urgencias puede buscar que se preserve la vida y la salud de la persona.

Empresas que no implementen un trámite diligente y eficaz desconocerían el debido proceso de las víctimas.

La competencia para tramitar quejas de acoso sexual en el trabajo la tienen los comités de convivencia laboral o hay necesidad de crear nuevos comités?

Cinco juristas analizan los desafíos normativos del régimen sancionatorio actual, incluyendo la rehabilitación de abogados excluidos y el uso de tecnologías emergentes.

Quizá sea necesario pensar en un cambio de juez para los litigantes.

En un nuevo episodio del enfrentamiento de poderes, Efraín Cepeda argumenta que el presidente Petro objetó extemporáneamente los articulados.

Los nuevos miembros ejercerán funciones 'ad honorem' por dos años, con posibilidad de prórroga.

Se deben adoptar medidas de capacitación en materia ambiental para la población campesina.

No se solicitará remisión de procesos que cursan en el Consejo de Estado, según petición del Ministro de Justicia.

La iniciativa busca rediseñar el Estado desde la institucionalidad, sin romper el orden legal establecido.

El Ejecutivo objetó el proyecto de ley por considerar que vulnera principios constitucionales y genera una presión fiscal insostenible.

Padres e hijos son sujeto de derechos independientes, por lo que su convocatoria debe ser expresa e individualizada.

Se remitió copia al Consejo Superior de la Judicatura para que evalúe la carga laboral de los despachos judiciales y las medidas por mora.

Se resolverán recursos de reposición y el 2 de julio se publicarán perfiles de los candidatos inscritos.

Afecta la autonomía de las entidades territoriales al modificar tributos locales sin fuentes de compensación, dice el Ejecutivo.

Las funciones ejercidas por el accionante son ejecutables de manera virtual, por lo que se protegió la unidad familiar.

El artículo 11 otorga atribuciones a autoridades ambientales que son exclusivas de los concejos municipales.

Andrés DaCosta, socio de Godoy Córdoba, hace varias reflexiones sobre las diferentes inquietudes de la sentencia de la reforma pensional.

El derecho procesal se articula, se conecta o se junta con el derecho constitucional.

Es discriminatorio que, según la capacidad económica, se justifique que los usuarios solo accedan a una porción del internet.

Será entregada una papeleta para convocar a una asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones.

En este marco, la interventoría emerge como un soporte técnico insustituible para la efectividad de dicha potestad.

Es dable llegar a la conclusión de que el principio de legalidad integra una complejidad armónica, mucho más elevada y garantista que la estructuración de una norma penal.

Reducir las barreras de entrada a estos proyectos no debe interpretarse como una renuncia a la protección ambiental.

Señaló que se siente irrespetado y denunció que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta por el alto tribunal.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (16 al 20 de junio).

El nuevo funcionario se comprometió a trabajar por una justicia más pronta, eficaz y socialmente responsable.

A las AFP se les exige un control constante de saldos y diligencia para lograr el pago oportuno de las sumas requeridas.

Publican el fallo que devolvió el texto al Congreso por incumplir requisito de insistencia coincidente y unificada.

Las calidades personales de quien ejerce la judicatura no son un simple ideal.

La accionante no demostró actuaciones encaminadas a verificar la regularidad en la propiedad de los predios.

ÁMBITO JURÍDICO ha hecho seguimiento a la discusión y votación del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, conozca el detalle de el proceso legislativo.

La norma fue expedida sin el concepto previo favorable del Senado de la República, dice la Sección Quinta.

La Corte Constitucional mantuvo la vigencia de dos artículos de la Ley 2381.

Máxime si los padres, quienes en principio son los llamados a satisfacer los derechos del menor, hacen parte del conflicto.

A pesar de su solidez, las críticas al constitucionalismo transformador latinoamericano son de diversa índole.

La separación entre iglesias y Estado es un tema constitucional muy antiguo.

No se pueden contratar entidades distintas a instituciones de educación superior, aunque cumplan requisitos.

Montealegre manifestó que tiene una agenda política y que no está actuando jurídicamente.

Juez administrativo debe flexibilizar estándar probatorio cuando advierte vulnerabilidad o indefensión del interesado.

El presidente sostuvo que la consulta mantuvo viva la reforma laboral y aseguró su respaldo ciudadano a través de la movilización social.

Se abrió la posibilidad de definir una nueva fecha de entrada en vigencia de la Ley 2381/24.

Hernán Penagos informó que “materialmente no es posible realizar los procesos logísticos de la consulta popular en 53 días, mínimamente se requieren tres meses”.

Mintrabajo deberá diseñar ruta para atender quejas de discriminación en procesos de selección laboral.

La expresión “ilícitamente” es una fórmula de reenvío a una norma extrapenal claramente identificable.

Petro dice que el decreto goza de presunción de legalidad y es obligatoria su aplicación.

Durante los últimos 20 años, el surgimiento y expansión de las plataformas digitales ha provocado una transformación profunda en sectores económicos como el mercado laboral.

La expresión implicaba un ejercicio de distribución previa de uno de los componentes que integran el presupuesto municipal.

No está previsto un mecanismo de consulta o convocación directa al pueblo con el fin de elegir una Asamblea Constituyente.

Recientemente, se eliminó en Plenaria del Senado del artículo 17 del Proyecto de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

En el constitucionalismo contemporáneo, el derecho no es un recurso del poder, sino su límite esencial.

El precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha empleado un tipo de responsabilidad objetiva en estos casos.

La violencia y el abuso de poder no pueden ser la norma en un Estado que aspira a la paz y la equidad.

La eutanasia no requerirá enfermedad terminal y podrá solicitarse por sufrimiento extremo.

La facultad de Derecho pide proteger la separación de poderes, las competencias del Congreso y la independencia de los jueces.

¿Qué dijo la Corte?, ¿cuáles son sus implicaciones?, ¿qué interrogantes y desafíos quedan por resolver?

Las fricciones entre el poder judicial y los otros dos poderes son un fenómeno familiar.

EPS accionada deberá capacitar sobre derechos sexuales y reproductivos de personas en situación de discapacidad.

La Corte Constitucional informó que mediante sorteo le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez estudiar el expediente relacionado con la convocatoria a consulta popular por parte del Gobierno.

Falta de claridad no solo compromete la transparencia del procedimiento, sino que puede vulnerar derechos del paciente.

El Gobierno plantea alivios tributarios, impuestos indirectos, cláusula de escape y reforma tributaria.

A pesar del reconocimiento legal, el fuero de paternidad aún genera resistencias.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (9 al 13 de junio).

Afirma que el Legislativo no decidió en el plazo legal sobre la consulta, lo que lo habilita a decretarla.

Ocho millones de firmas serían necesarias para convocar una Asamblea Nacional Constituyente de origen ciudadano.

Del mismo modo, se solicita la adopción de una medida cautelar de urgencia, consistente en la suspensión provisional del acto administrativo.

Expertos consultados por ÁMBITO JURÍDICO comentan las dudas jurídicas que genera el Decreto 639/05, expedido ayer por el presidente Petro.

La norma fue remitida a la Corte Constitucional para que, en el marco de sus competencias, adelante el correspondiente control.

Es una abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín con doctorado en Derecho de la Universidad del País Vasco y maestrías de la Universidad Externado y la Complutense de Madrid.

En el marco de la discusión sobre volver a leer libros completos en nuestros salones de clase, la obra de Diego López, ‘Teoría Impura del Derecho’, envejece muy bien.

La restricción no impide administrar recursos locales ni obstaculiza las labores administrativas de los alcaldes.

El principal argumento es la violación del artículo 104 de la Constitución Política.

Menor venezolana en estado de embarazo tuvo problemas de acceso por no haber regularizado situación migratoria.

La violencia verbal afecta el corazón mismo de la institucionalidad. Primero, porque erosiona la confianza en los poderes públicos.

Anunció que si el Congreso no permite avanzar en la reforma laboral se promoverá una asamblea constituyente con respaldo ciudadano.

El anuncio se hace luego de que el Congreso hundiera la ponencia de la senadora Aída Avella.

Ojalá los rumores no sean ciertos y el decreto no se expida. En ese lamentable caso, las instituciones deberán actuar para restablecer la juridicidad.

Las “nuevas circunstancias políticas” obligaron a los asesores a no continuar participando en esta instancia.

Supernotariado se pronuncia sobre situaciones no imputables al titular.

El demandante sostienen que no se tuvo en cuenta las implicaciones económicas frente a la aprobación de esta normativa.

El escrito sostiene que se lesionan el principio de buena fe, el derecho a la defensa y el secreto profesional, entre otras disposiciones.

Si bien la sociedad limitada sigue siendo una figura jurídica válida y útil para ciertos fines, su imposición legal en sectores determinados debe revisarse.

Se trata de una medida contemplada legalmente que le otorga flexibilidad al Gobierno para invertir en gasto público y disponer medidas de recuperación económica.

Les propongo que cada uno desde su trinchera jurídica preserve y defienda la Constitución y las instituciones que hemos robustecido por décadas.

La medida de aseguramiento es una de las decisiones más restrictivas en el campo de los derechos humanos que surge dentro del proceso penal.

Congreso deberá regular procedimiento sobre entrega y socialización de resultados médicos y derechos del paciente.

A partir del 31 julio se realizará la preselección, se citará a audiencia pública y posteriormente se integrará la terna.

La accionada, que impuso una carga adicional que refuerza revictimización, deberá emitir un nuevo pronunciamiento.

La Constitución prevalece sobre actos del Congreso cuando estos vulneran derechos y procedimientos, indicó el Ministro de Justicia designado.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con José Reyes Rodríguez Casas, director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

Este papel protagónico ha hecho que el juez constitucional se perciba como una figura de salvación.

La UNP fue formalmente advertida de la necesidad de reforzar su esquema de seguridad por más de 40 ocasiones.

Reconoció que agentes estatales participaron en el crimen y que hubo fallas judiciales prolongadas.

Publican fallo que exhorta a la Corte Suprema a modificar precedente sobre el alcance y contenido de este derecho.

La imagen digital recolectada debe manejarse en forma adecuada, lo cual incluye obtener autorización previa del titular.

UARIV negó a comunidad indígena víctima de desplazamiento inscripción como víctima.

Las regulaciones aclaradas incluyen disposiciones sobre beneficio, transporte, almacenamiento y expendio de carne.

En un entorno digital se necesitan reglas de juego que se puedan cumplir y hacer cumplir de manera práctica y sencilla mediante procesos simples.

Altas cortes y tribunales advierten de los peligros para la democracia ante un escenario de agravamiento de la violencia política.

La Corte Suprema de Justicia retomó el caso del futbolista Jorge Perlaza, perteneciente al club deportivo Millonarios, que sufrió una lesión y fue despedido.

Frente a la concurrencia de una sociedad conyugal vigente el juez deberá declarar que existe una sociedad de hecho especial.

Una persona desprevenida podría pensar que son parte de las conclusiones del informe del interventor de la Nueva EPS.

Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (3 al 6 de junio).

Las decisiones deben ser motivadas y tener en cuenta manifestaciones de menores de edad, así como sus necesidades.

Paralelamente han surgido una serie de deficiencias en materia de seguridad jurídica para los vinculados en las relaciones que se forman tanto a nivel intrasocietario como con terceros.

Una de las novedades del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es la incorporación de un proceso especial de protección de derechos sindicales.