El Gobierno presentó objeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia al proyecto de ley 073/23C-168/24S, el cual busca incorporar los humedales al Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y al Sistema nacional de cambio climático. Según el Ejecutivo, el proyecto vulnera competencias constitucionales al atribuir a las autoridades ambientales funciones que corresponden exclusivamente a los municipios, como la vigilancia y control de acciones urbanísticas.

La objeción principal por inconstitucionalidad recae sobre el artículo 11, que otorga a entidades ambientales el control sobre decisiones de ordenamiento territorial, contrariando lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución y en la Ley 388 de 1997. El Gobierno argumenta que el legislador desbordó sus facultades al establecer competencias que son propias de los consejos municipales, afectando la autonomía territorial y violando principios constitucionales. (Lea: Conozca las medidas que impartió el Consejo de Estado para proteger el humedal La Conejera)

En cuanto a la inconveniencia, el Ejecutivo cuestiona varios artículos por su falta de precisión técnica. Entre ellos, el artículo 2° confiere funciones de formulación de política a autoridades que legalmente no tienen esa competencia. Asimismo, se critica la confusión conceptual entre “acuíferos” y “aguas subterráneas”, así como la incorrecta definición del SISCLIMA, lo cual dificultaría la aplicación efectiva de la norma y generaría inseguridad jurídica.

Así mismo, se advirtió una diferencia entre el texto conciliado en el Congreso y el enviado para sanción presidencial, lo que impide su validación. El Gobierno concluyó que el proyecto, tal como está redactado, es inconstitucional en algunos apartes y técnicamente inviable, por lo que decidió devolverlo.

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