El Banco de la República envió, el jueves 10 de julio, una comunicación a la Corte Constitucional relacionada con su papel en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC).

Ante lo que denominó interpretaciones erradas sobre los planteamientos de su carta, informó que pidió al alto tribunal aclarar la vigencia de la ley y de los decretos que han sido expedidos en su proceso de reglamentación, para avanzar con la firma del contrato con el Ministerio de Hacienda, la selección de administradores externos y la designación de los miembros del Comité Directivo del FAPC.

El Emisor dijo que venía trabajando en estos temas, pero el proceso se interrumpió tras la publicación del comunicado de la Corte del 17 de junio, en el cual se informó la suspensión de la reforma pensional hasta el día siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre su constitucionalidad.

Banrepública solicitó al alto tribunal definir un margen razonable de tiempo para avanzar en los procesos que ya venían atrasados y se interrumpieron a partir del 17 de junio. Sugirió que la entrada en vigencia de la ley no sea al día siguiente a la fecha de decisión sobre su constitucionalidad, sino tres meses después de que se conozca la sentencia respectiva.

Y es que considera que si se mantiene la orden como está podría implicar que todos los procesos pendientes tendrían que hacerse entre la fecha en que se decida la constitucionalidad de la reforma y el día inmediatamente posterior.

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