El Estado colombiano reconoció su responsabilidad por el asesinato del periodista y líder de opinión Jaime Garzón Forero, ocurrido el 13 de agosto de 1999. Esta admisión se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del Caso 15.015.

Durante la presentación de observaciones adicionales sobre el fondo del caso, el Estado calificó el crimen como el homicidio de un líder representativo que denunciaba, mediante el periodismo y el humor, a diversos actores vinculados con la violencia y la corrupción. (Lea: Jaime Garzón, el abogado defensor de la Constitución)

En sus declaraciones, Colombia expresó un profundo pesar por la pérdida de una figura destacada del periodismo crítico nacional. Según se indicó, las investigaciones han avanzado hasta el punto de establecer que el asesinato fue ejecutado con la aquiescencia de agentes del Estado, lo que refuerza la gravedad de los hechos y subraya la necesidad de un reconocimiento oficial por parte del país.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aceptó la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión de Jaime Garzón. De igual forma, se reconoció que las irregularidades procesales y demoras en la administración de justicia afectaron los derechos de los familiares, especialmente en lo relacionado con su integridad personal y el acceso a la verdad.

Con esta acción, Colombia busca contribuir a la reparación integral de las víctimas y restaurar la confianza en las instituciones. Además, el Estado reafirmó su compromiso de realizar una reparación completa y consensuada con los familiares de Garzón, como parte de su responsabilidad internacional y en cumplimiento de los estándares de derechos humanos.

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