El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados incurrirá en prisión de 6 a 10 años.

Ahora bien, no se incurrirá en esta pena cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. Así lo prevé el artículo 340A del Código Penal.

La demanda se dirige en contra de la expresión “sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios”, porque, según el demandante, se lesionan el principio de buena fe, el derecho a la defensa y el secreto profesional, entre otras disposiciones. (Demandante: Ricardo Andrés Giraldo)

(Corte Constitucional. D-16487. 16/05/2025)

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