La Corte Constitucional publicó el fallo mediante el cual declaró inexequible la expresión “Los prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas según necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios, de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación”, contenida en el numeral 1 del artículo 56 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450/11).

Según esta decisión, los prestadores de servicios de internet podrán hacer ofertas que permitan a cada usuario, de forma libre y sin interferencias, elegir cuáles son los contenidos, plataformas, aplicaciones y clases de aplicaciones que desean consultar, sin restricciones. (Lea: Inexequible norma que permitía ofrecer servicios de internet según perfil de los usuarios)

Limitaciones indebidas

El alto tribunal explicó que el derecho a la libertad de expresión tiene varias dimensiones, entre ellas que garantiza a toda persona la posibilidad de manifestar y difundir libremente sus pensamientos y opiniones, sin limitaciones indebidas. Además, garantiza el derecho a informar y ser informado de manera veraz e imparcial, por lo cual las personas deben poder divulgar, buscar y acceder a la información a través de diferentes medios sin manipulación o discriminación.

En ese orden, consideró inaceptable el argumento según el cual es preferible que las personas más vulnerables accedan a un internet segmentado antes que no acceder en absoluto, pues resulta discriminatorio que, en función de su capacidad económica, se justifique que ciertos usuarios solo accedan a una porción del internet, elegida por los prestadores en función de intereses comerciales.

Acceso parcial

Dejar la norma tal y como está, en el sentido de ofrecer acceso parcial a un servicio cada día más importante para la satisfacción de derechos fundamentales, como es internet, implicaría aceptar que en el orden constitucional colombiano los derechos están al servicio del mercado y no al contrario. Así las cosas, la disposición cuestionada no superó el test de proporcionalidad, el cual, debido a la naturaleza de los derechos implicados, debía ser estricto.

En todo caso, fueron diferidos los efectos de la decisión durante un año contado a partir de la fecha de publicación del texto completo, a fin de que (i) el mercado se ajuste a lo expresado y (ii) para evaluar la posibilidad de expedir una nueva normativa que, al tiempo que considere asuntos tecnológicos y de mercado, ayude a promover un acceso sin discriminación a la red para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Los magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera, Miguel Polo Rosero y Juan Carlos Cortés salvaron su voto (M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar y Natalia Ángel Cabo).

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