Iván Darío Gómez Lee
Profesor, PhD, conjuez y árbitro

En la contratación pública colombiana la falta de planeación y la escasa preparación de los gestores contractuales –ordenadores del gasto, directivos y asesores– conlleva errores sistemáticos. Ello materializa fallas ostensibles tan graves como la corrupción. ¿Qué hacer entonces? Una de las posibles respuestas es la innovadora técnica del compliance. Este permite un aseguramiento de la buena administración contractual. El compliance no se queda en los laberintos de problemas con muchos caminos sin salida, da soluciones. 

Fortalecer la planeación, la administración de riesgos y el conocimiento especializado fue el planteamiento central del I seminario de compliance contractual y aseguramiento jurídico, realizado el 3 de julio de 2025 en la Universidad Externado de Colombia. Su objetivo era presentarlo como estrategia transformadora basada en la norma internacional ISO 37301 sobre compliance que se puede adoptar por las organizaciones públicas.

Con este enfoque, líderes del sector público y privado, de la justicia, de organismos de control y de la academia hemos dejado las bases para aplicar el compliance contractual. Se trata de un debido entrenamiento para cumplir normas, procesos, referentes éticos e incorporar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) en los procesos de gestión y control.

Uno de los principales problemas que afecta la calidad y continuidad de los procesos contractuales es la alta rotación de directivos y equipos técnicos especializados, pues impide la consolidación de capacidades institucionales. Otro problema protuberante es el bajo nivel de profesionalización y de conocimientos especializados en esta materia. Esta debilidad es inaceptable y debe dar lugar a un profundizar la formación en competencias especializadas.

El rector de la Universidad Externado, Hernando Parra Nieto, resaltó la importancia de reconocer a los líderes públicos que se esfuerzan para aplicar e innovar con las mejores buenas prácticas de gerencia y probidad para la materialización de los derechos de la ciudadanía. Edificar estímulos a la gerencia.

La falta de conocimiento se agrava con el permanente incremento de normas o fuentes aplicables en la contratación. En 15 años, las normas vigentes se incrementaron en un 150 %, como lo demuestra la investigación que con rigor impulsamos con las codirectoras de Contratación segura, hoy son 319 leyes y decretos aplicables. Ello se puede apreciar en la cuarta edición de la publicación con Legis de El derecho de la contratación pública en Colombia.  Ante esas situaciones críticas, me permito presentar el abecé del modelo de compliance contractual desde una contratación segura para el aseguramiento jurídico:

(I) Identificación de riesgos, prevención de responsabilidades y cumplimiento de metas

La respuesta técnica se origina en evitar los riesgos de incurrir en alguno de los 12 delitos que rondan la contratación. Como línea de investigación con 19 años de experiencia centrada en esa prevención, se promueven publicaciones y formación especializada que hoy incluye el estudio del derecho penal para prevenir estas situaciones. Colombia debe disminuir ese 34 % de mandatarios vinculados penalmente.

Superar las conductas de las faltas gravísimas disciplinarias directas de la contratación y las conexas, más de 25 tipos de faltas, son otro derrotero para hacer las cosas bien (en clave del código disciplinario; las destituciones desde la Procuraduría en el 2024 llegaron a 111). Ese mapa de riesgos ya existe y estamos listos para recorrer la función pública contractual con una buena orientación. Los aportes valiosos de los expertos Mauricio Rodríguez Tamayo y el maestro Carlos Arturo Gómez Pavajeau invitan a superar los sesgos cognitivos o limitaciones de conocimiento para adoptar decisiones de criterio y debidamente informadas. 

El daño patrimonial y la respectiva responsabilidad con el patrimonio de los gestores fiscales por daño antijurídico (vía acción fiscal, de reparación directa o de repetición) es cada vez más severa (en responsabilidad fiscal para los años 23 y 24 la cuantía supera $1,86 billones). En este asunto el compliance fija los derroteros para cumplir principios claves: economía, eficiencia, eficacia y una debida diligencia para evitar la responsabilidad ante presunciones legales que establece la Ley 1474/11. Al respecto ya se han desarrollado estudios profundos y sistemas de alertas que acompañan la gestión fiscal y que pueden consultarse (Gómez Lee I.D., tesis doctoral, y Castro Forero, tesis de maestría).

Con lo anterior, desde la planeación y la debida estructuración contractual, el objetivo es claro: alcanzar las metas de las entidades y sus contratos, sin dejar de prevenir sanciones penales, disciplinarias y evitar la malversación de fondos. La contratación segura para el aseguramiento jurídico es un proceso para la calidad que protegerá la reputación y la credibilidad desde los resultados.

(II) Prevención de conflictos, solución anticipada y transparencia en época electoral

Un componente crucial de esta estrategia es la gestión temprana de controversias contractuales. Expertos en mediación han advertido que una alta proporción de los litigios en contratación pública podría haberse evitado con herramientas adecuadas de prevención y resolución anticipada.

El impacto de la prevención será siempre menor que el de los litigios. Los expertos que integran el Centro Internacional de Mediación y Acuerdos resaltan que estos mecanismos impactan de manera transversal y favorable la gestión del riesgo litigioso. Demuestran que su uso e implementación les permite a las entidades asegurar procesos más ágiles, seguros y prácticos. Otra de nuestras publicaciones en este ámbito se titula Más derechos y menos litigios (Peralta, Gómez A, Montoya y otros).

Para avanzar en esta nueva experiencia, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa estuvo presente en el seminario. El panelista Mantilla Namen presentó los modelos de gestión para que los mecanismos alternativos de solución de conflictos se adapten a las tipologías y realidades contractuales. Este producto es el resultado de un trabajo de ocho años que lideran 204 procuradores judiciales, hoy con un nuevo delegado innovador al frente.

Enhorabuena la Contraloría General de la República está impulsando la ejecución oportuna de los contratos desde la estrategia “salvando obras”. Con la promoción de acuerdos y transacciones, se han recuperado los principales proyectos regionales. Esta estrategia ha sido bien concebida para el trabajo de campo en tiempo real, que ya llega a diversos proyectos nacionales de alto impacto, como lo destacó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.

En época electoral y ante la polarización, sobreviene otro riesgo que fue advertido y que será trabajado, primero, desde el acompañamiento preventivo o después desde drásticas medidas de control. El Gobierno Nacional, con mandatarios regionales duramente enfrentados, tienen una tentación de desviar recursos para apoyar sus candidatos. Esto es muy grave.

El procurador delegado para la vigilancia preventiva, Marcio Melgosa, destacó que el sistema de justicia necesita transformarse mediante nuevas herramientas de cumplimiento. La puerta de entrada a ese sistema es la articulación institucional.

De igual forma, varios directivos de las contralorías destacaron el rol central que debe tener la IA como una herramienta de apoyo para la buena gestión pública. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata marcará esos usos predictivos de la información para anticipar riesgos, ahora al servicio de los gestores, como lo destacaron los académicos Restrepo y Arias.

(III) Formación, sostenibilidad institucional y academia

Las maestrías en Alta Gerencia de los Recursos Públicos, en Derecho Constitucional y Administrativo lideran esta transformación académica y práctica, formando desde los mejores referentes nacionales e internacionales a quienes toman decisiones sobre el gasto público. La academia en lo contractual también se transformó. Hoy, en esencia, es una formación para resolver casos y situaciones complejas, incluidas soluciones desde la ética, que son ante todo actos de solidaridad con la sociedad.

Participaron los contralores territoriales que, desde el Externado con sus proyectos de maestría en varias facultades, están liderando la tecnificación regional y esa necesidad de desmontar ideas de centralización. Para este grupo, el verdadero cambio es fortalecer los territorios con cuerpos técnicos alejados de la politiquería.

En Colombia, nos urge construir los lazos académicos permanentes de formación a partir de cursos técnicos focalizados, especializaciones, maestrías y acompañamientos integrales. Es menester fortalecer el saber-hacer de quienes toman decisiones sobre los recursos públicos. Todos estos rediseños institucionales innovadores, ya en curso, y totalmente aplicables en un modelo de compliance contractual, permiten construir confianza, blindar los procesos contractuales y recuperar la legitimidad institucional.

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