El Ministerio de Hacienda propone un marco normativo claro, especializado y acorde con las dinámicas actuales de los negocios fiduciarios en Colombia. Esta iniciativa respondería a la necesidad de brindar mayor protección a los consumidores financieros y de reforzar la seguridad jurídica de las operaciones fiduciarias, particularmente ante el creciente volumen de recursos gestionados por las sociedades fiduciarias, el cual superaría los $ 594 billones, equivalentes al 46,85 % del PIB.

Según el proyecto, se incorporarían principios rectores como la profesionalidad, la segregación patrimonial, la primacía de los intereses del beneficiario, la previsión y la transparencia. Asimismo, definiría con mayor precisión las obligaciones de las sociedades fiduciarias, entre las que se incluirían la rendición de cuentas, la administración de riesgos fiduciarios, la divulgación de rendimientos y la protección de los activos entregados o transferidos. El texto también contemplaría requisitos específicos para los contratos, así como mecanismos de supervisión a cargo de la Superintendencia Financiera. (Lea: Explican características y deberes legales de la fiduciaria)

Por su parte, el proyecto establecería deberes específicos para los fideicomitentes o encargantes, quienes estarían obligados a identificar y gestionar los riesgos no fiduciarios, informar sobre su ocurrencia y garantizar la comunicación oportuna a los beneficiarios o terceros involucrados. En el caso de contratos de adhesión o de prestación masiva, se exigiría la constitución de un comité fiduciario encargado de hacer seguimiento al negocio fiduciario y de asegurar una adecuada divulgación de la información.

Entre los avances más destacados se encontraría la clasificación de las diferentes modalidades fiduciarias, tales como recaudo, pago, administración, inversión, garantía, conservación de bienes y desarrollo de proyectos, con énfasis en los de tipo inmobiliario. Este nuevo marco normativo procuraría un balance entre la flexibilidad operativa y la solidez del sistema financiero, contemplando un periodo de transición de seis meses a partir de la expedición de las instrucciones que emitiría la Superintendencia Financiera.

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