Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) considera de atención prioritaria las dinámicas institucionales recientes que, desde la perspectiva académica del Derecho, plantean retos significativos para la comprensión, interpretación y aplicación del orden constitucional consagrado en la Carta Política de 1991.

Es fundamental recordar que la Constitución de 1991 es fruto de una amplia y diversa participación política, social, cultural y étnica, lo que la convierte en una Constitución de consenso o de integración, siguiendo a Rudolf Smend. En ella se integran los valores e intereses de la sociedad colombiana, que son diversos, plurales y en ocasiones contrapuestos, reflejándose en su cuerpo normativo como una especie de acuerdo traslapado, según la teoría de John Rawls. Así, la Constitución refleja al pueblo colombiano, y las instituciones y sus mecanismos procedimentales establecidos constitucionalmente no pueden deslegitimarse simplemente a través de discursos o apelaciones al “pueblo".

Esta arquitectura constitucional está diseñada de forma equilibrada para garantizar el bien público y la defensa de los derechos y libertades constitucionales. Este equilibrio implica protegerlos de la tiranía de la mayoría y/o de la minoría cuando estas muestran inclinaciones a oprimir los derechos y bienes protegidos.

Colombia se organiza como República (C. P., art. 1º), porque la democracia representativa garantiza precisamente la defensa de los derechos y libertades. La Constitución establece que, aunque los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, deben colaborar armónicamente para lograr los fines constitucionales previstos (C. P., art. 2 y 113).

En este contexto, deslegitimar o desconocer constantemente las instituciones y procedimientos constitucionalmente establecidos, y apelar al pueblo para prevalecer intereses de una mayoría o minoría, ignora los valores e intereses en conflicto dentro de una sociedad libre, plural y heterogénea como la colombiana. Esto tiende a construir en el imaginario colectivo la idea de una opinión pública unánime que elimina cualquier opinión contraria, como advirtió Hannah Arendt. No debemos olvidar que, en la historia, prácticas de esta índole resultaron en el gobierno del terror de Robespierre al organizar al pueblo francés en un único partido, y más tarde fueron aplicadas por el partido Bolchevique con respecto a los soviets.

Desde esta perspectiva, Acofade hace un llamado a la mesura, a la racionalidad y al respeto por la Constitución Política de 1991. Es hora de tomar en serio los derechos, la democracia y el sistema republicano constitucionalmente establecido. En este sentido, resulta pertinente preguntarse, como lo propone Barber en el contexto estadounidense, si la Constitución Política de 1991 aún contiene las instituciones que han permitido alcanzar progresivamente los fines integrados en su texto por parte de la sociedad colombiana: la mayor protección posible de los derechos y libertades, la promoción del pluralismo político y la protección de la población más vulnerable. Si la respuesta sigue siendo afirmativa, no hay otra vía que proteger la supremacía constitucional.

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