El enfrentamiento entre el Congreso de la República y el Gobierno de Gustavo Petro por la convocatoria a consulta popular mediante decreto obligó al registrador nacional, Hernán Penagos, a solicitarle a las altas cortes (Consejo de Estado y Corte Constitucional) que diriman este conflicto antes de organizar la logística del evento.

Además de llamar la atención por la inversión tan alta en recursos, $ 750.000 millones, dijo que “materialmente no es posible realizar los procesos logísticos para la consulta en 53 días (recordemos que se convocó para el próximo 7 de agosto), mínimamente se requieren tres meses”. (Lea: Este es el decreto que convoca a una consulta popular el 7 de agosto)

Penagos afirmó que la pregunta central es si se cumplieron o no los requisitos del artículo 104 de la Constitución Política para convocar y listó las acciones judiciales que cursan en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. (Lea: Consulta popular y prevaricato)

Y es que existe una acción de nulidad en la Sección Quinta contra la decisión del Senado de la República de archivar la consulta, está pendiente si se declara o no la suspensión de la decisión adoptada. En el Consejo de Estado también hay cerca de 10 acciones de nulidad contra el Decreto 639, que convocó a consulta popular para el 7 de agosto, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y 97 tutelas.

Por su lado, en la Corte Constitucional cursan 11 demandas de inconstitucionalidad y a la Registraduría han llegado seis solicitudes de excepción de inconstitucionalidad, otra pide la aplicación directa de la Constitución y se recibieron múltiples derechos de petición. (Lea: Petro detalló argumentos legales para convocar consulta popular)

Ante este panorama de controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo, el registrador dejó en manos de las altas cortes que decidan si se debe continuar o no con los trámites de la consulta. Hoy no solamente está en juego la convocatoria, está en juego el orden institucional, enfatizó.

Finalmente, va a solicitar concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a para que se pronuncie de fondo si se han cumplido los requisitos del artículo 104 y pidió a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y a la Procuraduría General de la Nación que le acompañen.

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