La Corte Constitucional acaba de informar que en su proceso de revisión de la Ley 2381/24 (reforma pensional) decidió devolver a la Cámara de Representantes el articulado para que subsane el vicio de procedimiento en el que se incurrió y someta a votación de la plenaria una proposición sustitutiva presentada por la congresista María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros que planteaba acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado.

Se le dio un plazo a la corporación de 30 días hábiles, en vigencia de las sesiones ordinarias, a menos que se convoque a extraordinarias.

Luego del procedimiento, el alto tribunal se pronunciará definitivamente sobre la constitucionalidad de la ley.

Otra consecuencia de esta decisión es la suspensión de términos de los procesos que cursan contra la reforma.

Y atención porque también se suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre su constitucionalidad, excepto los artículos 12, parágrafo transitorio, y 76.

Finalmente, se abrió la posibilidad al Legislativo de definir una nueva fecha de entrada en vigencia de la ley.

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