Las dudas jurídicas que ha despertado el Decreto 639/25, que ayer expidió el Presidente de la República para que, el próximo 7 de agosto del 2025, se vote una consulta popular, han generado múltiples reacciones de la comunidad jurídica.

Kenneth Burbano Villamarín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, señala que a pesar del sustento teórico y jurídico presentado para aplicar la excepción de inconstitucional el decreto es problemático, pues los supuestos vicios de procedimiento del Senado no facultan al Presidente de la República para aplicarla. Además, analiza quién deberá realizar el control a la norma. . (Lea: Este es el decreto que convoca a una consulta popular el 7 de agosto)

Por su parte, Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, refuta los argumentos expuestos por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre, como fundamento jurídico de la norma. Para el jurista, se trata de una interpretación forzada de la ley.  (Lea: Detalle de los 17 artículos aprobados de la reforma laboral)

Gonzalo Ramírez Cleves, profesor de la Universidad Externado de Colombia, expresa que el decreto es una afrenta en contra del principio de separación de poderes y advierte sobre su inconstitucionalidad, pues elude las instancias establecidas para convocar a una consulta popular.

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