José Reyes Rodríguez Casas, director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial (JPMP), conversó con ÁMBITO JURÍDICO acerca de los avances de la incorporación del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la JPMP.

Reyes también se refirió a la nueva infraestructura tecnológica, cuyos avances “también han sido sustanciales desde el año 2022”, reiteró.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo avanza la implementación del cambio de sistema procesal penal en la JPMP?

José Reyes Rodríguez Casas: Ya están implementadas tres de las cuatro fases del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la JPMP. La primera etapa se implementó en el año 2022 y comprende el territorio de Bogotá; la segunda, en 2023, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; la tercera, en 2024, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Santander, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolívar, San Andrés y Providencia, Sucre y Córdoba, y la cuarta iniciará el próximo 1º de julio, en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Así, el SPOA de la JPMP, después de muchos años de atraso y espera, tendrá cobertura en toda la geografía nacional.

Esta puesta en marcha, ordenada desde el año 2010 (Ley 1407), implica su implementación y crecimiento por fases, como se acabó de referir, y, simultáneamente, el paulatino agotamiento, hasta su culminación, del antiguo sistema procesal inquisitivo regido por la Ley 522 de 1999. El reto es mantener el equilibrio: que, en la medida en que el inventario de casos del SPOA va aumentando, como es natural, vayan saliendo los seguidos bajo el régimen inquisitivo viejo, hasta su culminación. Se espera que al final del año 2026, o sea, el año entrante, estos casos –los del sistema inquisitivo– estén en su mínima expresión numérica. Y que los del sistema acusatorio vayan saliendo todos dentro de las oportunidades legales, es decir, sin vencimientos de términos.

Á. J.: ¿Qué inventario de procesos tienen?

J. R. R. C.: Bajo esa perspectiva (un sistema procesal que nace y progresa y otro que se agota y termina), la gestión de procesos en la JPMP se resume así: al comienzo de nuestra gestión, en septiembre del 2022, en casos adelantados bajo el régimen inquisitivo, se encontró un inventario de 20.774 procesos; luego, hasta el mes de abril de 2025, llegaron y se repartieron 14.986, para un total de 35.760 casos. De estos, salieron 26.382, un 73 %, y, con corte al mes de abril de 2025, aún tenemos 9.378. Mientras que, por el régimen acusatorio, con corte inicial en el año 2022 de cero casos, han ingresado 9.637 y salido 5.451, un 56 %, con inventario final al mes de abril de 2025 de 4.186.

Á. J.: ¿Cómo se están brindando las garantías tanto a los comparecientes como a las víctimas de los procesos que se tramitan bajo sistema penal oral acusatorio?

J. R. R. C.: La implementación de un SPOA en la JPMP lleva implícito el fortalecimiento del catálogo axiológico y de las garantías judiciales, bajo cubierta de la Constitución Política y los tratados y convenios internacionales atinentes a derechos humanos ratificados por Colombia, para asegurar el máximo estándar de justicia e imparcialidad en los procedimientos y las decisiones que se adopten.

Este sistema pone en su núcleo, como norma rectora fundante, el principio de dignidad humana, base de todos los derechos, estableciendo que los seres humanos, todos, deben ser considerados y respetados por el solo hecho de existir, más allá de sus diferencias y particulares circunstancias; nadie puede ser instrumentalizado o reducido al valor de las cosas.

Alrededor de la dignidad se establecieron principios como el de oralidad, que saca a los funcionarios de sus expedientes y los pone a explicar a la sociedad, en audiencias públicas, el porqué de sus decisiones, para su transparencia y legitimación. El principio de contradicción, que materializa el derecho a participar en la adopción de las decisiones que afectan tanto a los procesados como a las víctimas. El de autonomía e independencia especial, que deja a la justicia especializada fuera del gobierno de la fuerza pública y que priva del ejercicio del mando a todos los militares o policías de la jurisdicción; sin dejar de referir que establece un robusto catálogo de derechos procesales para las víctimas, haciéndolas visibles.

Á. J.: ¿La JPMP ha mejorado en cuanto a infraestructura?

J. R. R. C.: Sí, ha mejorado considerablemente. Es evidente que existe un antes y un después en cuanto a instalaciones y tecnología.

En lo que respecta a infraestructura física, contamos con un Palacio de Justicia en Bogotá, ubicado en el sector de Puente Aranda, que reúne todas las funcionalidades de una sede judicial moderna: oficinas administrativas, juzgados, fiscalías, el Tribunal Superior Militar y Policial, salas de audiencia equipadas con tecnología, dependencias operativas de Policía Judicial, carceletas transitorias, centro de servicios judiciales y atención al ciudadano, puestos de trabajo para procuradores y defensores públicos, una escuela judicial con sus respectivas aulas, un auditorio amplio, entre otros espacios.

Recientemente, con ocasión de la implementación del SPOA, se ha modernizado también la infraestructura física en gran parte de las sedes judiciales del país. Se han inaugurado y puesto en funcionamiento nuevos palacios de justicia dotados con tecnología de punta, salas de audiencia modernas o adecuadas para tal fin, e instalaciones dignas para juzgados, fiscalías, Policía Judicial, Procuraduría y Defensoría. Este proceso ha tenido lugar en sedes como Tolemaida-Nilo (Cundinamarca), Ipiales, Pasto, Neiva, Cali, Armenia y Tunja, en el marco de la segunda fase de implementación del sistema.

Á. J.: ¿Qué más está en camino en este tema?

J. R. R. C.: En cuanto a la tercera fase, se destaca la reciente inauguración del Palacio de Justicia de Santa Marta. Asimismo, se encuentran en etapas finales de construcción y dotación las sedes de Buenavista (La Guajira), que atenderá a todo el departamento, así como las de San José de Cúcuta, Bucaramanga, Montería, Sincelejo y Corozal. En Medellín, está próxima a entrar en funcionamiento una sede moderna destinada a la JPMP, construida por iniciativa del Ejército Nacional con el apoyo de la Alcaldía.

En la cuarta fase, que abarca los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, se avanza satisfactoriamente en procesos de comodato y contratación para la adecuación y dotación de una infraestructura física moderna en sedes como Apiay (Meta), Florencia (Caquetá), Mocoa (Putumayo) y Saravena (Arauca).

Á. J.:    ¿Cómo se ha modernizado la entidad, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías?

J. R. R. C.: En cuanto a infraestructura tecnológica, los avances en la JPMP también han sido sustanciales desde el año 2022. Pasamos de un escenario de máximas limitaciones digitales, donde las computadoras eran apenas un poco más que las antiguas máquinas de escribir, a un entorno digital robusto, con infraestructura moderna, cableado estructurado y conectividad en todas las sedes judiciales a nivel nacional. De norte a sur, desde Buenavista (La Guajira) hasta Leticia (Amazonas), y de oriente a occidente, desde Puerto Carreño (Vichada) hasta Ánimas (Chocó) o Mocoa (Putumayo).

La implementación del Sistema de Información Misional representa un hito fundamental en este salto tecnológico, porque permite integrar digitalmente todo el ciclo del proceso penal oral acusatorio; desde el instante en que se recibe la noticia criminal hasta cuando, si fuera el caso, se ejecutan las penas. Los avances han fortalecido la gestión institucional, optimizando los tiempos procesales y aumentando la confianza de los usuarios en el servicio de justicia. Estamos comprometidos con la transformación digital institucional, demostrando que la tecnología es un habilitador clave para que el servicio de justicia sea ágil, eficiente y transparente, en beneficio de todos los usuarios.

Á. J.: ¿Qué desafíos quedan para la entidad en lo que resta del año?

J. R. R. C.: Como ya lo mencioné, estamos listos para culminar la implementación del SPOA en su cuarta y última fase, con lo cual quedará cubierto todo el territorio nacional. Esta etapa se pondrá en marcha a partir del próximo 1º de julio en los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, e implica no solo dotaciones físicas y tecnológicas, sino también una gestión humana de gran importancia. Se ha brindado una capacitación intensiva y robusta a los funcionarios, a través de la Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial, con esfuerzos propios y con el valioso apoyo de instituciones como el Comando Sur del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que ha sido fundamental en este proceso.

Asimismo, enfrentamos el reto de concluir, cerrar o reducir al mínimo la vigencia del antiguo sistema procesal de corte inquisitivo, que rigió durante muchos años en la JPMP. Esto implica avanzar, como ya se viene haciendo, en la terminación de esos procesos, con la meta de que al finalizar el año 2026 su inventario sea mínimo. Entre septiembre de 2022 y abril de 2025, se han evacuado 26.382 casos del sistema anterior. Actualmente, quedan 9.378, y el reto es que en diciembre de 2026 queden menos de 1.000. Paralelamente, los procesos nuevos, correspondientes al SPOA, deben tramitarse dentro de los plazos legales establecidos. Este es un desafío importante: lograr que todos los casos concluyan con decisiones bien fundamentadas, en los tiempos previstos por la ley, evitando la normalización del vencimiento de términos.

Lo que conecta con un reto de visión superior: aprestigiar y legitimar la JPMP, como instrumento legitimador de la fuerza pública. Es importante que la sociedad quiera y respete a sus Fuerzas Militares y de policía por su adecuado funcionamiento. 

En materia de transparencia, tenemos la tarea de estructurar una política integral de lucha contra la corrupción y de fortalecer la entidad para el cumplimiento de su misión institucional. Todo lo anterior se enmarca en el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de las políticas públicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.

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