La Corte Constitucional resolvió la acción de tutela interpuesta por Gustavo Petro donde solicitaba el amparo de su derecho al debido proceso en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional, debido a que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado avaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelante en su contra investigaciones en torno a posibles irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales (precandidatura y candidatura).

El alto tribunal declaró que la Cámara de Representantes es la autoridad competente para asumir la investigación respecto de Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de presidente de la República, por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 por la Coalición Pacto Histórico, de las cuales fue candidato. (Lea: Suspenden efectos de fallo que declaró competente al CNE para investigar campaña de Gustavo Petro)

Excepción

En ese sentido, afirmó, el CNE es competente para investigar campañas, partidos, movimientos o cualquier miembro de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos, con excepción del candidato y hoy presidente de la República, en función de su fuero.

Así las cosas, ordenó al CNE remitir a la Cámara de Representantes copia de las actuaciones adelantadas por las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, para que esta corporación ejerza las competencias que le corresponden respecto del presidente Petro. (Lea: Consejo de Estado ratifica competencia del CNE para investigar campaña del presidente Petro)

Exhorto al Congreso

Se exhortó al Congreso para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, expida la regulación que corresponda en relación con la autoridad encargada de dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre órganos constitucionales que ejerzan funciones administrativas y funciones jurisdiccionales, de manera que se garantice el derecho fundamental al debido proceso, estabilidad institucional y separación de funciones del poder público.

Se levantaron las medidas provisionales decretadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Auto 554 del pasado 24 de abril. Salvaron el voto los magistrados (as) Jorge Enrique Ibáñez Najar, José Fernando Reyes Cuartas, Paola Andrea Meneses Mosquera y Lina Marcela Escobar Martínez, mientras que los magistrados Natalia Ángel Cabo y Miguel Polo Rosero lo aclararon (M. P. Vladimir Fernández Andrade).

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