Esta es la ley que reforma el Fonpet
El proyecto fue objetado por el Ejecutivo por considerar que podría afectar principios constitucionales como la sostenibilidad fiscal y la autonomía territorial.Openx [71](300x120)

03 de Julio de 2025
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, sancionó la reforma a la Ley 549/99, orientada a fortalecer el financiamiento del pasivo pensional de las entidades territoriales mediante el Fondo Nacional de Pensiones (Fonpet).
La nueva ley establece que los entes territoriales deberán alcanzar una cobertura total del pasivo pensional en los sectores salud, educación y propósito general antes del año 2044. Para lograr este objetivo, deberán contabilizarse los recursos existentes en patrimonios autónomos, fondos y reservas descentralizadas, los cuales deberán ser reportados en el sistema de información del Fonpet.
La norma también introduce nuevas fuentes de financiación para cubrir las obligaciones pensionales, incluyendo ingresos provenientes de privatizaciones, tributos, regalías y recursos del Sistema General de Participaciones. Además, se exige que estos recursos sean administrados con transparencia, mediante reportes en línea y en tiempo real. El Ministerio de Hacienda asumirá responsabilidades específicas en la definición de modelos financieros y en la supervisión del cumplimiento de metas fiscales relacionadas con el pasivo pensional. (Lea: ¿Qué es una objeción presidencial?)
Como parte del fortalecimiento institucional, la nueva norma establece lineamientos rigurosos para la administración, auditoría y supervisión del Fonpet, bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera.
La ley incorpora mecanismos para agilizar el pago de mesadas y bonos pensionales y permite el cruce de cuentas entre las deudas de la Nación y las entidades territoriales.
Se amplían también las disposiciones transitorias que permiten la reorientación de rentas y se establece que cualquier ajuste técnico en los cálculos actuariales deberá contar con la aprobación del comité directivo del Fonpet.
Cabe señalar que esta norma fue objetada por el Ejecutivo, quien argumentó que podría vulnerar principios constitucionales como la sostenibilidad fiscal, la destinación específica de los recursos de seguridad social y la autonomía de los entes territoriales.
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