Una providencia enfatiza que toda persona tiene el deber de colaborar con el correcto funcionamiento de la administración de justicia, en virtud de lo establecido en la Carta Política.
El Ministerio del Trabajo propone cambios para adaptar la causal de pérdida del subsidio a la nueva periodicidad de pago y para brindar mayor garantía a los beneficiarios del programa.
Fueron amparados varios derechos fundamentales de un ciudadano en situación de discapacidad y con pérdida de la capacidad laboral del 82,12 %, a quien Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de invalidez.
La protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado a esta acción, explica un fallo reciente de la Corte Constitucional.
Patricia Linares ha dicho que ninguna conducta ilegal por parte de servidores de la JEP será tolerada y que será la primera en actuar si conoce alguna actuación indebida.
El Juzgado 39 Administrativo de Bogotá estudió la acción popular interpuesta por un ciudadano contra varios ministerios y empresas dedicadas a la extracción de asbesto, por vulnerar derechos colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico.
Se trata de un proyecto de decreto presentado por Mintrabajo, allí propone el desarrollo de proyectos institucionales preventivos del consumo, abuso y adicción, que tendrían que adelantar empleadores y contratantes en el entorno laboral.
ÁMBITO JURÍDICO presenta una línea del tiempo que describe el curso de esta iniciativa, que duró cuatro años entre el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
La Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijo que está preparando un paquete de proyectos legislativos para modificar estos códigos y fortalecer la función de unificación del Consejo de Estado.
El artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo describe las 15 razones por las que un empleador puede terminar el contrato o iniciar una investigación.
El Consejo de Estado recordó que las detenciones preventivas en establecimiento de reclusión o en la residencia constituyen medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
El juez de instancia había negado el amparo invocado, por estimar que la no realización de una cirugía ordenada por el médico tratante no representa una afectación grave a la salud y vida digna de una menor.
El Ministerio Público sentó su posición respecto a la norma que fija como requisito para probar la existencia del estado civil de casado la obligación de certificar que la mujer fue aceptada por la familia y amigos del esposo, así como por los vecinos de su lugar de residencia.
Se considera la infertilidad como aquella enfermedad del sistema reproductivo que impide lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas.
Esta visa no es documento de identidad, sino un proceso de identificación y de autorización de permanencia, previo al proceso de cedulación de extranjería, precisó la Corte Constitucional.
El Procurador General indicó que objetar la iniciativa, luego de revisada por la Corte Constitucional, podría generar un riesgo para la seguridad jurídica.
La Sección Primera recuerda que la publicación del acto no es un requisito para su validez y, por lo tanto, lo que se afecta es la eficacia del mismo, es decir, lo hace inoponible frente a terceros.
La norma sancionaría el proselitismo político con la suspensión del cargo hasta por 24 meses, multas de hasta 25 salarios mínimos y el retiro del servicio.
La Corte Constitucional tuteló el derecho fundamental a la libertad religiosa de una participante de un concurso de méritos, en vista de que la CNSC no reprogramó su prueba sicotécnica por las razones personales aducidas por ella.
El Fiscal General envió una carta al presidente Duque donde le expresó preocupaciones sobre ciertas disposiciones del proyecto de ley estatutaria, relacionadas con el régimen aplicable a los delitos de ejecución permanente y el deber de no repetición por parte de los desmovilizados.
Se dieron a conocer los principales apartes de la Sentencia C-053 del 2019. La decisión se tomó por unanimidad y la ponente fue la magistrada Cristina Pardo.
Consultamos el Código de Policía, a un especialista y la jurisprudencial actual en la materia con el fin de despejar varias dudas respecto a este particular episodio que incendió las redes sociales el fin de semana.
La Corte Constitucional estudió nueve expedientes de tutela en donde las aseguradoras no respondían con el pago de las pólizas por diversas razones. Allí indicó cómo se configura el riesgo asegurable.
Las entidades deben diseñar un plan anual de vacantes, actualizar los manuales de funciones y competencias laborales y priorizar recursos para la realización de los concursos, entre otros.
En la Ley 1448 del 2011 se delimitan los beneficiarios de los programas y medidas de protección creados en favor de las personas afectadas por el conflicto armado.
La Sala Penal estudia el caso de una empleada que está en embarazo y fue declarada insubsistente por una jueza, quien argumentó que ella no cumple con los requisitos para el cargo.
La Corte Suprema, a través de reciente auto, concluyó que la impugnación de la condena contra el exministro Andrés Felipe Arias requiere reforma constitucional.
La Sección Segunda del Consejo de Estado levantó la suspensión provisional de varias convocatorias para cargos en el DANE y negó la nulidad de dichos actos administrativos. Piden aplicar lo mismo para otras convocatorias.
La Corte Constitucional estudió el caso de un trabajador con discapacidad, producto de un accidente laboral, a quien la empresa despidió por presunto abandono del cargo, sin permiso del Ministerio del Trabajo.
Usar este término para referirse a personas con discapacidad cognitiva, según el concepto de unos demandantes, resulta contrario al principio de dignidad humana.
La Sala Plena indició que la promoción de actividades religiosas debe armonizarse con el principio de laicidad, y se deben considerar otros factores como el arraigo cultural y la promoción del turismo.
Con esta decisión parece afianzarse la posición que ha asumido la Corte Constitucional desde hace varios meses, que sostiene que este mecanismo de participación ciudadana no puede ser utilizado para prohibir actividades de extracción en un determinado municipio o distrito.
Culminó estudio de una demanda que atacaba los numerales 1° y 2° del artículo 28 de la Ley 1564 del 2012, en relación con los procesos de divorcio y cesación de efectos civiles del matrimonio.
Las disposiciones demandadas reglamentaban los usos del suelo, función propia de los concejos municipales. Sin embargo, estos concejos pueden facultar pro tempore a los alcaldes para ello.
El demandante argumenta que el término perentorio de un año para dictar sentencia de primera o única instancia contraviene garantías fundamentales como el debido proceso y el acceso a la justicia.
El ponente advirtió que existe un estado de cosas inconstitucional respecto al reparto de asuntos para trámite en la secretaría judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP.
Algunos de los más comentados por estos días son las facultades extraordinarias al Presidente para reestructurar la Rama Ejecutiva, el desmonte de subsidios en el servicio de energía y la expedición de licencias ambientales exprés para minería.
Se estudió el artículo 421 del Código General del Proceso, el cual obliga a la notificación personal del demandado en el proceso monitorio, con exclusión de la notificación por aviso.
Se tramita un proyecto de ley que pretende adoptar de normas que regulen el buen uso y funcionamiento de las plataformas digitales. Encuentre, además, un resumen de la jurisprudencia constitucional más relevante en la materia.
Mediante un comunicado de prensa, la Corte Constitucional informó que los incisos primero y segundo del artículo 3º de la Ley 1848 del 2017 se declararon inexequibles.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de algunas expresiones de la Resolución 29 del 2016 de la Dian, por ser confiscatorias y contrarias a la equidad tributaria.
La Corte Constitucional dio a conocer, a través de un comunicado de prensa, la inexequibilidad del numeral 2 del artículo 77 del Decreto Ley 2663 de 1950.
Esto al resolver el requerimiento de un consorcio contra el Cerrejón por el presunto incumplimiento contractual, al terminar unilateralmente el vínculo.
Un constante intercambio de trinos ha permitido evidenciar que el proyecto de ley estatutaria no ha salido del Congreso y que ahora, al parecer, tiene algunas omisiones en su transcripción.
Uno de los cambios trascendentales es calificar el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como de interés nacional principal y prevalente, por lo que se convierte en un asunto de seguridad nacional su protección y preservación.