Nuevas directrices sobre autorizaciones especiales para portar armas

Tal como se había anunciado, y en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 2362 del 2018, el Ministerio de Defensa presentó la directiva que regula la suspensión al porte de armas y que deja claros los requisitos para que se tramiten los permisos especiales de porte regional o nacional. (Lea: Gobierno emitirá directrices para autorizar excepciones a prohibición de porte de armas)

Entre las novedades que aparecen en esta directiva se destacan la creación de comités evaluadores para la entrega de permisos especiales regionales y nacionales; la consulta de antecedentes de SIJIN y DIJIN; el Registro Nacional de Medidas Correctivas (comparendos por comportamientos que pongan en riesgo la vida e integridad) y la consulta de procesos activos en Fiscalía General de la Nación.

“Las Brigadas del Ejército Nacional podrán continuar emitiendo los permisos especiales para el porte de armas, la diferencia es que ahora seguirán un procedimiento reglado, que les quita la discrecionalidad que antes tenía el Estado Mayor Conjunto”, subrayó el jefe de la cartera de Defensa, Guillermo Botero.

Así, los inspectores de fuerzas deben estar pendientes del proceso y los comandantes de cada brigada deberán ver qué hacen los subalternos, entre otros filtros que existirán para un eventual otorgamiento de permiso.

En cuanto a este particular, las 289.262 personas que fueron objeto de comparendo por violar el artículo 27 del Código de Policía verán restringida la eventual posibilidad de tener un permiso especial de porte de armas.

Adicionalmente, la medida será objeto de evaluación trimestral por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza y la Dirección de la Policía Nacional, en coordinación con los comandantes de brigada con seccional de control comercio de armas.

También se reduce el número de personas que ya no son objeto de excepciones (si quieren portar un arma seguirán el mismo proceso de evaluación que cualquier persona natural):

        I.            Ministros.

      II.            Concejales.

    III.            Funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

Cifras sobre porte de armas

En Colombia, hay 339.160 personas naturales que tienen permiso para porte de armas. De esas, a 6.827 se les otorgó permiso especial de porte.
5.630 permisos especiales regionales y 1.197 permisos especiales nacionales: @GuillermoBotero

— Mindefensa (@mindefensa) February 20, 2019

Reglamentación y jurisprudencia

Vale la pena recordar que el Gobierno expidió el Decreto 2362 del 2018, con el cual autoriza la adopción de las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional. Así las cosas, por un año más, del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre del 2019 se amplió la prohibición del porte de armas.

La norma señala que la suspensión de los permisos se hará “sin perjuicio de las autorizaciones especiales y de las excepciones correspondientes que durante estas fechas expidan” las autoridades militares por “razones de urgencia o seguridad de los titulares.

En la Sentencia C-296 de 1995, la Corte Constitucional estudió una demanda en la que se cuestionaba el artículo 1° de la Ley 61 de 1993 y el Decreto 2535 de 1993, por crear un monopolio en cuanto al control de las armas en cabeza del Estado. En la demanda se consideraba que tal posición implicaba que los ciudadanos de bien no tuvieran la posibilidad de poderse defender.

En aquella ocasión, la Corte consideró que entre el control de las armas y la protección de los derechos y las libertades constitucionales, en especial la vida y la integridad personal, existe una clara relación. Así, el tribunal manifestó que es posible sostener que el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares que no pocas veces es utilizado para fortalecer poderes económicos, políticos o sociales, por eso los permisos para el porte de armas solo pueden tener lugar en casos excepcionales.

La competencia del Gobierno para suspender de manera general el porte de armas fue ratificada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-867 del 2010.

Mindefensa, Directiva 06, Feb. 18/19.