La Procuraduría General de la Nación pidió declarar inexequible la norma que fija como requisito para probar la existencia del estado civil de casado certificar que la mujer fue aceptada por la familia y amigos del esposo, así como por los vecinos de su lugar de residencia. En concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público señaló que la norma demandada (artículo 396 del Código Civil) vulnera la dignidad e igualdad de las mujeres, porque crea para ellas estándares completamente distintos a los que se fijan a los hombres. En sus palabras, el artículo promueve la realización de juicios morales sobre el comportamiento de las mujeres y perpetúa una visión patriarcal de las relaciones matrimoniales.