Un grupo de representantes a la Cámara radicó un proyecto que reformaría lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1801 del 2016. La propuesta indica que las compras de bienes o servicios en el espacio público no se considerarán conductas contrarias al cuidado e integridad del mismo, y que quienes realicen esta actividad no pueden ser sancionados. Por otro lado, se busca implementar la obligación a las autoridades administrativas de realizar políticas públicas de reubicación de los vendedores y se condicionaría la imposición de sanciones al cumplimiento previo de estos deberes.