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24 de Abril de 2024 /
Actualizado hace 2 horas | ISSN: 2805-6396

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Noticias / Penal


El caso Santrich sigue poniendo presión a la JEP

05 de Marzo de 2019

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Ayer se frustró la audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra del fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo, el exsenador y condenado por parapolítica Luis Alberto Gil y otros involucrados en un supuesto acuerdo por el que se pagarían US $ 500 mil para afectar el proceso de extradición de Jesús Santrich.

 

Y es que el caso de este exguerrillero ha concentrado la atención de la opinión y se ha convertido en el reto más demandante para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a pesar de que ayer su Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas anunció su sexto caso, la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado.

 

 

La semana pasada, el caso del exguerrillero volvió a tomarse los titulares de los medios de comunicación por la negativa de EE UU de enviar más pruebas que ayuden a la JEP a decidir sobre su extradición.

 

Como se recordará, Santrich, junto con un sobrino de otro negociador de las Farc, Iván Márquez, y otros dos participantes, fueron capturados el 9 de abril por supuestas negociaciones con el cartel de Sinaloa para la venta de varias toneladas de cocaína.

 

Además, el mismo viernes 1 de marzo, el Consejo de Estado negó, en primera instancia, la demanda de pérdida de investidura en contra de este antiguo miembro de las FARC. Se aceptaron los argumentos de la Procuraduría General frente a los motivos de fuerza mayor que se presentaron para que el excomandante guerrillero no se posesionara como representante a la Cámara, periodo 2018-2022.

 

En el siguiente podcast encuentre el sentido resolutivo del fallo, anunciando por Lucy Bermúdez, y los principales argumentos que se tuvieron en cuenta.

 

 

Pero el fin de semana fue aún más movido, la captura de Carlos Bermeo en un operativo adelantado en dos hoteles del norte de Bogotá volvió a poner el foco del país en la corrupción en la justicia.

 

 

 

 

 

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, al conocer de estos hechos afirmó que “ninguna conducta ilegal por parte de servidores de la JEP será tolerada. Seremos los primeros en actuar cuando conozcamos de alguna actuación indebida, poniéndola en conocimiento de las autoridades competentes”.

 

Su declaración revela la incomodidad que existe en la misma jurisdicción respecto de la selección de los fiscales de Giovanny Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación, hasta se le pidió que revise las hojas de vida de otros funcionarios.

 

 

Álvarez, en respuesta a este pedido recordó que es autónomo e independiente para seleccionar y designar a los funcionarios y, por lo tanto, “la jurisdicción y la magistratura no tiene ver con ninguno de esos nombramientos". Y enfatizó que “solo una JEP eficiente, transparente y cohesionada podrá estar a la altura de los enormes retos que la historia nos plantea”.

 

 

Ya se removió del cargo al funcionario detenido y se solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que inicie la respectiva investigación disciplinaria.

 

Lo cierto es que hoy es un día clave para esclarecer los intereses reales de quienes llevaron estos dineros y de los acusados de intentar afectar el proceso de extradición de Jesús Santrich.

 

 

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