Nueva política de defensa y seguridad descarta cese al fuego bilateral

El documento hoja de ruta de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del conjunto del Gobierno Nacional está enfocado en la construcción de la legalidad y busca responder a los diferentes fenómenos de criminalidad como el narcotráfico, la extracción ilícita de materiales, la extorsión y el contrabando.

La política se articula con la protección de líderes sociales (Plan de Acción oportuna – PAO), la política de paz con legalidad, la política exterior y la política integral para enfrentar el problema de las drogas ‘Ruta Futuro’.

Nuestra Política de #DefensaYSeguridad también integra la cooperación con otros países para enfrentar el delito y el crimen transnacional; que Colombia tenga un mejor control fronterizo con tecnología satelital, con sistemas de seguimiento para la protección de nuestra soberanía. pic.twitter.com/fUnb1qyMaR

— Iván Duque (@IvanDuque) February 6, 2019

Contiene 6 capítulos:

1. Amenazas
    
2. Seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad
    
3. Ejes de la transformación estratégica
    
4. Principios de la política
    
5. Propósito de la política
    
6. Objetivos estratégicos y líneas de política

Se establecen cinco pilares sustanciales que buscan conducir al sector defensa hacia una transformación estratégica, orientada a garantizar la dignidad humana y la protección de toda la población y del territorio.

1. Reconocimiento del agua, biodiversidad y medio ambiente como activos estratégicos de la Nación: este reconocimiento se hace necesario en un contexto global en donde se prevén eventuales conflictos por el acceso y control de estos recursos, de los que Colombia goza de innumerables fuentes.
    
2. Se establece la seguridad cooperativa: esto es modelos de seguridad internacional basados en la cooperación de los Estados para garantizar la seguridad y la paz internacionales, en el marco del derecho internacional, como herramienta a través de la cual se busca potencializar la diplomacia para la defensa, al tiempo que se mantiene la capacidad disuasiva.
    
3. Disrupción del delito con énfasis en el desmantelamiento de las economías ilícitas: el foco se concentrará en afectar toda la cadena de valor ilegal, así como las demás actividades asociadas y los bienes producto de estas, al igual que golpear a los grupos criminales en todo su espectro.
    
4. La intervención y recuperación de los territorios, en especial en aquellas zonas donde se concentran problemas de seguridad, con vacíos o precaria institucionalidad. dado lo anterior, la política estableció intervenciones que permitieran pasar de un control netamente militar a un control institucional del territorio.
    
5. Avances en innovación, ciencia y tecnología: buscan estar a la vanguardia a la hora de contrarrestar las nuevas modalidades de acción que desarrollan las organizaciones criminales.

Frente a los llamados “ceses al fuego bilaterales”, rechaza esa figura como una posibilidad, por estar en contravía de la obligación constitucional que tienen las autoridades de garantizar permanentemente la vida, honra y bienes de los colombianos. Para realizar procesos de disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley se deberán cumplir dos condiciones: concentrar toda la estructura armada en espacios geográficos delimitados y cesar todo tipo de actividad criminal.

Mindefensa, Comunicado, Feb. 06/19.