Un fallo reciente del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de remoción del cargo de un juez de paz del municipio de La Tebaida (Quindío), en tanto fijó una cuota alimentaria de $ 1 millón mensuales sin haberse llegado previamente a un acuerdo. El eje central del cargo contra el togado, concluye el fallo, se concretó en su intervención sin el común acuerdo y en forma voluntaria de las partes y por fijar alimentos a favor de la menor, lo cual no era lo adecuado, pues  la fijación de las misma correspondía a las autoridades de familia (M. P. María Lourdes Hernández).