La Sección Segunda del Consejo de Estado estudió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra un acto administrativo que sancionó disciplinariamente al demandante con la destitución e inhabilidad general de 10 años para el ejercicio de funciones públicas, por desconocer una inhabilidad para contratar con el Estado (en este caso, con la Gobernación de Antioquia). Su defensa se basó en que “no era abogado sino contador”, por lo que la entidad empleadora debió capacitarlo en el tema objeto de sanción. Sin embargo, la Sala consideró que los “cándidos” argumentos del actor no son de recibo ni tienen relevancia jurídica porque su conducta se adecuó típicamente a la prohibición del artículo 127 de la Constitución, mandato que prevalece sobre cualquier otra disposición de rango inferior y es de aplicación directa e inmediata. Así las cosas, “el hecho de que haya suscrito los contratos como representante legal antes que exonerarlo de responsabilidad disciplinaria lo agrava, no solo por el falso juramento que hizo sino porque como empleado público con mayor razón estaba inhabilitado para actuar ‘en representación de otro’, posibilidad que también prohíbe la Constitución respecto de los servidores estatales”. Así las cosas, se confirmó la sanción (C. P. Carmelo Perdomo Cuéter).