En la tarde de ayer, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envió una carta al presidente Iván Duque donde le expresó varias preocupaciones del ente investigador sobre algunas disposiciones del proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz (JEP), relacionadas con (i) el régimen aplicable a los delitos de ejecución permanente; (ii) el deber de no repetición por parte de los desmovilizados; (iii) la necesidad de que continúen sin solución de continuidad las investigaciones sobre los delitos del conflicto armado, mientras sobre ellos asume competencia la JEP y (iv) que no se abrigue el más mínimo de manto de impunidad para los crímenes de guerra. Luego de conocerse el pronunciamiento del fiscal Martínez, la JEP emitió un comunicado donde manifestó que es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, “teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de derecho para los 9.691 exmiembros de las Farc, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública hasta ahora sometidos a la JEP”. En una reciente rueda de prensa, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, enfatizó en que no se puede desconocer la sentencia C-80 de 2018 de la Corte Constitucional y que lo que se está abriendo es un debate político, que ya se dio en el Congreso. “La Corte Constitucional ya dio la última palabra”, agregó.