Un acompañamiento o una asesoría no adecuada por parte de los funcionarios involucrados en el proceso de inscripción en el Registro Único de Víctimas, según el concepto reciente de la Corte Constitucional, puede derivar en una vulneración del derecho fundamental a ser reconocido como víctima, más allá de que dicha condición deba ser objeto de verificación por la Administración. En efecto, toda persona que alega tener la calidad de víctima tiene el derecho a que se verifique la ocurrencia del hecho victimizante y a que se le brinde la asesoría completa que le permita, si es del caso, exigir los derechos que se derivan de su condición. Por lo tanto, es necesario que las autoridades otorguen una especial atención a esta población que, en razón a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, se enfrenta a diferentes barreras que le impiden ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico ha previsto a su favor (M. P. Luis Guillermo Guerrero).