Así lo expresó el Consejo de Estado, al negar una demanda de reparación directa derivada de un supuesto incumplimiento en el giro de los recursos a entes territoriales.
La Corte Constitucional fijó nuevas pautas para que los operadores jurídicos determinen si los actos de retiro de los miembros de la Policía se encuentran debidamente motivados.
La Sala le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que distribuya, de la manera más expedita posible, esta sentencia en todos los despachos judiciales del país.
Se creará una comisión técnica para estudiar alternativas y formular recomendaciones para la erradicación de cultivos ilícitos, tras la suspensión del uso de esta sustancia.
Si las partes no llegan a un acuerdo en las diligencias de conciliación es procedente acudir a los jueces de la República para que diriman estas controversias.
Aunque no se advirtieron irregularidades en los decretos que dieron inicio a la venta, la corporación ordenó la suspensión de la subasta que tendría lugar este martes.
El nombramiento oportuno y en cantidad suficiente de docentes en las distintas instituciones educativas es una condición para asegurar el funcionamiento permanente de los centros educativos.
El jefe de la cartera política advirtió que existe una deuda con la comunidad LGBTI, que será saldada con el acompañamiento del Gobierno para la construcción de igualdad.
La regulación del proceso disciplinario contra el Procurador General de la Nación está condicionada a la aprobación del proyecto de equilibrio de poderes.
La Sala Laboral rectificó la postura que sostuvo en la Sentencia STL-2584-14 al reconocer el carácter inmutable, vinculante y definitivo de la Sentencia C-258 del 2013.
La organización Women’s Link Worldwide anunció las nominaciones de los Premios Género y Justicia al Descubierto para las mejores y las peores decisiones con enfoque de género en Colombia.
No es suficiente con que se les permita a estos ciudadanos el cambio de nombre, sino que las autoridades de registro deben mantener bajo reserva sus datos.
Los operadores judiciales están amparados en el principio constitucional de la autonomía funcional y están autorizados para interpretar las leyes en las que fundamentan sus decisiones.
Según la entidad, la venta de ISAGEN genera presiones sobre las finanzas públicas, pues la Nación dejará de recibir anualmente el monto de los dividendos para la financiación del gasto público.
El Gobierno formulará y actualizará la política, con la participación de las entidades religiosas, reconociendo su aporte al bien común en lo local, regional y nacional.
El Gobierno Nacional formulará y actualizará la política pública en la materia con la participación de las entidades religiosas, garantizando la libertad e igualdad religiosa en términos de equidad y reconociendo su aporte al bien común en lo local, regional y nacional.
El Ministerio del Interior publicó un documento que ilustra las 10 razones para apoyar la reforma, que iniciará su séptimo debate en la Cámara de Representantes.
El Consejo de Estado cambió la jurisprudencia que permitía aprobar únicamente acuerdos en los que se aprobara el pago de entre el 70 % y el 100 % de la condena de instancia
No puede entenderse que quien hace uso de esta libertad está autorizado para atropellar los derechos al buen nombre y a la honra, advirtió la Corte Constitucional.
Adicionalmente, la Comisión se refirió a que la violencia derivada de las estructuras armadas de grupos paramilitares continúa impactando severamente en los derechos de los colombianos.
No es desproporcionado que, como acto de protesta, los funcionarios judiciales impidan el acceso de los usuarios a los despachos, siempre que no sea una constante.
El carácter reservado de la historia clínica se funda en la necesidad de proteger el derecho a la intimidad del individuo sobre una información que, en principio, únicamente le concierne a él.
El Ejecutivo también formalizó ante los países miembros su petición de armonizar las políticas con todos los compromisos en materia de Derechos Humanos.
obstrucción La supuesta obstrucción y dilación en el proceso de interoperabilidad estaría materializada en impedir el acceso a información fundamental para lograr la integración del sistema.
Para la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la reforma al equilibrio de poderes no resuelve los problemas estructurales de la administración de justicia.
A su vez, la Defensoría del Pueblo solicitó que se requiera a las autoridades norteamericanas para que rindan un informe sobre el estado y avance de las investigaciones.
Este miércoles los textos del articulado aprobados tanto en Senado como en Cámara entrarán a estudio de la comisión de conciliación para posteriormente someterlo a aprobación final
El Consejo de Estado aclaró que, en estos casos, la nulidad no puede sustentarse en que el árbitro se haya pronunciado más allá de lo debido o sobre cuestiones ajenas al arbitramento.
Los abogados no tienen la libertad absoluta para cobrar sus honorarios, ya que su deber es acordar con claridad los términos del mandato al aceptar la gestión profesional
Ordóñez señaló que la eutanasia tiene por objeto directo limitar el derecho a la vida y, por ello, según los artículos 152 y 153 de la Carta Política, únicamente puede ser reglamentada por el legislador estatutario.
Según el fallo, en este caso la administración municipal se limitó a decretar el toque de queda, sin que probara las acciones desplegadas para hacer cumplir la medida.
Los ciudadanos deben presentar al ingreso del curso el original del recibo de pago con timbre bancario, correspondiente al descuento que aplique, de lo contrario no podrán tomarlo.
También se creó una comisión de denuncias y quejas contra los funcionarios del alto tribunal, y se impuso como un deber denunciar ante las autoridades competentes las presiones indebidas.
El organismo internacional advirtió sobre la invocación de figuras penales vagas e imprecisas, como terrorismo, subversión e incitación a la violencia, para sancionar expresiones críticas o de protesta.
Todas las IPS que tengan habilitado el servicio de urgencias deben prestarlo a las personas que lo demanden, sin necesidad de contrato o autorización, ya que se trata de un mandato legal.
Según el libelo, el derecho a morir con dignidad, del cual se deriva de un derecho fundamental como la vida, debe ser regulado por una ley estatutaria.
La Corte Constitucional advirtió que la prohibición de revelar estos datos no se extiende a todos los documentos, pues se limita a datos privados y sensibles.