La responsabilidad estatal derivada del error judicial no se configura simplemente con la existencia de un fallo adverso al demandante, pues, al resolverse un litigio, siempre habrá vencedores y vencidos, afirmó la Sección Tercera del Consejo de Estado. A juicio de la corporación, la parte vencida tiene el deber legal de soportar ese daño, salvo que la decisión que lo causó haya sido proferida en contravía del ordenamiento jurídico y violando abiertamente sus derechos, ya que solo así procede la reparación de los perjuicios (C. P. Olga Mélida Valle).