Esta es la propuesta en la que las cortes piden una constituyente para reformar la justicia

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial le pidió a la Cámara de Representantes el archivo del proyecto de acto legislativo de reforma de equilibrio de poderes, al considerar que la iniciativa no solo presenta vicios en su procedimiento, sino que también es inconveniente.

Dicha instancia propuso convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter limitado, para tramitar la reforma a la justicia, en los términos del artículo 376 de la Constitución. Según explicó, el proyecto que cursa en el Legislativo no resuelve, como se pretendía, los problemas estructurales de la justicia, ni está diseñado para un escenario de posconflicto.

A juicio de la comisión, una buena reforma constitucional en esta materia logra balancear y controlar los distintos poderes públicos de forma adecuada, razonable y con criterios de proporcionalidad, pues “su norte debe ser, de un lado, el principio de separación de poderes con los ajustes propios de un sistema de pesos y contrapesos”.

Además, señala que la propuesta de acto reformatorio contiene disposiciones que exceden el poder de reforma del constituyente derivado, porque implican la sustitución de la Constitución.

“Varias disposiciones del proyecto, no solo ponen en riesgo la distribución original del poder adoptada por el Constituyente originario. También diluyen la presencia de controles recíprocos entre estos, al concentrar el reparto del poder en una sola rama. Por citar solo algunos ejemplos, para corregir el problema de la politización de los poderes de elección que tienen actualmente las Altas Cortes, el proyecto sugiere retomar el sistema de ternas del presidente para la elección de los órganos de control. Esto podría traducirse en una intervención directa del ejecutivo en órganos independientes y de manera indirecta, en el aparato judicial, por las precisas funciones que cumplen algunas de estas instituciones en los procesos judiciales”, señala.

En su criterio, un proyecto de reforma constitucional que mezcla temas de tan variada naturaleza solo puede ser producto de un proceso deliberativo cuidadoso y riguroso, en el que se respeten las reglas propias del debate democrático.

En referencia a la Comisión de Aforados, advirtió que afecta la autonomía judicial y la garantía constitucional de independencia de la Rama Judicial, pues su diseño no modifica ni garantiza que se resolverán los problemas actuales que tiene la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Por lo tanto, asegura que la nueva comisión no es estructuralmente nueva, sino igual a la actual, ya que mantiene en un mismo ente de carácter colegiado las funciones de acusar e investigar que, a su juicio, la harán incluso más inoperante que la actual.

Adicionalmente, asegura que los cambios planteados por la reforma no involucran las materias más importantes a las que se verá abocada la administración de justicia en el escenario del posconflicto, no solo en relación con la rendición de cuentas de quienes se acojan a la justicia transicional, sino también a las demandas ciudadanas atendidas tardíamente por el sistema.

“Es una reforma absolutamente improvisada, donde imperan más las emociones frente a la coyuntura, en contra de las necesidades reales de la justicia”, sostiene la Comisión Interinstitucional.

La petición fue firmada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia; el Fiscal General de la Nación, y un representante de los trabajadores de la Rama Judicial. La Corte Constitucional se apartó de la discusión, teniendo en cuenta que sería el juez natural de la reforma e, incluso, de la eventual propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Reacciones

El ministro de Justicia, Yesid Reyes afirmó que el Gobierno está convencido de la necesidad y pertinencia de la reforma de equilibrio de poderes y está abierto a discutir las propuestas que se han hecho. A su juicio, proponer el hundimiento de esta iniciativa es evadir el debate, y advirtió que convocar una asamblea constituyente “solo conseguiría dilatar las reformas y mantener instituciones muy cuestionadas, como el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones”.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, señaló que el alto tribunal es consciente de que la administración de justicia necesita de una reforma, “iniciando por el enjuiciamiento de los altos magistrados, pero la manera en la que está concebido el proyecto es más de los mismo”.

“Necesitamos una Corte independiente, que no solo investigue, sino que juzgue y sancione oportunamente. El proyecto mantiene el mismo sistema de juzgamiento para el Presidente, Vicepresidente y aforados”, sostuvo, y agregó que “la Rama Judicial no ha sido ampliamente escuchada en este debate. Solicitamos un dialogo, abierto y firme. El Consejo de Estado no ha sido escuchado. Solo podemos acudir a foros, escenarios privados. No hemos tenido una interlocución valida con el Congreso”.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, que también ha propuesto convocar a una constituyente para reformar la justicia, sumó su voz en apoyo a esta idea, pues, en su opinión, “el Congreso no tiene la independencia para hacer una reforma en esta materia”.

Charry calificó como acertado utilizar la tercera vía de reforma a la Constitución, advirtiendo que es necesario un estudio previo de carácter democrático y técnico sobre su viabilidad. “Me parece que el diseño de la Comisión de Aforados tiene muchos defectos y sustituye a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con un modelo que ofrece muchas dudas. Sus procedimientos no tienen la legitimidad necesaria, aunque se debe reconocer que se ocupa de un tema importante, en cuanto al régimen de responsabilidades de las corporaciones judiciales”, agregó.