Justicia transicional en Colombia debe respetar obligaciones internacionales, advierte la CIDH

“La consolidación de un proceso de diálogo, y las expectativas de alcanzar una paz estable y duradera en Colombia, son elementos transversales en la situación de derechos humanos en el país. Si bien este proceso plantea una compleja dinámica para su consecución, la plena observancia de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, debe ser un aspecto central en el proceso de paz”.

Así lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2014 presentado en las últimas horas en su sede en Washington, en el cual también expresa preocupación por la grave situación de impunidad en relación con las violaciones a los derechos humanos por parte de todos los sectores en el conflicto armado.

La Comisión advirtió sobre la necesidad de que los acuerdos de paz y las disposiciones de justicia transicional que abran paso a la transición de la sociedad colombiana hacia una paz estable y duradera, se desarrollen en armonía con las obligaciones internacionales y ofrezcan posibilidades reales de cumplimiento.

De esta manera, destacó que,  si bien es cierto que el concepto de priorización sería en principio consistente con la importancia y necesidad de lograr el establecimiento judicial de la responsabilidad de los líderes más importantes, “no es menos acertado que el concepto de selectividad y la posibilidad contemplada de renunciar a la investigación y procesamiento de serias violaciones a los derechos humanos, sería en principio incompatible con las obligaciones del Estado”, advirtió. 

Por otro lado, se refirió a que la violencia derivada de la falta de una desarticulación efectiva y completa de las estructuras armadas de grupos paramilitares continúa impactando severamente los derechos de los colombianos.

Resalta además la grave situación de impunidad que se verifica en relación con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de todos los actores del conflicto, así como la falta de esclarecimiento de las dinámicas, alcances, composición y estructura de las antiguas autodefensas y los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares.

Por otro lado, el informe se refiere a la situación de los derechos humanos en Cuba y  Venezuela. En el caso cubano, afirma que las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en la isla.

Con relación a Venezuela, se refiere a la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos; la judicialización de la protesta pacífica y la  persecución penal de los disidentes políticos, así como los altos grados de impunidad que se registran y  las graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios.

El Informe consta de seis capítulos. El Capítulo I ofrece un panorama general de las actividades de la Comisión durante el año. El Capítulo II rinde cuentas sobre la gestión del sistema de casos y peticiones y las medidas cautelares, a través de un nuevo sistema de gráficos interactivos.

El Capítulo III está dedicado a las actividades de las relatorías temáticas. Allí se brinda información detallada del continuo trabajo que realizan las y los siete miembros de la Comisión en esa función. 

El Capítulo IV ofrece un panorama de la situación de los derechos humanos en el hemisferio durante 2014, a partir del ejercicio de las facultades de monitoreo de la Comisión.

La sección sobre Colombia del Capítulo V da seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe “Verdad, justicia y reparación: cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, publicado en 2013.

Por último, el Capítulo VI destaca los desafíos que la Comisión enfrenta en términos de recursos humanos y financieros.

Durante 2014, la Comisión continuó haciendo seguimiento a la situación de Justicia Criminal y Raza en la región. La CIDH considera que este asunto tiene la máxima importancia y aprobó una iniciativa para elaborar un informe temático.

Consulte el informe completo aquí