El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, sostuvo que el reconocimiento de estos derechos, en casos no aislados, sigue mediado por decisiones de los jueces, que asumen esta bandera ante la falta de acción de los administradores del sistema. Describió cómo a partir de la jurisprudencia se han establecido estándares de atención para poblaciones vulnerables como los desplazados, los adultos mayores, los presos, los habitantes de la calle, los homosexuales y las mujeres, pero subrayó que los esfuerzos del Estado no solo deben centrarse en grupos poblacionales en estado de pobreza o similares sino que debe extenderse a todos los sectores sociales, incluyendo regímenes contributivos, sean públicos o privados. Finalmente, hizo un llamado para que se tenga en cuenta la necesidad de garantizar la financiación del esquema.