El Consejo de Estado le advirtió a las fuerzas militares que no pueden excusarse en el adelantamiento de operaciones legítimas a la luz de la Constitución para librarse de la responsabilidad de reparar los daños causados a los no combatientes. También las alertó para que, una vez identificados sus blancos, se abstengan de lanzar ataques indiscriminados que pongan en riesgo a la población civil; al contrario, debe cerciorarse de que no causará perjuicios a los no partícipes de las hostilidades que habiten o transiten en esos lugares. Con esos argumentos, condenó a la Nación por el daño a una embarcación conducida por un civil, quien además fue herido en un ataque de la Fuerza Aérea a un laboratorio de droga que aparentemente operaban las Farc (C. P. Hernán Andrade).