Los proyectos del Fiscal General que se afectarían por sus críticas al Congreso

“En el Congreso nos reciben con agresión y con violencia. Por eso tenemos que hacer el debate ante la opinión pública”, dijo el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en una entrevista concedida al periódico El Tiempo, el pasado domingo.

Y no se ha quedado allí, ya van dos días de declaraciones en distintos medios, con las que ha reforzado su propuesta de una constituyente para reformar la justicia, que incluiría la participación de miembros de la guerrilla.

Tan pronto se conocieron sus declaraciones, el país político reaccionó y surgieron nuevas dificultades en la relación entre la Rama Judicial y el Legislativo, alimentadas previamente por la carta enviada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que pidió archivar el componente de reforma a la justicia del proyecto de equilibrio de poderes.

Ayer, el presidente del Congreso, José David Name, leyó una declaración respaldada por la mayoría de partidos para que la Rama Judicial respete su autonomía en el estudio de actos legislativos, y la invitó a dialogar. Precisamente, hace unas horas, intervinieron representantes de la justicia en una audiencia pública sobre el proyecto convocada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en séptimo debate.

Volviendo a Montealegre, ha dicho que “los congresistas tienen toda la autorización para calumniar e injuriar y agredir con la palabra, amparados en sus inviolabilidades parlamentarias. Cuando se quiere una protección especial para la justicia es impunidad, pero cuando ellos agreden e insultan amparados por la inviolabilidad ahí no hay impunidad. Doble moral”.

En reacción a esto, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, insinuó que Montealegre no debería llevar proyectos de ley a un Congreso que considera ilegítimo.

Este ambiente no parece el propicio para varias iniciativas preparadas por la Fiscalía, que podrían verse afectadas por este debate. ÁMBITO JURÍDICO recogió las propuestas que Montealegre impulsa ante el Legislativo:

Tribunal de garantías constitucionales

Hoy, la plenaria de la Cámara tiene programado para estudio, en segundo debate, el proyecto que crearía un tribunal nacional de garantías constitucionales en asuntos penales. Se trata de un órgano jurisdiccional que funcionaría como juez de control de garantías en las investigaciones o procesos penales contra aforados constitucionales o legales.

En el momento de su radicación, el fiscal Montealegre afirmó que “una de las fallas del sistema acusatorio es que no existe un organismo al interior de la estructura judicial penal colombiana que unifique la jurisprudencia y los criterios de interpretación de los derechos fundamentales dentro del proceso penal, esta labor la cumple excepcionalmente la Corte Constitucional a través del control abstracto de constitucionalidad, o través de la tutela, y la Corte Suprema de Justicia a través de la casación, pero no existe en Colombia un órgano que le dé coherencia a la justicia y a la unificación de las decisiones que toman los jueces de control de garantías en el país”.

Reforma a la Sala Penal de la Corte Suprema

La Comisión Primera del Senado estudia hoy martes, en penúltimo debate, una reforma a la estructura y funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es garantizar la doble instancia a los sujetos procesales con fuero constitucional.

Así, se aumentaría el número de magistrados de la Sala Penal de 9 a 15, los cuales integrarán tres salas: dos de juzgamiento y una de casación. Es de mencionar que si se convierte en ley, las investigaciones y los juicios que actualmente adelante la Sala Penal serán remitidos, en el estado en que se encuentren, a las nuevas salas de instrucción y juzgamiento.

Reforma al Código de Procedimiento Penal

La propuesta más reciente, radicada el 16 de abril, fue presentada por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación para reformar el Código de Procedimiento Penal.

Es un cambio estructural que suprimiría las audiencias que hacen más lento el sistema penal acusatorio y que, en el control de legalidad de la captura, prohibiría la suspensión de las audiencias y le impondrían plazos razonables a su duración. También se propone la inclusión de nuevos tipos de prueba, como la de análisis de contexto, para el juzgamiento de crímenes de sistema.

Queda esperar la reacción del Legislativo a estas propuestas necesarias para un sector que está en el centro de la polémica nacional.