Lejos de muchas críticas esbozadas, las modificaciones fueron importantes y abren un camino tortuoso y difícil para su implementación. Análisis de Francisco Barbosa.
“La actual propuesta de referendo de la senadora Viviane Morales es una distracción y una pérdida de tiempo, de energía y de recursos realmente irresponsable”.
2016, el año en el que los Olímpicos nos enseñaban una cosa y la política otra. En el primer caso, el más virtuoso necesariamente tenía que ganar; en el segundo, no existen criterios objetivos.
El experto Óscar Iván Palacio formula algunas propuestas para ampliar la cobertura, lograr la sostenibilidad y procurar la racionalización de las pensiones.
Son inaceptables las pretensiones de quienes piden que el Acuerdo Final sea declarado Acuerdo Especial y que automáticamente haga parte del bloque de constitucionalidad.
La verdadera preocupación de todos los sectores interesados debe orientarse a la etapa de implementación, en la que el Congreso aprobará temas que definirán el mapa político y social de nuestro país.
Las grandes preocupaciones constitucionales que surgieron en el acuerdo inicial quedaron resueltas a pesar de las erradas interpretaciones de los opositores a rajatabla de lo logrado.
Ni en el campo del arbitraje, ni en el del Derecho Internacional, el dualismo es deseable. El futuro dará prueba de las bondades, pero también de los problemas que suscita la solución dualista.
Los procedimientos deben tener la suficiente flexibilidad para que los concejos municipales desarrollen su propio esquema en función de su capacidad administrativa.
En medio de los acuerdos conocidos o escondidos, no es imposible que los nuevos vientos políticos permitan al marxismo acceder a la Corte Constitucional.
Si el legislador fue claro en definir como contrarios a la ley ciertos acuerdos, mal podría entenderse que la demostración de efectos favorables termina por desvanecer un mandato reiterado.
Debido a la gran importancia adquirida por la protección ambiental, se han ampliado los conceptos de responsabilidad en situaciones que antes no eran vislumbradas.
En su afán de aprobación, no se han vislumbrado las consecuencias de temas complejos en la reforma tributaria estructural, uno de ellos, el gravamen a los dividendos.
En algunos lugares genera más pasión un partido de fútbol que la idea fundamental según la cual todas las personas tenemos los mismos derechos y debemos ser tratadas con el mismo respeto
El discurso de Trump se basó en un marxismo de la extrema derecha que llama a la lucha contra Wall Street, contra la globalización y al desconocimiento de la institucionalidad liberal.
A pesar de la propaganda y de la descalificación de los opositores, se impusieron las alternativas inesperadas, voz a voz y con el uso de las redes sociales, como una reacción a la manipulación y a los miedos.
El Reino Unido nunca quiso ser parte de la UE, las circunstancias políticas y económicas lo llevaron a no querer estar por fuera, lo que es muy distinto.
Lo más curioso de estos tres casos es que, en litigios similares, por no decir idénticos, la votación haya sido diferente cuando se trató del Reino Unido.
Haber encauzado un debate político de tanta trascendencia poniendo como condición que la ciudadanía leyera y entendiera los acuerdos fue ingenuo y peligroso.
Estamos viviendo en Colombia momentos cruciales y difíciles que deben abrirnos caminos para encontrar un horizonte de tranquilidad y de concordia nacional.
Es el momento para empezar a fomentar esta alternativa, con todas las ventajas que trae para resolver los asuntos patrimoniales propios del conflicto familiar.
Para que de verdad sea monotributo, debe ser voluntario y debe incluir no solo los impuestos de renta, consumo e IVA, sino también ICA y seguridad social.
No deja de causarnos desconcierto las desproporcionadas limitaciones que la nueva legislación de policía le está imponiendo al sector comercial del país.
Lo que se ha tenido en Colombia es una democracia representativa contramayoritaria, que ha implicado un alto nivel de abstencionismo, una cultura política construida por los medios y por las redes sociales.
La inflación tan alta que tuvimos fue producto de un triple golpe: una devaluación excesiva, una sequía prolongada, pero, no menos, una demanda agregada muy fuerte.
Será difícil lograr que más gente se involucre en este proceso de búsqueda de ese objetivo que es la paz (¡increíble!). Así que ese 30 % que votó en esta última jornada tendrá que ser activo.
Es imperativo que las autoridades establezcan mínimos éticos de respeto por los ciudadanos, pues si bien es cierto que no puede esperarse infalibilidad, sí ha de exigirse la buena fe.
La mejor forma de garantizar que el nuevo Acuerdo tenga viabilidad jurídica y legitimidad política sería a través de una Asamblea Constituyente en los términos del artículo 376 de la Constitución.
En un juicio de responsabilidad por productos defectuosos el juez deberá considerar la conducta del miembro de la cadena de producción, distribución y comercialización frente al deber consagrado en artículo 19 del Estatuto del Consumidor.
En Europa y en América Latina los enfoques centrados exclusivamente en la persecución del delito son un patrón de los Estados, reflejado en la construcción y aplicación de sus políticas nacionales y la cooperación transnacional.
Una recomendación de la comisión de expertos es particularmente grave, intervenir a la sociedad civil organizada para calificarle a las organizaciones sin ánimo de lucro su “actividad meritoria” o no.
El Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional puede ser de gran ayuda en el desarrollo del punto quinto del Acuerdo Final, referido a las víctimas del conflicto.
Para llegar a una medición y evaluación de intangibles plenamente confiables se presuponen unos enfoques dependiendo del interés particular de la empresa o de la información a poner en evidencia.
Se debe pensar en un tratamiento preferencial para adultos mayores que sean propietarios de un solo inmueble y analizar si los de propiedad de las iglesias deberían estar gravados con el impuesto predial.
El Reino Unido nunca quiso ser parte de la UE, las circunstancias políticas y económicas lo llevaron a no querer estar por fuera, lo que es muy distinto.
La decisión sobre la admisibilidad de la declaración del sujeto moralmente despreciable no puede estar apoyada en sus conductas del pasado, sino en su relevancia epistémica.
Llegó la hora para que se haga no solo la cuantificación técnica de cuánto vale el posconflicto, sino la identificación de las fuentes fiscales para financiarlo.
Lo que ocurre en Colombia a este respecto no es inédito, pues históricamente los Estados han construido sus monopolios seculares no solo a través de la imposición armada, sino negociando con sus contradictores armados.
Existe una fuerte polémica sobre la efectividad de la figura, y la posible insuficiencia en el desarrollo legislativo acerca de las causas que dan lugar a la misma.
“Como tardó tanto en ser tomada la decisión y llegó en tiempos donde todo se lee en clave política, Alejandro Ordóñez dejó su cargo con impunidad social”.
El manifiesto es muy significativo en momentos en los que reflexionar sobre el sistema penal y, especialmente, sobre los problemas que explican su desacomodo al paradigma constitucional de persecución penal
Quizás, como lo anotó Humberto de la Calle, hoy estamos dando un cambio en el modo de vida violento para dar un salto hacia una vida desconocida y pacífica, lo cual puede producir pánico.
De cara a la Colombia que se busca construir, es forzoso evaluar si contamos con instituciones idóneas para que los emprendimientos urbanos y rurales lleguen a buen puerto.
La construcción de un nuevo país debe empezar por algo tan básico como el uso de un lenguaje de tolerancia que conlleve a actos de política conciliatorios.
Que la euforia de alcanzar el Acuerdo Final no lleve a sus suscriptores ni a contradictores a desconocer las reglas constitucionales para su refrendación.
Mucho se ataca la doble tributación, pero nada se opina sobre la cascada impositiva, pues quienes están sometidos a ese fenómeno poco pueden influir por su limitada capacidad de cabildeo.
Dos meses después de las votaciones, en Gran Bretaña existe gran preocupación sobre el futuro del sector financiero, uno de los más dinámicos y pujantes de esa economía.
Las segundas instancias ya no serán escenarios para prodigar justicia, sino la simple comprobación de si el apelante tuvo buena puntería y si dio, o no, en el blanco de la argumentación
Juzguen ustedes si existe o no inseguridad jurídica cuando mediante una de tutela la Sección Cuarta deja sin efecto otra providencia del 2014 de la misma corporación, luego de un pleito de 10 años.
Pocos visionarios e intelectuales como Tito Livio Caldas son merecedores de la admiración de quienes tuvimos la suerte de arrimarnos a la grandeza de su espíritu.
El gobierno ecuatoriano, que ha utilizado todas las herramientas a su alcance para censurar a la prensa, encontró un instrumento poderoso para sacar de la red información crítica.
El Gobierno tiene derecho a defender la pregunta que formule sobre su decisión política. Pero, una cosa es apoyar el acuerdo suscrito y otra, bien distinta, es hacer las veces de agente electoral.
La política pública hacia el estímulo de la agroindustria debe orientarse más en dotar a las zonas rurales de los bienes públicos que carece que hacia los subsidios y exenciones indiscriminadas.
Colombia debe enfocarse en el derecho consuetudinario dejando en claro cuáles son las normas de la CNUDM que considera les son aplicables por vía de costumbre internacional.
Es importante conocer la jurisdicción en la que se va a aplicar el contrato y, dentro de ella, elegir entre juzgados ordinarios y las diferentes cortes de arbitraje.
La regla de oro está en preguntarse si la situación respectiva puede llegar a ser vista como una conducta que morigera la vocación natural de rivalidad comercial. Columna de José Miguel De la Calle
Se deben diferenciar las celebraciones teológicas y litúrgicas de Semana Santa a cargo de la Iglesia Católica de las muy distintas y ancestrales procesiones de Popayán.
Los intereses de la sociedad están por encima de las conveniencias y pretextos de la Corte Constitucional. Ella, quiera o no, está obligada a garantizar la seguridad jurídica.
En el régimen presidencial, el único aforado es el Presidente de la República; increíble que los magistrados y el Fiscal General se apropien de un régimen que no les pertenece.
En el futuro, no bastará con que los abogados ignoremos las implicaciones subyacentes de nuestra asesoría, pues nuestra condición de expertos nos impone un estándar de mayor de diligencia.
Las decisiones proferidas a partir de la Sentencia C-492 del 2015, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 10 de la Ley 1607 del 2012, han generado diversas opiniones.
Es sorprendente que el ambiente ético no nos lleve a modificar nuestra relación con los otros, como lo ha comenzado a hacer el ambiente físico con nuestra relación con el mundo natural.
Análisis de Rodrigo Uprimny y Diana Güiza, investigadores de Dejusticia, sobre el comunicado del fallo de la Corte Constitucional sobre el Plebiscito para la Paz.
Buena parte de nuestra economía es informal, y no precisamente originada en las operaciones de pequeños agentes económicos, sino en la complejidad del sistema, que no lo hace accesible.
Lo que ocasionó en este caso el rompimiento de la comunidad de trabajo fue la existencia de la relación íntima en la que están involucrados dos trabajadores.
Las frecuentes reformas que se le han hecho a la Constitución Política han perturbado el equilibrio de poderes, como la reelección presidencial o han frenado la descentralización.
Cualquier reforma institucional que se haga con el fin de poner a andar el acuerdo de participación política de los excombatientes tiene que pensarse como una pieza de un rompecabezas muy complejo.
Según expertos, el tema probatorio cada vez adquiere mayor relevancia, ya que la contabilidad y su relación con otras profesiones requieren de gran erudición y rigor que hacen extrañas las discusiones “de mero Derecho”.
Juan Manuel Charry propone un test para que los lectores y electores se puedan formar un criterio que sea útil para establecer en qué sentido podrían votar el plebiscito.
Ejecutoriada la sentencia que declare disuelta la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se deben contabilizar 30 días hábiles, para promover la liquidación de la sociedad. Análisis de Torrás Abogados.
No es gratuito que se haya planteado que el Estado es parcialmente el remplazo secularizado de la idea de Dios. Creemos irracionalmente en un Estado y un Dios poderoso, aunque no los podamos ver.
Múltiples colegas, discípulos y medios especializados se han unido a esta conmemoración, dejando constancia del valor intelectual y la calidad personal del agasajado.
Los derechos reconocidos en la Ley 1392 deben usarse como una oportunidad para que la pobreza deje de asumirse como inevitable y la dignidad deje de ser un lujo para quienes sufren el mal de San Vito.
Debería aplicarse el método de “imputación”, conforme al cual el impuesto de renta pagado por las empresas se debe imputar como un anticipo al impuesto a cargo de los accionistas.
Con el Decreto 1732 de 1938 se frustró, para nuestro país, y para deshonra de la política exterior colombiana de aquel momento, la ocasión irrepetible de haber sido la patria que hubiera podido acoger a Hans Kelsen.
Los “Adanes” desconfían de la cita y escriben sin pudor 500 folios con apenas referencias, que serían 200, si se les prohibiese reproducir al milímetro cada disposición normativa.
Es interesante ver cómo dos Estados “pequeños” están demandando a dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, demostrando que el mejor mecanismo de defensa que tienen es el Derecho.
Esta historia pone de presente la urgencia de elaborar marcos institucionales que resguarden a quienes descubren violaciones de derechos humanos o actos de corrupción.
Rodrigo Uprimny Yepes y Diana Isabel Güiza, investigadores de Dejusticia, analizan la forma como el plebiscito y el acto legislativo integran un sistema normativo previstos para el logro de la paz.
Un abogado que se interese por la ética y el arte obtendrá lecciones invaluables para su escritura. Aprenderá que un escritor honesto es aquel que entiende que su lenguaje son los límites de su mundo.
En palabras simples, la Rama Judicial no se puede tocar por vía del legislativo, así la Corte Constitucional redacte un comunicado diciendo lo contrario.
Hizo bien la Supersociedades al corregir su error interpretativo y devolver la tranquilidad a empresas locales que, por alguna razón, han designado como representantes legales a personas residentes en otras jurisdicciones.
Las estipulaciones no han tenido la aplicación que se esperaba, no solo por nuestra marcada cultura confrontacional, sino por el menosprecio de los valores constitucionales por parte de algunos funcionarios.
El país ha venido regulando una serie de directrices con el ánimo de que los autores reciban una participación sobre las fotocopias y reproducciones de sus obras.
Yo me pregunto: ¿En la triste situación económica de Venezuela serán capaces los jueces del Tribunal Constitucional de admitir tutelas en favor de los pobres, como sucede en Colombia?
Una economía abierta y altamente competida debería generar, incluso, los incentivos suficientes para que los productores se mantengan en una constante vocación innovadora.
Decisiones recientes de casación deben resaltarse como muestras de una judicatura que, aun a pesar de las circunstancias adversas, se mantiene como bastión de meditación, sensatez y razón
Al resolver las acciones que ya se anuncian sobre esta reforma constitucional, hay que tener en cuenta varias dudas constitucionales que se ciernen sobre el blindaje jurídico.
La condición del Congreso termina siendo inferior a la de cualquier oficina notarial: debe refrendar el acuerdo final y las decisiones constitucionales y legislativas que de él se deriven.
Los factores que han desatado la agitación de la población son primordialmente las crisis económicas profundas, los actos ilegales y/o abusivos de los mandatarios y los escándalos de corrupción.
La deuda pública externa colombiana es bastante elevada y la devaluación ha encarecido su servicio, o sea que el Gobierno debe hacer mayores esfuerzos para estar al día con sus pagos.
Al igual que en los casos anteriores, el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia ha ido adaptándose al concepto de familia para armonizarla con los alcances constitucionales de una comunidad de vida.
Si bien es cierto la calificación de la exención del 25 % de las rentas laborales no garantiza el mínimo vital de los contribuyentes, también lo es que la situación fiscal no debe interferir en esa garantía.
El jazz es una manera de dialogar con otros, de estar con otros, y de constantemente reconocer que compartimos con otros el anhelo de tener una comunidad.
Pese a que existe un régimen de controles adecuado para los anticipos, el Gobierno, desde el año 2002, ha optado por implementar políticas de su “uso excepcional”.
El origen de la soberanía alimentaria está relacionado con la lucha del campesinado contra su explotación y extinción (proletarización) a manos de la agricultura capitalista.
Creo que se ha sobredimensionado el aparente resultado negativo de esas decisiones, al no tener en cuenta los importantes puntos que nos fueron favorables.
No hay que lamentarse por tener alcaldes o gobernadores sin doctorado. Ni siquiera hay que dolerse de que nuestros jueces o magistrados no sean doctores. Eso no les haría necesariamente mejores gobernantes ni mejores jueces.
En vigencia de la Ley 1448 del 2011, ya se han restituido 201.000 hectáreas. Un área equivalente a la del departamento del Quindío. El 95 % de los fallos proferidos le han dado la razón a los reclamantes.
El temor y el afán están construyendo una maraña jurídica de reformas constitucionales dudosas, que no solo haría más incierto el proceso, sino que excluiría la refrendación ciudadana.
En contra de las opiniones discriminatorias es más eficaz la existencia de acciones afirmativas que promueven la diversidad, que la implementación de sanciones penales.
El aumento de la licencia de maternidad debe analizarse más allá del prejuicio machista maternidad/productividad superado ampliamente en la historia moderna. Análisis de Iván Daniel Jaramillo.
Seguramente, los gobiernos progresistas, ahora acusados de todos los males imaginables, cometieron errores, pero demonizar la experiencia vivida en estos años no beneficia a nadie.
Hoy, cambiar regulaciones, ajustar impuestos, transformar el régimen tarifario, etc. son cosas que los Estados tienen parcialmente enmarcadas en múltiples tratados que en algunos casos no son coherentes entre sí.
A raíz de la divulgación masiva de información producida por los denominados Papeles de Panamá, ¿qué deberían hacer las firmas de abogados para proteger sus datos? Análisis de Adalid Abogados.
El mecanismo de selección de tutelas que dio origen al asunto Pretelt- Fidupetrol sigue intacto y, en consecuencia, la corrupción aún tiene las puertas abiertas.
Con un valor superior a los 140 billones de pesos anuales, el mercado de compras públicas se ha convertido en el más grande del país, por encima de la construcción, el sector financiero o los establecimientos de retail.
Se requiere primordialmente una decidida voluntad política, la instrumentalización tecnológica, una visión estratégica y sostenida de largo plazo y, sobre todo, administración.
Los pasos en falso que estamos dando nos pondrán en un escenario en el cual los recursos que se requerirán para el posconflicto terminarán en manos de las multinacionales que demandarán al Estado.
Es preciso garantizar que la información acopiada en las eventuales investigaciones, con base en la cual ha de administrarse justicia, sea la más confiable, exacta y oportuna.
En la jurisdicción especial para la paz se cruzan tanto una desbordada dimensión ratione materiae y personae, como la posibilidad de definir mecanismos procesales de selección y priorización.
Estas herramientas pueden emplearse, en cuanto sea adecuado y conveniente, para promover y dinamizar el mercado de compraventa de compañías en dificultades.
Una reforma, no solo legal, sino administrativa, de los consultorios jurídicos tendría que empezar por repensar el lugar que ocupan en las comunidades.
Las decisiones de la Corte Constitucional no son el instrumento jurídico adecuado para institucionalizar esta forma de matrimonio, se requiere de mayores consensos sociales y políticos.
Con este panorama, parece que las probabilidades de triunfo son más altas para la hija de Alberto Fujimori. Su esfuerzo por construir una estructura partidista en los pasados cinco años, al parecer, le dará los réditos que ha buscado.
Es un deber actuar contra el acoso laboral, pero no puede perderse de vista que no toda reclamación o decisión en la que alguna de las partes esté en desacuerdo deba convertirse en acoso.
La Junta del Banco de la República deberá mostrarse más decidida para frenar tanto la presión inflacionaria como las expectativas incrédulas de los agentes frente a su meta.
Los Papeles de Panamá no son una gran oportunidad para descubrir capitales ocultos, ni tampoco los inversionistas tendrán que enfrentarse con el diablo como consecuencia de la develación de la información.
El simple hecho de estar en la lista de clientes de la firma Mossack Fonseca no dice nada sobre la licitud o ilicitud de las operaciones realizadas por una persona.
El decreto identifica comportamientos reprochables y los sanciona, pero a pesar de la loable intención, el resultado de la reglamentación es desafortunado.
Esta duda ha rondado la mente de miles de estudiantes y de muchas entidades educativas que suelen enviar las notas de los estudiantes a la web. Análisis de Adalid Abogados.
La Constitución colombiana no establece cláusulas pétreas, como si lo hace la Constitución brasileña o la alemana. Esto significa que no tiene un contenido intangible.
Vale la pena preguntar: ¿Qué fuerza vinculante tendrán los fallos que dicte la CIJ? ¿Obligarán a Colombia? Si no los acata, porque le fueron desfavorables, ¿a qué sanciones se expone?
La política agraria no solo es repartir tierras peladas, como se decía en los tiempos del Incora, es también, y ante todo, una política de desarrollo rural integral.
Preocupa que en la administración de vacantes se corra el riesgo de que los nombramientos no se den por los méritos de los elegidos y se conviertan en moneda de cambio de nocivas negociaciones.
Es tan importante que se garantice el aborto digno y seguro a las mujeres con zika que así lo decidan, como que se asegure el derecho de las mujeres que quieran llevar a término este embarazo.
El Gobierno Nacional está en mora de expedir el decreto respectivo o de intervenir para que se promulgue la ley reglamentaria del sistema de detección electrónica.
Cuando hablemos de paz, no debemos olvidar aquello que Kant nos enseñó: “no debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra en el futuro”.
Existe una fuerte relación de los supermercados con el ejercicio del derecho a la alimentación, no solo de los consumidores finales, sino también de los productores.
En Colombia, aún no se han generado grandes discusiones sobre el privilegio abogado-cliente, pero varios hechos podrían generar el debate sobre el alcance de esta figura.
El experto Luis Fernando Macías analiza la reciente Sentencia C-035 del 2016 de la Corte Constitucional sobre proyectos mineros en los páramos. Comentan Jorge Iván Hurtado y María Paula García.
Es urgente establecer el marco normativo que regulará las situaciones derivadas del falló que habilitó la adopción conjunta por parte de parejas homosexuales.
Es importante que, en cada caso, se revisen los artículos 674 y 675 del decreto, sobre la aplicación escalonada y la vigencia de las disposiciones allí consagradas.
Al Gobierno se le salió de las manos el tema por su falta de pedagogía y la manera errática como ha direccionado el debate. El Presidente se ha quedado solo en la faena de explicar los acuerdos.
La ley evita crear un sistema de responsabilidad penal empresarial, eludiendo por el momento un debate que el país se encuentra en mora de dar, referente a la posibilidad de establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas.
Si bien es diferente la finalidad comercial y tributaria, este impuesto significa reconocer el carácter de socio del Estado en el resultado empresarial.
Pareciera que para el Consejo de Estado, el Estado es un enemigo, bandido y rico, olvidando que las condenas corren por cuenta de los impuestos pagados en buena parte por gente sin mayores recursos económicos.
La importancia de ajustar esta figura razonadamente a nuestro contexto y, en esa medida, dotar con mayor coherencia el sistema jurídico e institucional colombiano es una necesidad inaplazable.
Era un lector e intérprete que, como buen italiano, partía de Dante y de sus cuatro vías, para descifrar un texto: lo literal, lo alegórico, lo moral y lo anagógico.
Nos encontramos en una coyuntura seguramente mejor que otras economías de la región, lo que no significa que la sabiduría popular nos entronice como los reyes de la región, asumiendo que en tierra de ciegos, el tuerto es Rey.
Nuestra imprevisión y miopía en épocas de vacas gordas han hecho muy dolorosa la destorcida de precios del petróleo, tanto en términos de devaluación como de penuria fiscal en los siete años de vacas flacas que se nos vienen.
Una responsabilidad que el Gobierno tiene desde ya es la de hacer una campaña pedagógica mediante la cual dé a conocer los acuerdos, y explique las condiciones bajo las cuáles se iniciará la etapa del posconflicto.
El artículo 247 del Código General del Proceso le da valor probatorio a los mensajes de datos, que están definidos en el artículo 2º de la Ley 527 de 1999. Análisis de Adalid Abogados.