Ahogamiento por descongestión

Ramiro Bejarano Guzmán

Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia

Existen innumerables deficiencias del sistema de administración de justicia en Colombia. Tal vez, la que con mayor entidad sirve como barrera de acceso es la lentitud de las actuaciones judiciales.

Procesos que tardan años esperando la resolución de asuntos menores. En el sistema penal “aplazatorio” se programan audiencias casi con la misma frecuencia con la que se cancelan. En el entretanto, sufre la ciudadanía, la industria y, en general, los usuarios de la justicia.

La contratación de un abogado se plantea como el primer –y en ocasiones el más importante- paso para iniciar un asunto judicial. El costo de esos servicios profesionales se incrementa por la demora del proceso y resulta un obstáculo para clientes y abogados.

Entre más tiempo transcurre entre el surgimiento de un conflicto y su resolución, menores oportunidades tienen el juez y las partes de probar los hechos. La dilación tiene efectos destructivos en el material probatorio, en la memoria y, en general, en el ímpetu para demostrar la causa.

Sin hablar de las consecuencias para las personas que se enfrentan, que necesitan del pronunciamiento de la jurisdicción para decir adiós a las diferencias, para vivir en paz. Un país que se enfrenta al posconflicto no puede depender de una justicia que ha perdido su ritmo y que es incapaz de materializar su función constitucional.

La primera instancia de un proceso en Colombia toma entre 4 y 5 años, sin importar la jurisdicción, ello a pesar de la existencia de hace más de 20 años de lo que equívocamente se ha denominado el Plan Nacional de Descongestión (PND). Erradamente descrito como un plan, pues si algo se ha demostrado es que no existe un programa coherente y eficaz para atacar la congestión que agobia nuestro sistema. 

El PND nos está costando a los contribuyentes 671.436 millones de pesos en este año fiscal y sus resultados no solo son paupérrimos, sino prácticamente desconocidos, como lo denunció la Contraloría General de la República. En el último informe que rindió el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) al Congreso (2013), se señaló un decrecimiento de la congestión judicial del 49 %, sin ofrecer ningún tipo de justificación técnica para explicar estas cifras. Y aunque tal vez haya menos procesos pendientes, los tiempos siguen igual o peor de largos que en cualquier otro momento de nuestra historia.

Y es que el CSJ ha rendido cuentas insuficientes -e incluso inexactas- sobre esta política pública, porque los réditos que obtiene en términos de clientelismo judicial son enormes. La supuesta temporalidad de la descongestión ha permitido que los funcionarios que cumplen esta labor sean nombrados “a dedo”, y a veces en especialidades diferentes a sus ejecutorias.

Como dichos funcionarios son nombrados en temporalidad, la incertidumbre de tales plazas conduce a que quienes las ocupan sientan la obligación de entrar en paro cada vez que se amenaza su subsistencia. La descongestión ha generado huelgas que han dilatado los procesos, como un círculo perverso del que somos todos víctimas.

La congestión y sobrecarga del sistema judicial es evidente y sobre ello tendrán que recaer estudios serios que permitan determinar de qué manera debe crecer cada despacho, respondiendo a la carga específica que tiene. Ello deberá conducir a reformas novedosas que incluyan a las nuevas generaciones de abogados, capaces de entender que la morosidad judicial no es solo un problema de insuficiencia de recursos. 

Lo claro es que el PND es un fracaso sin precedentes y en este no se debe invertir un solo peso más. El problema es que ahora la justicia colombiana, en su desorden, necesita de la descongestión como nómina paralela que mantiene al sistema con la cabeza por encima del agua.

Los tiempos de reforma que vienen con el posconflicto deberán ocuparse más tarde que temprano del cáncer de la congestión judicial, antes de que el sistema judicial en pleno se ahogue en un mar de expedientes y con él, los derechos del país entero.