Crisis en Brasil: ¿inestabilidad institucional?

Laura Wills Otero

Politóloga. Ph.D en Ciencia Política

El pasado 12 de mayo, fue suspendida de su cargo la presidente reelecta de Brasil, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT)[1], por acusaciones de haber cometido un “crimen de responsabilidad” por la violación de normas fiscales para maquillar el déficit presupuestal. A partir de ese momento, el vicepresidente, Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) asumió el poder en forma interina. En principio, su mandato se extenderá los 180 días que durará el juicio político. Si el resultado es la absolución, Rousseff volverá a la Presidencia. Pero si el Senado decide por mayoría de dos tercios destituirla permanentemente, Temer se podrá quedar en la Presidencia hasta el 1º de enero del 2019.

Este caso ha suscitado muchas especulaciones en los medios de comunicación que han sugerido, entre otras cosas, una crisis de inestabilidad política e institucional en la región latinoamericana. A esta conclusión han llegado tras observar otros casos recientes, tales como la declaratoria, también en mayo, por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro, del estado de excepción y emergencia económica; o la renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, en septiembre del 2015; o las protestas sociales en Ecuador en contra de enmiendas a la Constitución por parte del Presidente Correa. Los factores que han desatado la agitación de la población, que protesta en contra de los gobiernos electos, y que demanda la destitución de los mismos, son primordialmente las crisis económicas profundas (esto es, recesión y/o inflación), los actos ilegales y/o abusivos de los mandatarios y los escándalos de corrupción por parte de políticos oficialistas y de la oposición.

A estas crisis se suman todas las otras que se han desatado una vez las dictaduras militares de los 60 y 70 transitaron hacia regímenes democráticos en los 80. Entre 1985 y 2015, 21 presidentes latinoamericanos han finalizado su mandato antes de término. Aunque estos casos claramente expresan crisis de gobierno, y de inestabilidad institucional, la salida de los presidentes no se ha dado como resultado de golpes de Estado que amenacen la perdurabilidad de los regímenes democráticos (una excepción: Honduras 2009)[2]. Las destituciones han sido el resultado, en la mayoría de los casos, de escándalos de corrupción de los gobiernos de turno, y las vías por medio de las cuáles se han terminado los periodos a destiempo han sido diferentes: juicios políticos (4), renuncias (8), renuncia mediante elecciones anticipadas (5) y declaraciones de incapacidad (2)[3]. En este panorama, politólogos optimistas sugieren que dichas salidas muestran una gran capacidad de los regímenes presidencialistas para enfrentar favorablemente crisis de legitimidad y garantizar la perdurabilidad democrática. Dicha capacidad se da “mediante soluciones flexibles y cuasi-parlamentarias para las crisis políticas” (Marsteintredet 2008). Es decir, mediante la superación de las restricciones que imponen los sistemas presidenciales puros de términos fijos y legitimidad dual (del Ejecutivo y del Legislativo por separado).

Ahora bien, quienes no son tan optimistas plantean que las destituciones de los presidentes no necesariamente llevan a la solución de los males por los que salen del poder. Estas salidas pueden llevar a crisis peores de inestabilidad prolongada. En el caso de Brasil, la suspensión y eventual destitución definitiva de Dilma no garantizará ni la recuperación económica del país, ni la legitimidad de un gobierno en cabeza de alguien que no fue elegido popularmente, ni está libre de los escándalos de corrupción que afectan a la clase dirigente del país. Además, la sociedad se verá muy polarizada, y el partido saliente (el PT) impedirá la formación de una coalición que promueva la gobernabilidad en cabeza del PMDB.