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Los 25 años de la Constitución de 1991

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Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

 

 

La Constitución aprobada en julio de 1991 por una asamblea en la que hubo un equilibrio entre las fuerzas de izquierda, liberales y conservadores ha resistido el paso del tiempo. Como no había ninguna fracción dominante, se dio un ambiente propicio a los consensos que fueron ampliamente respaldados por los ciudadanos, una vez promulgada.

 

Las frecuentes reformas que se le han hecho han perturbado el equilibrio de poderes, como la reelección presidencial o han frenado la descentralización, que fue uno de sus acuerdos fundamentales. En el 2006, Álvaro Uribe logró cambiar las reglas de elección presidencial para perpetuarse en el poder, pero al intentarlo de nuevo en el 2010 fue derrotado por la Corte Constitucional que, esta vez, probó su independencia. En el 2000, el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, logró estabilizar las trasferencias como proporción de los ingresos del gobierno central, impidiendo que se fortalecieran financieramente los departamentos. Los municipios y, sobre todo, las ciudades, sin embargo, venían actualizando los catastros. Con el predial, lograron ampliar sus presupuestos, en los casos de Bogotá, Medellín y más adelante Bucaramanga y Barranquilla, dejando de ser mendicantes con el centro cachaco del país. Los departamentos siguieron atrofiados, dependientes de los impuestos a los vicios y tan pobres como siempre.

 

La independencia del Banco de la República hizo posible obtener inflaciones bajas y tasas de interés moderadas y no fue la apertura lo que desindustrializó al país. La bonanza del narcotráfico de los ochenta, la minera y petrolera de los noventa y la que se vivió entre el 2003 y el 2014 propiciaron un aumento de los ingresos en dólares que tanto abarataron las importaciones. Si no hubiera habido apertura, mayor hubiera sido el contrabando y el resultado negativo parecido para la industria y la agricultura.

 

Uno de los logros de la nueva Constitución fue el fortalecimiento (excesivo) de la Fiscalía que combatió al narcotráfico de manera exitosa. Otras decisiones políticas permitieron el aumento de la tributación que financió unas fuerzas de seguridad más robustas que debilitaron los grupos insurgentes, retirándolas de las regiones de importancia económica y forzándolas a negociar el fin del largo conflicto colombiano. Esto acerca al Estado colombiano, por fin, a que ejerza el monopolio de los medios de violencia y lo haga limitado por la ley.

 

Fracasos no faltaron: el sistema de justicia se tornó en una superposición de voluntades disputándose la hegemonía, abusando de los intercambios clientelistas y de posiciones entre Procuraduría (que debió ser eliminada, porque es una superfetación corrupta), Fiscalía, Judicatura y cortes. En vez de aprovechar la ocasión para simplificar y depurar el sistema, se optó por ampliar el botín burocrático y la obtención de prebendas gremiales, restándole eficiencia y cobertura a la justicia que quedó despojada de majestad y coherencia, pero multiplicando sus costos. El sistema político continuó asolado por el clientelismo y la corrupción, aunque pudieron surgir algunos grupos que se apoyan más en el voto de opinión.

 

En la negociación de La Habana, las Farc dejaron de criticar la Constitución de 1991 y postergaron su demanda por una nueva asamblea constituyente. Quizás se dieron cuenta de que la arquitectura constitucional erigida hace 25 años ha sido buena y que permitirá seguir democratizando al país.

 

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