Curiosidades hacendísticas de los acuerdos de paz

Juan Camilo Restrepo

Exministro, abogado y economista

jotacrestrepo@yahoo.es

Buceando en los abigarrados acuerdos de paz he encontrado algunos puntos novedosos - poco comentados hasta la fecha- que habrán de tener señalada importancia para las finanzas públicas del país en los años venideros.

Antes de comentarlos, quisiera hacer una reflexión de carácter general: quizás lo único más costoso que el posconflicto - que lo será por supuesto - es la guerra. De ahí que, sin duda, el mejor negocio que puede hacer el país es lograr arbitrar oportunamente recursos suficientes y oportunos para pagar la aclimatación de la paz en los años venideros. 

Al momento, y dada la profunda crisis fiscal que estamos viviendo, es evidente que el posconflicto está desfinanciado gravemente. Casi podríamos decir que para el primer año, es decir, para el 2017, prácticamente no hay recurso alguno disponible. Por el contrario, si tomamos como referencia el proyecto de presupuesto general de la Nación que se presentó al Congreso para el 2017, lo que observamos es un monumental recorte en las partidas de inversión para el año entrante. 

Veremos en las próximas semanas cuánto y cómo (quizás vía la redistribución presupuestal de algunos recursos o la asignación de una parte del producido de la próxima reforma tributaria al posconflicto) se pueda atender este déficit gigantesco que exhiben las necesidades de la paz para los primeros años. Los años iniciales son críticos en cualquier proceso de esta naturaleza, como lo demuestra la experiencia internacional.

Las curiosidades hacendísticas que he encontrado husmeando por los vericuetos de las casi 300 páginas de los acuerdos de paz son las siguientes:

1. La naturaleza del impuesto predial experimentará un cambio sustancial. De ser un impuesto proporcional pasaría a ser progresivo. En efecto, el punto 1.1.9 puntualiza que se hará una “adecuación de la normatividad para que los municipios fijen las tarifas del impuesto predial en desarrollo del principio de la progresividad: el que más tiene más paga, fundamento de la equidad y la justicia social”. 

Hoy, los municipios fijan las tarifas del predial dentro de unas franjas que señala la ley. Pero no lo hacen observando criterios de progresividad, sino que es un impuesto proporcional, o sea de tarifa igual para cualquier predio.

Este compromiso levantará, desde luego, ampolla en ciertos círculos. Tanto más cuanto que esta nueva visión del predial  irá acompañado de la puesta en marcha del catastro multipropósito durante los próximos siete años, y que tiene como objetivo, entre otros, acercar los avalúos rurales a sus valores comerciales. 

Actualmente, el atraso es gigantesco: se calcula que, aproximadamente, un 50 % de los predios rurales no revelan los verdaderos valores comerciales, base del predial. Para que se tenga un orden de magnitud del problema, el valor catastral de toda la Colombia rural equivale a un tercio del valor del catastro de Bogotá.

2. La elaboración de los planes de desarrollo a nivel municipal y departamental se hará en adelante, si se cumple con lo acordado en La Habana, sobre las bases de lo que se llama una participación ciudadana previa o presupuestación participativa. Así lo dispone el punto 2.2 de los acuerdos. Será una verdadera revolución en la manera como se asignan los recursos de inversión en el ámbito territorial.

3. No se sabe aún exactamente cuánto vale el posconflicto. Hay cálculos iniciales, pero no cuantificaciones exactas ni identificación de recursos para financiarlo. Pero lo sabremos pronto. Al día siguiente de la firma del acuerdo final, dice el punto 6.1.a, se constituirá la comisión de “implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”. A los cuatro meses de constituida esta comisión, es decir, antes de finalizar el 2016, deberá presentar un “Plan Marco para la implementación de los acuerdos”. 

Este Plan Marco, que tendrá una perspectiva de 10 años, deberá servir como insumo de un Conpes que se reunirá “a la mayor brevedad”, dicen los acuerdos, y en donde se fijarán, según el punto 6.1.1, los recursos indicativos necesarios para financiar el Marco de la Paz y la identificación de las fuentes que habrán de nutrirlo. 

Este Marco Financiero, que será la carta de navegación fiscal del posconflicto, se ensamblará -dice finalmente el acuerdo- con el Plan Plurianual de inversiones de la paz de que trata el Acto Legislativo 01 del 2016, recientemente aprobado.

En otras palabras, llegó la hora para que sin ambigüedades -como ha sucedido hasta el momento- se haga no solo la cuantificación técnica de cuánto vale el posconflicto, sino, lo que es aún más importante, la identificación de las fuentes fiscales que habrán de financiarlo.

Y todo esto, según los acuerdos celebrados en La Habana, deberá tener lugar en el segundo semestre del 2016. El mismo semestre en el que se estará tramitando y aprobando la reforma tributaria estructural. 

Llegó, pues, el momento de poner en blanco y negro las cuentas fiscales del país. Las fiscales: porque a la reforma tributaria a la que tantas largas se le ha dado se le acabó el tiempo; y las del posconflicto, pues una vez firmada la paz y votado el plebiscito, empiezan a marcar los taxímetros de los acuerdos convenidos en La Habana. Y tenemos que contar sin falta con los recursos para pagar esta crucial carrera.