“Un referendo falaz”, columna de opinión de Mónica Roa

Mónica Roa

Especialista en uso del Derecho para la promoción del cambio social y en equidad de género

¿En qué gastamos la energía reservada para resolver los problemas del país? ¿Cómo determinamos nuestras prioridades sociales? ¿A qué debates decidimos dedicarles nuestro tiempo y atención?

Tengo claro que las familias deben ser una prioridad para el debate público, pues estas constituyen el núcleo de la sociedad. Los problemas que las familias enfrentan son graves y explican en gran parte muchos de los retos que sufrimos los colombianos en nuestra convivencia. Los datos demuestran que muchas familias se han convertido en escenarios de abuso, violencia, abandono y violación. De acuerdo con la encuesta nacional de demografía y salud, el 40 % de hombres y mujeres creen que “los hombres de verdad son capaces de controlar a sus parejas” y el 17 % de los hombres con más riqueza en el país justifican la violencia contra las mujeres. La violencia física, sicológica, sexual y económica hacen parte de la vivencia diaria de las parejas en el país y mientras la violencia de hombres contra mujeres baja lentamente, la de mujeres contra hombres va en aumento. Según la Consejería para la Equidad de la Mujer, en el 2015, hubo 150 denuncias diarias por violencia intrafamiliar.

Esta violencia la replican hombres y mujeres contra sus hijos e hijastros que crecen naturalizando la violencia y creando un círculo vicioso realmente preocupante. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el 2015, hubo 21.666 procesos de protección por maltrato infantil que, en su gran mayoría, sucedieron dentro de la familia. En el 2005, Human Rights Watch documentó cómo muchos de los niños y niñas combatiendo en las filas de los grupos armados ilegales habían huido de sus familias para escapar de los constantes abusos. Un informe sobre prostitución infantil en Bogotá publicado por la revista Semana estableció que el 71 % de las niñas entre los 9 y los 16 años que ejercen la prostitución escaparon de la violencia física y sexual que vivían en sus propias familias. Y es que, según los datos de Medicina Legal, el 75 % de los casos de violación ocurren en el entorno familiar, y el 75 % de las víctimas de violencia sexual son menores de edad, dentro de los cuales el grupo más afectado es el de las niñas entre 10 y 14 años, que registra 21 casos de violación diarios y que termina con 18 niñas en esas edades dando a luz diariamente.

Indignarse por el caso de Yuliana Samboní, donde un hombre desconocido la raptó para violarla, torturarla y asesinarla, es más fácil que hacerlo por el caso de la bebé de dos años que murió esa misma semana, después de haber sido violada y abandonada en un hospital de Suba por sus propios padres. Los dos casos son igual de tenebrosos, pero uno de ellos, el que no es excepcional, y socialmente decidimos ignorar, es el que nos obliga a preguntarnos ¿qué está pasando dentro de nuestras familias en Colombia?, ¿qué estamos haciendo para educar en valores a quienes van a formar sus propias familias?, ¿qué herramientas estamos dando para que nuestros jóvenes tomen decisiones informadas y responsables sobre cuándo, cómo y con quién iniciar una familia?

Estoy de acuerdo en que es importante discutir los problemas de las familias y buscar formas de proteger la integridad y los derechos de los niños y de las niñas. Sin embargo, el debate no es de forma, sino de fondo. Las familias colombianas están conformadas de muchas formas y buscar unificarlas es ingenuo y, sin duda, crearía problemas y no resolvería ninguno. Lo realmente urgente es debatir el problema de fondo: ¿cómo acabar con los problemas que ocurren dentro de muchas familias que afectan el bienestar y la integridad de sus miembros, y pone en riesgo el proyecto de vida de nuestros niños y niñas?

Hay muchos problemas por resolver y la energía es limitada. Por todo esto, creo que la actual propuesta de referendo de la senadora Viviane Morales es una distracción y una pérdida de tiempo, de energía y de recursos realmente irresponsable. Precisamente porque compartimos la preocupación por las familias y el bienestar de niños y niñas, quienes ejercemos una ciudadanía política activa tenemos el deber de poner en evidencia que se trata de un referendo falaz y de un uso ineficiente de los recursos de la democracia. ¡Pongámonos serios!