El consultorio jurídico del posconflicto

Ramiro Bejarano Guzmán

Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia

“Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Es el cuarto mandamiento del abogado de Couture. Ninguna profesión carga en sus hombros más peso social que la abogacía. Quien cuenta con el conocimiento de la ley posee información única que puede conducir a que, tanto él o ella, como la comunidad entera, vivan mejor.

Precisamente por esa valoración del ejercicio del Derecho es que existen regulaciones que exigen al futuro abogado prestar sus servicios de manera gratuita a quienes carecen de recursos. Ocurre lo mismo con los médicos, otra profesión de insuperable valor social, quienes al final de su formación laboran de manera gratuita. No se exige lo mismo de otras profesiones. Ello no deriva en una priorización de las carreras -cualquiera bien conducida puede transformar el mundo-, pero sí resulta en responsabilidades que solo tienen algunos profesionales.

El ejercicio de la abogacía es fundamental para la materialización de los derechos del resto de los individuos. Nuevas aproximaciones al acceso a la administración de justicia han definido al abogado como presupuesto esencial de este derecho; como parte intrínseca de la preciada relación justicia-ciudadano.

La regulación de los consultorios jurídicos (CJ) en las universidades se desprende de esa concepción de la función social de la abogacía. No es solo un deber prestar gratuitamente su conocimiento a la comunidad, sino que resulta una experiencia de aprendizaje sin precedentes, si se emplea de manera adecuada. En todas las regiones de Colombia, la labor de los CJ ha conducido a la materialización de derechos que en otros casos hubiese sido imposible. 

La importancia de estas instituciones ha sido ignorada, tanto por las entidades que las regulan como por las universidades que, en ocasiones, se limitan a entender a los CJ como un requisito de grado y no como el factor de transformación social que son. Continuar ignorando esta potencialidad es perder una oportunidad fundamental de cara al posconflicto, donde las necesidades de justicia de una población de escasos recursos serán enormes. Nuestro lento, congestionado y mal administrado sistema judicial no está preparado para tramitar las causas que no han llegado a este en virtud del conflicto, pero mejorar las vías de acceso es el primer paso en la solución.

En primera instancia, se debe impulsar una reforma del régimen que regula este asunto. El Decreto 196 de 1971 crea estos centros de ayuda legal, señala que los tribunales superiores del distrito judicial deben aprobar su existencia, y menciona que los estudiantes fungirán como “abogados de los pobres”. Esta regulación es desactualizada y poco conducente para lograr un mejor funcionamiento de los CJ.

Una reforma, no solo legal, sino administrativa, de estos centros tendría que empezar por repensar el lugar que ocupan en las comunidades. ¿Cómo pueden los CJ responder a las necesidades concretas de una comunidad? No es ofrecer servicios en abstracto, sino entender que si en un barrio existe un problema de posesión ilegal de la tierra, se ofrecerán servicios orientados a este tipo de causas y, además, elementos pedagógicos que contribuyan en la prevención de dichos conflictos.

Se debe informar también sobre otras disciplinas que, al ser malentendidas, inevitablemente conducen al ciudadano a la justicia. Por ejemplo, capacitaciones sobre usos y prácticas adecuadas del sistema financiero.

También es importante promover comunicación entre los CJ del país, para compartir buenas prácticas, generar estadísticas apropiadas, que les permitan autoevaluarse y facilitar el seguimiento a su labor. Finalmente, impulsar la oferta de servicios jurídicos desagregados que permitan tramitar desde procesos enteros a pequeñas consultas, que también congestionan y afectan la relación del ciudadano con la justicia cuando permanecen irresueltas.

El posconflicto representa grandes retos para las universidades, este es solo uno de ellos que, de ser tratado, podría conducir a una revolución en términos de acceso, y cómo diría Couture, no solo para el derecho, sino también para la justicia.