Los derechos económicos y sociales en clave chavista

Javier Tamayo Jaramillo

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

tamajillo@hotmail.com

Las dificultades económicas en el mundo entero han menguado la garantía de los derechos sociales y económicos. Por ello, los Estados deben ser cautelosos en el ahorro de sus ingresos y en el destino de sus inversiones y tener en cuenta que los recursos financieros, pocos o muchos, deben repartirse por iguales partes entre los menesterosos.

Lo anterior se apoya en el principio según el cual todos los derechos constitucionales, aun los fundamentales, son principios de optimización, es decir, exigibles en la medida de lo jurídica y fácticamente posible, y, por lo tanto, nada garantiza su protección inexorablemente.  Si hay una pandemia en un país con escasos recursos para auxiliar a las víctimas, mal hace el juez que no tiene en cuenta que los recursos financieros existentes deben repartirse entre todos los necesitados en un nivel de igualdad, pues si por medio de tutelas se conceden tratamientos extremadamente costosos a quienes demandan, no hay que ser economista para darse cuenta de que ese fallo viola el principio de igualdad, ya que no se le podrá garantizar la misma prestación a todos los enfermos. El costo de esos fallos de tutela dejará sin protección a determinado número de personas.

Se me contraargumenta, a menudo, que la limitación de recursos se debe a la corrupción y al robo por parte de muchos políticos y que, por lo tanto, ello justifica las sentencias favorables a los demandantes. Estoy de acuerdo con lo del robo. Pero fallar violando el principio de igualdad de los necesitados lo que hace es cobrarle lo robado no a los ladrones, sino a esos menesterosos. Políticamente hablando, contra los corruptos cabe la acción política, para que se nombre o elija a personas honestas y para que haya jueces honorables y sabios que luchen contra la corrupción. Pero es injusto y violatorio del derecho de igualdad esa especie de venganza, que pone a los menesterosos para quienes no alcanza el presupuesto a asumir el costo de lo robado por otros.

Digo lo anterior porque el neoconstitucionalismo ideológico que ha permeado las facultades de Derecho y a algunos jueces debe, por lo menos, discutir lo que ha ocurrido en varios de los países donde gobiernan partidos de corte socialista del siglo XXI, y donde el déficit financiero tiene a dichos pueblos en la miseria. En efecto, si los tribunales constitucionales, como el colombiano, pueden y deben garantizar los derechos económicos, sin importar sus costos económicos, lo mismo deberían hacer los tribunales constitucionales de estos países.

Sin embargo, en estos gobiernos autoritarios, los tribunales constitucionales y el Parlamento están sometidos al Ejecutivo, pues la democracia formal que existe no permite el pluralismo y la división de poderes. Yo me pregunto: ¿En la triste situación económica de Venezuela serán capaces los jueces del Tribunal Constitucional de admitir tutelas en favor de los pobres, como sucede en Colombia? De inmediato, el tribunal que falle favorablemente una tutela en dicho país como mínimo irá a la cárcel, por contrarrevolucionario. En el socialismo del siglo XXI el derecho de los jueces no existe, pues dicha ideología lo aniquila. Y los derechos sociales y económicos ya no hay cómo garantizarlos.

En Argentina, por ejemplo, el pasado gobierno arruinó las arcas del Estado para otorgar derechos sociales de todo tipo al pueblo, para así perpetuarse en el poder. Hoy, hay 2.400.000 jubilados que no reciben su pensión, pese a que ya tienen el derecho adquirido y reconocido. Y en Brasil, los últimos gobiernos concedieron con creces los derechos sociales y económicos, aumentando irracionalmente el gasto. Hoy, el país está quebrado, y ya se están recortando parte de los derechos concedidos.

Me duele como ser humano que todo esto ocurra. Pero esa es la prueba de que los derechos sociales están sometidos, quiérase o no, a la existencia de recursos, para garantizar así el derecho de igualdad entre los pobres. ¿Podrán hacer algo los jueces de Brasil para proteger a los empobrecidos? El neoconstitucionalismo colombiano tiene la palabra.